El 28 de octubre de 2015 se inauguró el “Paseo Aldrey cultural y comercial”. Se trata de un negocio millonario realizado en terrenos fiscales entregados por el Estado a una empresa a través de un proceso plagado de irregularidades. En este informe, la historia de una concesión que terminó siendo un shopping. Poder real, Estado y derecho a la ciudad.

Fotos: Maximiliano Gutiérrez y Federica González

Empecemos con una provocación: el empresario Florencio Aldrey Iglesias podía ponerle a su paseo comercial el nombre que quisiera. ¿Quería ponerle Paseo Aldrey? Podía. Si hubiese querido poner en la puerta una gigantografía con su cara, hubiese podido hacerlo también.

Una vez que el Estado le otorgó la concesión de un patrimonio de dominio público —al igual que cualquier empresario que administra una Unidad Fiscal (como lo hacen en las de la playas, por ejemplo)— podía elegir para el emprendimiento comercial el nombre de fantasía que él quisiera.

La pregunta no era, entonces, por qué se permitió que el Shopping que emplazaron en la exTerminal de Omnibus de Mar del Plata lleve el nombre del empresario español. La pregunta era por qué se le otorgó a un particular, para su explotación comercial, un bien que le pertenece a toda la comunidad.

Muchos querían que se discuta el nombre. Entonces, quizás, convendría discutir el fondo.

Hecha la ley…

Una concesión es el traspaso, por parte del Estado, de un bien que pertenece a toda la sociedad hacia manos de ciudadanos particulares, con fines de explotación comercial, por un período determinado.

Para otorgar este bien, existen diversos mecanismos. El más conocido es el llamado a licitación: el Estado prepara un pliego con las condiciones del otorgamiento, la inversión base que se deberá realizar, el canon que se tendrá que abonar, entre otros ítems. Una vez que se da a conocer ese pliego, a través de una convocatoria pública, las empresas o particulares interesados se presentan a la licitación y compiten entre sí buscando mejorar la base propuesta. El Estado, luego de un proceso de evaluación de las ofertas de cada participante, elige la que considera más conveniente.

Cuando se trata de procesos limpios y ajustados a derecho, el final es abierto y, cual si fuera un certamen televisivo, las empresas competidoras aguardan con ansiedad el resultado.

Hace unos años, en el cierre del programa de televisión Talento Argentino, un escribano metió la pata y rompió la magia de la esperada final, anunciando anticipadamente al ganador.

Algo parecido ocurrió cuando se incorporó al sistema de concesiones la figura de Iniciativas Privadas. A partir de ahí, un empresario podía, por propia voluntad, presentar un proyecto al Estado para la explotación de un bien común, garantizándose —si el Estado lo aceptaba— el triunfo en la futura licitación. La ley de Iniciativas Privadas es a las licitaciones lo que el escribano bocón es a los programas de talentos.

El mecanismo —creado en la dictadura de Onganía, llevado al máximo y perfeccionado en la década neoliberal y actualizado en la etapa actual— es simple: el particular que presenta un proyecto original es declarado Iniciador. Esto le brinda beneficios y privilegios para la posterior licitación (ventaja de un 5%, y posibilidad de igualar si la otra propuesta es hasta un 20% superadora).

En limpio: le garantiza el triunfo con sus potenciales adversarios. Si bien mantienen la figura de la licitación pública, lo cierto es que casi no se conocen casos en los que la empresa declarada iniciadora haya perdido la gran final.

Se acabó el misterio: gana o gana el Iniciador.

Un caso único en el país

La historia de la concesión de la exTerminal de Omnibus de Mar del Plata, otorgada finalmente a Emprendimientos Terminal S.A. (ETSA) para la construcción del monumental Paseo Aldrey, tuvo muchas idas y vueltas. Pero si por algo fue llamativa, además de por la envergadura del proyecto, fue por un aspecto original. No existe en la ciudad, ni en ningún otro lugar del país, un antecedente en el que tres grupos empresarios diferentes presenten en un lapso de 24 horas un proyecto similar, para hacer un mismo negocio, en un mismo espacio público.

Martín Colombo era el abogado a cargo de la Procuración Municipal del Partido de General Pueyrredon (cuya misión es asesorar jurídicamente al Departamento Ejecutivo) en el período en que se determinó la suerte del predio. A su cargo estuvieron los dictámenes que evaluaron los aspectos técnico-jurídicos de los proyectos presentados y la licitación posterior. Renunció una vez finalizado este proceso y actualmente se desempeña como abogado de forma privada y sostiene una destacada labor académica, con especialización en derecho administrativo. Ahora está parado buscando en la biblioteca de su oficina. Con rapidez elige tres libros ubicados en distintos estantes y los suelta sobre la mesa. Habla con seguridad.

