El protocolo de actuación en manifestaciones del gobierno de Macri reservó un párrafo a los trabajadores de prensa, a los que pretende encerrar en una “zona determinada”. Qué valor tiene una cámara en el espacio público, qué aportó el fotoperiodismo al esclarecimiento de las violencias. Qué poder, en definitiva, se pretende regular.

El espacio público es por definición el terreno en disputa en el cual se desarrollan los hechos políticos. A lo largo de la historia distintos sectores sociales lucharon por hacerse visibles en él, apoderárselo, usarlo, distribuirlo. La ocupación de las calles, plazas o lugares simbólicos (desde la toma de la Bastilla en Francia hasta las rondas de las madres de desaparecidos en Plaza de Mayo) forma parte de las estrategias de los distintos movimientos políticos, sociales, culturales y/o artísticos que disputan porciones de poder.

En esas instancias –marchas, actos, tomas, barricadas, intervenciones artísticas, huelgas de hambre, acampes, piquetes, ocupaciones, etcétera–, los diferentes actores sociales se muestran a los otros (gobernantes, prensa, público en general) y exponen sus opiniones, propuestas y/o exigencias. Las protestas en sí mismas pueden definirse como el modo en que distintos grupos e identidades colectivas luchan por hacer visibles sus demandas, sus formas de pensar, ver y sentir. Son una forma de instalar en la escena social los reclamos y cuestionamientos, en definitiva, formas de representación de los conflictos sociales.

Al mismo tiempo, las manifestaciones se juegan también su visibilidad en el espacio mediático (medido en primeras planas, segundos de pantalla, centimetraje de prensa, tipos y cantidad de fotografías, etc). Los discursos e imágenes que circulan sobre las protestas a través de su aprobación o desaprobación, sus modos de presentar o de ocultar, de mostrar o estigmatizar entre muchas otras, pueden influir en el éxito o fracaso de las mismas.

A diferencia del resto de los periodistas, lo que caracteriza el oficio del fotógrafo de prensa es que debe estar donde suceden los hechos. Por la propia definición de su trabajo necesita poner el cuerpo, acercarse, seleccionar, “invadir” en cierta forma los espacios a fotografiar. A su vez tienen que transformar esa experiencia vivida en una puesta en escena, por eso se suele decir que son la infantería del periodismo. Esta característica los torna muchas veces figuras molestas para quien no quiere ser fotografiado.

La historia argentina demuestra que los fotógrafos no solo cumplieron su rol profesional cubriendo estas manifestaciones –para distintos usos y medios– sino que muchas veces sus fotos permitieron que escenas de violencia y represión criminal se visibilicen y en algunos casos se juzgue a sus culpables. Esto lo saben quienes hoy intentan limitar el trabajo periodístico en las protestas.

En febrero de este año, el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la aprobación de un nuevo protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. Dicho protocolo, además de pautar el accionar de estas fuerzas, se propone regular la tarea periodística. Mientras a los periodistas y fotógrafos se los ubicaría en una “zona determinada” para que realicen su tarea, serían las mismas fuerzas de seguridad las encargadas de filmar y fotografiar los “operativos”.

Diversas organizaciones de fotógrafos interpretaron la medida como el intento de instalar un “corralito” para la actividad fotoperiodística, lo que conlleva una intimidación tácita hacia aquellos periodistas que decidiesen no permanecer en él. El protocolo, además de condicionar a los trabajadores de los medios (y a los medios en sí), pretende de este modo garantizar la impunidad de los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes y les otorga un “territorio liberado” del control que pueden ejercer fotógrafos y camarógrafos por el solo hecho de cumplir con su trabajo.

Cuando la imagen vence al odio

En Argentina, como en muchas otras partes del mundo, existieron numerosos episodios de abuso policial y represión criminal que han sido juzgados o lograron trascender gracias a los registros fotográficos y audiovisuales.

Durante el Cordobazo, por ejemplo, tanto la fotografía de prensa como la televisión fueron fundamentales para que el acontecimiento lograra trascendencia nacional. Las revistas ilustradas, los diarios y la televisión enviaron a sus corresponsales, decenas de fotógrafos y camarógrafos estuvieron en las calles esos días tomando imágenes que llegaron a gran cantidad de espectadores vía los medios nacionales. Pese a la represión, las imágenes mostraban cómo los manifestantes hacían retroceder a la policía montada. Aún hoy se recuerda el Cordobazo con estas imágenes que quedaron como el símbolo del acontecimiento: jóvenes desarmados o con piedras vencían a la policía montada. Se podía vencer a un enemigo poderoso.

El lunes 25 de marzo de 1974, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, se realizaba una movilización del Movimiento Villero Peronista que protestaba contra el traslado de una villa. La policía reprimió y fue asesinado un joven manifestante, Alberto Chejolán. El fotógrafo Carlos Pesce, quien trabajaba en ese momento para la revista Siete Días Ilustrados, logró hacer tomas del momento del asesinato. La dirección de la revista resolvió no publicarlas (eran tiempos de la Triple A), pero las fotos llegaron a la redacción de El Descamisado, que en su número 46 anunció en tapa: “Fotos únicas del que mató a Chejolán”. La secuencia de fotos identificaba al policía que disparó a los manifestantes y asesinó al muchacho. Con fondo rojo y título con letras catástrofe señalaba: “Compañeros: este es el que apretó el gatillo”.

