Hace dos años, un policía de civil disparó por la espalda a dos chicos de 15 y 17 años. Intentaron justificarlo argumentando una situación de robo. Thomás Pérez se desangró durante una hora en la calle y murió al llegar al hospital. El tirador conserva su placa y su arma. La familia exige justicia.

Por Federica González

Thomás Pérez tenía 17 años el día que salió a comprar una boina. Le pidió a su mamá 100 pesos y le dijo a Leandro, su hermano de 15, que lo acompañe.

Subieron a su moto, saludaron a los pibes en la esquina y partieron desde Cerrito Sur hacia el Centro. Era el 19 de diciembre de 2014.

En la intersección de Mendoza y Gascón se cruzaron con Santiago Pérez, un policía vestido de civil que también se desplazaba en una moto. Tras una situación sobre la que hay distintas versiones, Santiago Pérez sacó su arma y les disparó. Leandro recibió un balazo en la rodilla; Thomás, uno en la espalda.

A pocas cuadras del lugar, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, lanzaba el operativo SOL “para dar seguridad y tranquilidad a las familias que con gran sacrificio organizan sus vacaciones’’. A partir de ese momento, se desplegaron por la costa 12 mil policías, 6 helicópteros de vigilancia, 200 móviles policiales, 100 rondines a caballo y 200 motos, cuatriciclos y vehículos todo terreno.

Uno de los cuatriciclos fue el que encontró a Leandro herido y a Thomás agonizante. Luego llegaron más policías y una médica que por casualidad pasaba por ahí. La doctora preguntó si habían llamado a una ambulancia: “No respondieron”, aseguró uno de ellos. No respondieron. La médica llamó y, al cabo de ocho minutos, la ambulancia arribó al lugar. Llegó una hora después de los disparos. Leandro, que estaba herido de bala, fue trasladado esposado. Thomás murió en el hospital.

La policía rápidamente presentó el hecho como intento de robo y enfrentamiento. Pero con el correr de los días, fueron cambiando las versiones de lo ocurrido. Según refiere la causa, los efectivos encontraron un arma en un contenedor a 30 metros y la presentaron como prueba para argumentar “legítima defensa” del policía que disparó. Sin embargo, la familia de Thomás aseguró que ni él ni Leandro portaban armas: “Si estaban tirados en el piso, ¿cómo hicieron para esconder un arma a treinta metros?”.

La carátula de la causa —que se inició como “homicidio en legítima defensa”— fue finalmente cambiada a “homicidio agravado por el uso de arma y lesiones”.

Los medios hablaron de la muerte de un menor que quiso robar una moto. Thomás no pudo ser imputado porque estaba muerto. Leandro fue sobreseído.

Sus familiares denunciaron amenazas policiales, maltrato judicial por parte de la fiscal Andrea Gómez y criminalización mediática.

Actualmente, el oficial Santiago Pérez sigue en libertad y aún ejerce su cargo.

Este año obtuvo un ascenso.

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