—En Argentina hay solamente tres libros escritos sobre Iniciativas Privadas. Ninguno de los tres se refiere a qué pasa cuando hay dos iniciativas presentadas en el mismo día y casi a la misma hora. También hay libros uruguayos, chilenos, españoles y norteamericanos. Ninguno lo prevé.

—¿Había algún antecedente?

—Con contundencia te digo que no. No no hay ninguno en el país.

Tres, dos, uno

Las tres propuestas eran éstas:

1. El proyecto de Emprendimientos Terminal SA (en formación), presentado por Jerónimo Mariani y diseñado por él, junto a su socio del estudio de arquitectura Mariani-Pérez Maraviglia (Expediente 18.139-3-2009).

2. El proyecto del Roig Grupo Corporativo, presentado por Alfonso Roig Melchor y Emiliano Giri, diseñado por el arquitecto Cesar Pelli (Expediente 18.193-5-2009).

3. Y el proyecto del Grupo Idear, presentado y diseñado por el arquitecto Julio C. Almeida (Expediente 18.346-7-2009).

El tercer proyecto fue el primero en ser rechazado por inconsistencias insalvables en la presentación, lo que dejó en competencia sólo a los dos primeros. Pero el problema seguía: ¿cómo decidir cuál de las dos propuestas que quedaban en juego era la que finalmente se quedaría con el negocio?

River-Boca

La disputa entre empresarios se tradujo socialmente en una suerte de clásico de fútbol. A pesar de que el oficialismo intentó negarlo durante mucho tiempo, ya la comunidad sabía que detrás del proyecto de ETSA estaba el director del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias.

Los sectores políticos y sociales que se oponían a este proyecto, argumentaban que la propuesta del Grupo Roig era más generosa en términos de espacio público y que había sido diseñada por el tucumano Cesar Pelli, un arquitecto de fama internacional (autor, entre otros edificios, de las famosas Torres Petronas de Kuala Lumpur).

Así, se instaló en los medios de comunicación y en las calles marplatenses una rivalidad entre los dos proyectos (Aldrey Iglesias vs Pelli), que incluyó pintadas, recolección de firmas, movilizaciones, debate en redes sociales y declaraciones de todo tipo.

Tanto fue así que, en uno de los dictámenes de la Procuración Municipal, Colombo advirtió sobre “el inusitado contexto de trascendencia mediática, publicitaria, social y política que ha tomado este procedimiento. Que muestra desde hace meses un cariz escenográfico, cuasi electoral, tal vez futbolero, que ha llevado a trasladar la discusión hacia los confines de ámbitos errados y, en cierta medida, trapaceros”.

Canté pri

La sabiduría infantil del famoso “canté pri” proviene del derecho romano: “Prior in tempore, potior in iure”, que quiere decir “primero en el tiempo, mejor en el derecho”. Este principio fue el que utilizó quien era el intendente en aquel entonces, Gustavo Pulti, para determinar que, de las propuestas presentadas en simultáneo, la declarada Iniciadora fuera Emprendimientos Terminal SA. El propio intendente informó que ningún otro aspecto de los proyectos en juego —características arquitectónicas, cuestiones ambientales, beneficios económicos, etc.— fueron considerados para tomar la decisión. La determinación quedó en manos de los sellos de la Mesa General de Entradas de la Municipalidad de General Puerredon: el 20 de diciembre de 2009, ETSA ingresó su proyecto a las 8:30, mientras que el Grupo Roig lo hizo a las 12:25.

Un detalle adicional: si miramos con detenimiento el Expediente, el proyecto de ETSA tiene un sello anterior al de Mesa de Entradas. Lo ingresaron al municipio el día anterior, 19 de diciembre, a las 19:00 (un horario no administrativo). El sello pertenece a la Secretaría Privada del intendente, que estaba a cargo de su esposa, Lucila Branderiz. Allí lo recibieron fuera de horario administrativo y a primera hora de la mañana siguiente lo hicieron ingresar a Mesa de Entradas, dándole al proyecto la performance temporal que luego le permitiría ser considerado el primero y, por lo tanto, el iniciador.