En tiempos de dictadura militar los fotógrafos tenían claro cuáles eran las imágenes que podían circular y cuáles no. La censura fue un instrumento central utilizado por las Fuerzas Armadas dentro de su esquema represivo, pero en las redacciones de diarios y revistas, el control se ejercía, por lo general, sobre los textos e imágenes que se publicaban más que sobre los negativos. Eso hizo que se instituyeran zonas grises y límites borrosos que los fotógrafos aprovecharon: sacaban fotos transgresoras, desafiantes e irónicas, fotos que exhibían las fisuras, metaforizaban la represión y mostraban oblicuamente al poder. Algunas de estas imágenes eran tomadas en los mismos actos oficiales y coberturas a los que eran enviados por las agencias y medios para los cuales trabajaban, medios oficialistas y sostenes políticos de la dictadura militar. Sabían que no se publicarían, pero las sacaban y las guardaban de todas formas. En 1981, algunos fotógrafos organizaron la primera Muestra de Periodismo Gráfico y allí mostraron algunas de estas fotos, a través de una selección y edición propia, alejada de las decisiones editoriales de los medios masivos.

El 30 de marzo de 1982 se realizó una importante manifestación contra la dictadura convocada por la CGT-Brasil. Fue la primera de otras grandes manifestaciones que se sucedieron ese año y que fueron duramente reprimidas. Represión que se dirigió tanto a los manifestantes como hacia los fotógrafos. Innumerables veces fueron golpeados (algunos de ellos terminaron internados), detenidos, heridos con balas de goma. Les rompieron o robaron las cámaras, les velaron los rollos. El accionar policial ante los reporteros gráficos durante 1982 se tornó sistemático. Indudablemente había órdenes específicas de represión hacia este grupo profesional en particular. Si hasta entonces los militares habían confiado en la censura y autocensura de los propios medios, esto ahora resultaba insuficiente. Ya no bastaba con impedir la publicación de ciertas imágenes, había que evitar la propia producción de las mismas.

En los primeros años de la post-dictadura algunas de sus fotos en particular fueron clave para denunciar la impunidad con la que presionaba el sistema represivo aún latente. Una de ellas fue obtenida por Enrique Rosito el 21 de agosto de 1984. En su foto puede verse al ex general Luciano Benjamín Menéndez con un cuchillo en la mano, abalanzándose sobre unos manifestantes que le gritaban asesino. En otra, obtenida por Rafael Calviño el 30 de diciembre de 1987, un oficial del grupo denominado carapintada le apunta con su arma al fotógrafo. Ambas imágenes permitieron ver la punta del iceberg de lo que había sido el aparato represivo. A su rol informativo e indicial se le sumaba una fuerza simbólica y probatoria. Frente al manto de olvido y perdón que se intentaba instalar desde algunos sectores políticos y militares, estas fotos entre muchas otras, irrumpieron provocando un agujero que daba fuerza al discurso por la memoria, la verdad y la justicia. Frente al discurso de que era un peligro para la democracia juzgar a los represores, las fotos posibilitaban ver (especialmente para la amplia opinión pública) que, a la inversa, el peligro era dejarlos en libertad.

En otros acontecimientos que cortaron como un tajo la realidad política argentina de esos años los fotógrafos también estuvieron en primera línea. El 23 de enero de 1989, 46 militantes del “Movimiento Todos por la Patria” ingresaron armados al Regimiento IM3 de La Tablada en la provincia de Buenos Aires. Muchos fotógrafos de prensa de distintos medios, agencias o free lance fueron a cubrir los hechos. Eduardo Longoni fotografió desde la terraza de una casa situada frente al cuartel el momento en el que dos de los guerrilleros se rendían desarmados ante los militares. Eran José Alejandro Díaz e Iván Ruiz, ambos están hoy desaparecidos. La serie de fotos que obtuvo Longoni fue presentada por los familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prueba de que ambos guerrilleros estaban vivos y se habían rendido dentro del cuartel.

