Una de las primeras medidas del gobierno del intendente Carlos Arroyo fue la suspensión de los contratos a 89 capacitadores y capacitadoras que durante años trabajaron en programas artísticos municipales. Llevaban adelante más de 300 actividades a no menos de 80 barrios y 180 instituciones de Mar del Plata. Cultura para pocos: fotorreportaje de un vacío estatal.

Por Jerónimo González

La responsabilidad que le cabe a un gobierno de garantizar y fomentar el acceso a una política cultural tendiente a la inclusión social, la igualdad y la mejora de la calidad de vida de las personas se vacía cuando éste no concibe a la cultura como un derecho, sino como un gasto y un privilegio.

La ola de despidos y violentos recortes presupuestarios en la Secretaría de Cultura de Mar del Plata y Batán, sumada a la vulneración del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y del Interés Superior del Niño —plasmado en la Constitución Nacional y en varias leyes provinciales—, confirma que en la ciudad, sobre todo a partir del nuevo gobierno municipal, se ha profundizado esa concepción que niega a la cultura como un derecho humano, plural y fundamental para el desarrollo personal y colectivo.

Cuando en lugar de diálogo hay decisiones sordas, cuando la voluntad política se vuelve inacción y, bajo el falaz argumento de la austeridad, se recortan derechos —sobre todo— a los sectores más necesitados, se suceden cosas como:

-Adeudar el pago de seis sueldos a los ocho integrantes de la Comedia Municipal y desarticular, consecuentemente, un programa que había sido restituido tras su derogación, hace 50 años, por parte de la dictadura militar.

-Suspender los contratos de 89 capacitadores y capacitadoras, profesionales idóneos con profunda convicción y compromiso, que durante años trabajaron en los programas Usinas Artísticas, Almacenes Culturales, LiberArte, Museos Públicos Municipales y Orquesta Infanto Juveniles, llevando adelante más de 300 actividades a unos 80 barrios en 180 instituciones, entre sociedades de fomento, centros de atención primaria de la salud, escuelas municipales, provinciales y especiales, centros de jubilados, comedores barriales, centros culturales, museos y bibliotecas públicas, entre otras.

-Vulnerar el derecho de decenas de miles de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores de acceder a una cultura pública, libre, inclusiva y gratuita. Decenas de miles de personas que hoy esperan —en los mismos barrios e instituciones donde antes creaban, participaban y se desarrollaban— que el Estado vuelva por ellas.

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