Y el ganador es…

En una entrevista con Victor Hugo Morales en Radio Continental, Gustavo Pulti explicó que el criterio de selección fue de acuerdo a “lo que aconseja, desde un punto de vista jurídico, toda la doctrina: que el primero en presentarse es el que debe ser declarado iniciador”. Sobre el final de la entrevista, aseguró —con algún titubeo frente a la repregunta— que Florencio Aldrey Iglesias “no es socio de este grupo”.

Para evitar la mentira, el intendente debería haber dicho: “no figura como socio de este grupo”.

La realidad es que Emprendimientos Terminal S.A. fue conformada especialmente para la presentación de este proyecto. Según la Carta Intención – Acuerdo Marco para la presentación de Iniciativa Privada (el papel que Mariani presentó para dar cuenta de la sociedad), la misma estaba conformada por Néstor Emilio Otero, en representación de NLD Group SA.; Juan Carlos Zamora, en representación de Plantel SA; Carlos Daniel Consorti, en representación de C.S. Ingeniería SA; Fernando Luis Miconi, en representación de Ingeniero Miconi y Asociados SA; Juan Marcos Cabrales, en representación de Cabrales SA; Miguel Ángel Martínez Allué, en representación de La Fonte D’Oro SRL; y Jerónimo Mariani.

El que no figuraba por ningún lado era quien luego se descubriría como la cabeza del grupo: el empresario mediático y hotelero Florencio Aldrey Iglesias, quien —incluso, y a pesar de no estar en los papeles— terminaría poniéndole su nombre al paseo comercial.

Con el tiempo, fue el propio diario La Capital quien se encargó de desmentir al intendente. Así lo demuestra la entrevista al escribano Gustavo Crego, publicada el 13 de octubre pasado, en la que se ofrece el testimonio de quien llevó adelante el —muy cuestionado— aspecto jurídico-notarial del proyecto. «La primera etapa fue la formación del grupo como sociedad jurídica y la presentación, preparación y certificación de la documentación del pliego licitatorio. Fue una etapa vertiginosa y en la cual el fundador del grupo, el señor Florencio Aldrey, no sólo intervenía activamente como un técnico de un equipo, sino que fundamentalmente tiene la virtud y habilidad de contagiar el espíritu del esfuerzo”. A confesión de partes, relevo de pruebas: el “fundador del grupo” no figuraba en los papeles.

Quien tú sabes

“Hay dos cosas —dice el exconcejal Carlos Katz— que suele hacer el Gallego Aldrey: una es no figurar. Y otra es no poner plata”.

Katz fue una de las voces críticas dentro del Concejo Deliberante durante el proceso de designación de ETSA como iniciadora. Si bien no consiguió el apoyo del bloque de la UCR al que pertenecía, sí lo acompañaron el representante del GEN, Guillermo Schütrumpf, y el kirchnerista Diego Garciarena, quienes también se opusieron a la designación.

De trayectoria radical, con reconocimientos al expresidente Nestor Kirchner (se jacta de haber sido uno de los primeros radicales K) y actualmente de nuevo en la UCR, Katz cumplió funciones en el Poder Ejecutivo durante la intendencia de su hermano, Daniel Katz, y luego en el Poder Legislativo, como concejal entre 2007 y 2011. Desde ese rol denunció las presiones de Aldrey Iglesias para quedarse con la exTerminal y hoy, con la distancia de los años, dice que titularía al procedimiento como “el triunfo de las presiones mediáticas frente a la legalidad”.

Actualmente alejado de la función pública, afirma que su posición le trajo altos costos al interior de su propio partido, que tiene la tradición —salvo en su caso— de renovar el mandato de los concejales por lo menos por un período.

Ahora apura el café que está tomando y refuerza lo que considera el ABC del manual de procedimiento de Aldrey Iglesias: “Es como la biblia de los negocios que hace el Gallego. Usa su poder mediático, su poder de presión política, pero él no aparece y tampoco pone plata. Él se quiere quedar con el negocio para después buscar inversores”.

El principal inversionista que encontró Aldrey Iglesias para su proyecto (cuyo costo se estipuló en unos 106 millones de pesos) fue Néstor Otero, concesionario de la nueva estación ferroautomotora de Mar del Plata y de la terminal de Retiro de Buenos Aires. El problema fue que Otero, mientras crecía la disputa “Aldrey vs Pelli”, fue imputado por “dádivas” en la causa que investigaba al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (causa en la que Jaime fue finalmente condenado, tras reconocer el delito). Por esta razón, Otero renunció a ETSA, dejando al proyecto sin inversores de peso. Finalmente, lo reemplazó el empresario marplatense Alejandro Rossi, propietario de la cadena de ropa deportiva y con fuerte presencia en el mercado inmobiliario a través de la construcción de edificios en la ciudad.