En 1997 un hecho trágico atravesó la vida de todos los reporteros gráficos. El 25 de enero apareció el cadáver de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, calcinado dentro de su auto, con las manos esposadas en la espalda y dos tiros en la cabeza. El brutal crimen alcanzó rápidamente dimensión y trascendencia nacional e internacional. A Cabezas lo mataron por cumplir con su rol profesional. Un año antes había logrado tomar una foto de Alfredo Yabrán, un empresario vinculado a negocios turbios del menemismo, mientras caminaba con su esposa por la playa de Pinamar. La imagen permitió visibilizar a un personaje acostumbrado a moverse a la sombra del poder. La ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina) junto con la familia, sus compañeros de trabajo y diversas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos reclamaron el esclarecimiento del hecho y el castigo a los culpables. En este caso la movilización hizo posible desenredar la trama del encubrimiento y la impunidad que envolvía el caso.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 culminaron con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Decenas de fotógrafos cubrieron para los distintos medios y agencias los acontecimientos de esos días. Con la movilidad y ubicuidad que caracteriza su profesión, pudieron abarcar un amplio abanico de escenarios y situaciones. Múltiples miradas, diferentes puntos de vista, estilos y subjetividades se pusieron en juego. Una nueva generación de reporteros, con la tecnología digital ya disponible, se cruzaba en las calles con fotógrafos de otras generaciones. Las fotos de esos días permitieron ver la crueldad de la represión policial que terminó con un saldo de 38 muertos en todo el país. En el juicio a los responsables por esas muertes fueron llamados a declarar como testigos cuatro fotógrafos. Daniel Merle, editor de fotografía de La Nación, Martín Lucesoli, del mismo diario, Martín Arias Feijoó, fotógrafo en aquel momento de la revista Noticias, y Paula Far Puhare, también colaboradora para la revista Noticias. Todos declararon que vieron y fotografiaron hechos de brutalidad policial mientras cumplían su rol profesional.

El 26 de junio de 2002 una marcha convocada para cortar el puente Pueyrredon fue violentamente reprimida. Decenas de manifestantes fueron heridos y dos de ellos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fueron asesinados. Eduardo Duhalde gobernaba el país. Las versiones oficiales repetidas por la gran mayoría de los medios intentaron acusar a los grupos de desocupados de haberse enfrentado entre ellos. Recién pudo saberse lo sucedido cuando se pudieron ver las fotos de Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente, de José Pepe Mateos, trabajador del diario Clarín, de Ricardo Abad (DYN) y de Mariano Espinosa (Infosic), todos ellos fotógrafos presentes en la estación de Avellaneda. Al día siguiente de los asesinatos, Página 12 publicó una foto de Abad (con el crédito de DYN) que muestra muerto a M. Kosteki y al otro día el testimonio de Sergio Kowalewski en su tapa con el título “Yo vi como lo mataban” y una foto de Mariano Espinosa.Por su parte, el mismo día en que ocurrieron los asesinatos Pepe Mateos había llevado sus fotos a Clarín, pero este diario sacó, al otro día, su tristemente célebre tapa con el título “La crisis provocó dos nuevos muertos” y una foto movida y confusa a pesar de tener la secuencia completa del fotógrafo. Recién al siguiente día, y luego de que Página 12 ya publicara las fotos que tenía en su poder, Clarín, indicando que era un testimonio fotográfico exclusivo, publicó la secuencia que había obtenido Mateos.

Estas imágenes fueron clave en el esclarecimiento de los hechos, sirvieron de prueba judicial y funcionaron como un elemento clave para establecer las responsabilidades. Se incorporaron 240 fotos a la causa, el comisario A. Franchiotti y varios policías terminaron presos.

Por último, para cerrar este incompleto y desolador racconto, el 20 de octubre de 2010 Mariano Ferreyra, joven militante del Partido Obrero, fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria que disparó contra un grupo de trabajadores tercerizados y militantes de izquierda que acompañaban la manifestación. Dos miembros de esa patota se dedicaron antes del ataque a amedrentar al equipo periodístico del canal de TV C5N e impedir el registro de imágenes del momento del ataque. En el juicio contra J. Pedraza y el resto de los implicados en el asesinato, el camarógrafo Gustavo Farías y la cronista Gabriela Carchak declararon que fueron amenazados e intimidados. El camarógrafo dejó de filmar, pero no desactivó el sonido con lo cual la secuencia de las amenazas quedó grabada y fue agregada al expediente judicial.

Frenar el viento con las manos

A lo largo de la historia argentina el trabajo de fotógrafos y camarógrafos permitió denunciar intentos de impunidad, expandir los límites de lo visible, esquivar prohibiciones, visibilizar la represión y mostrar lo que, desde el poder, se trataba de mantener oculto.

En períodos históricos distintos y bajo regímenes diferentes se intentó, por diversas vías, controlar y contener el trabajo de los fotógrafos de prensa. Ante cada limitación e imposición, los fotógrafos fueron encontrando los resquicios, la forma de sortearlas, sobrellevarlas, esquivarlas o contrarrestarlas. Muchas veces incluso esas limitaciones fueron el punto inicial para que surgieran nuevas formas de creatividad e iniciativas. Con limitaciones, miedos y potencialidades diversas, muchos de ellos lograron, incluso bajo condiciones difíciles, cumplir su tarea profesional. Esto les permitió mantener una alta credibilidad social en una sociedad donde ese valor fue puesto en duda en referencia a múltiples actores sociales. Las cosas aquí señaladas no son la regla del fotoperiodismo sino más bien las excepciones, pero en cada una de estas ocasiones demostraron que sus fotografías son más que una “prueba” de lo que denunciaban. Ellas mismas se transformaron en parte de la historia.

El nuevo protocolo que el gobierno de Macri intenta aplicar para regular la actividad periodística se enfrenta también a esta historia. Pero como vimos, es imposible frenar el viento con las manos.