Néstor Otero también integró otra Sociedad Anónima atribuida a Aldrey Iglesias (y en la que éste tampoco figura). Se trata de Arena del Atlántico SA, la empresa que en 2014 se constituyó mediante un trámite express (también con la intervención de la escribanía de Gustavo Crego) para comprar el diario El Atlántico —única competencia en papel que tenía el diario La Capital— y vaciarlo.

Pero los cambios en la sociedad no fueron lo más desprolijo de Emprendimientos Terminal SA. Lo más desprolijo fue que la empresa, al momento de presentarse como iniciadora, tenía una singularidad: no existía.

Más que flojo de papeles

El Ejecutivo municipal, a través del secretario de Planeamiento Urbano, José Luis Castorina, consultó en reiteradas oportunidades a la Procuración Municipal sobre cuestiones jurídicas vinculadas a los proyectos presentados. El objetivo era construir argumentos y legitimidad para fundamentar la decisión que iban a tomar.

Como todas las presiones caían sobre la Procuración, los asesoramientos de Colombo fueron en general descriptivos, antes que conclusivos, dejando en manos del Poder Ejecutivo la decisión final. Esa ambigüedad de los dictámenes (al hacerse públicos, los dos contendientes lo citaban para darse la razón) no impidió que, en algunas de las consideraciones, la Procuración no haya dejado lugar a dudas. Por ejemplo, en lo referido a los problemas de papeles de ETSA.

“En su presentación inicial —señala el dictamen—, Jerónimo Mariani alegó representar a Emprendimientos Terminal SA (en formación), mas no acreditó tal circunstancia. Al no haber acompañado documentación respaldatoria de su afirmación”.

Por requerimiento de la Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas, recién el 20 de abril de 2010 (es decir, cuatro meses después de haber ingresado el proyecto al Municipio), Mariani presentó el acta constitutiva y el estatuto de Emprendimientos Terminal SA (en formación) y copia de la constancia de inicio del trámite de inscripción de la Sociedad Anónima ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

En este aspecto, el dictamen de Colombo fue lapidario: “Entiendo que hasta el momento de esta última presentación, Emprendimientos Terminal SA (en formación) no existía como tal. No era persona jurídica. Ni estaba en formación”.

Repasemos: la elección de la empresa de Aldrey Iglesias como iniciadora privada se realizó con el argumento de que llegó primero. ¿Cómo llega primero una empresa que al momento de llegar no existe?

Uso público y patrimonio cultural

Los dos proyectos eran parecidos. Una parte destinada para el espacio cultural, una parte para un shopping y un estacionamiento subterráneo. Había dos cosas que los diferenciaban: el diseñado por Pelli era más generoso en términos de espacio público, planteando una plaza abierta; mientras que el de Aldrey Iglesias proponía abrir la calle Rawson y destinaba menos metros cuadrados al sector cultural.

Más allá de estas diferencias, estaba claro que ambas iniciativas proponían un shopping o, como eligieron llamarlo, un “paseo cultural y comercial”. No fue por casualidad que eligieron esa denominación. Existía una limitación legal para llevar adelante el proyecto que pretendían: el artículo 2 de la ley nacional 25.166 de 1999.

En este artículo dice claramente que la transferencia del predio de dos hectáreas, delimitado por las calles Alberti, Las Heras, Garay y Sarmiento, donde funcionaba el inmueble —declarado de interés patrimonial— “Terminal Sur del Ferrocarril Sud” (obra del arquitecto belga Jules Dormal) había sido cedido por el Estado nacional a la Municipalidad de General Pueyrredon “para ser destinado al uso público como bien cultural de interés patrimonial”.

El municipio lo aceptó de conformidad a través de la ordenanza 13.127, en la que ratifica los términos de esa transferencia.

En el asesoramiento del 30 de marzo del 2010, la Procuración Municipal alertó sobre este compromiso legal, advirtiendo que “además de los recaudos de admisibilidad —de las iniciativas presentadas— debe considerarse como presupuesto o requerimiento sustancial el destino de uso público, como bien cultural de interés patrimonial, asignado al predio sobre el cual recae la propuesta” (las cursivas son del dictamen original).

A pesar de todas estas limitaciones legales, la Municipalidad permitió que en el predio recibido en donación como bien de uso público se construyera el actual shopping “Paseo Aldrey”.

¿Quién es el padre de la criatura?

La concesión pública es producto de un proceso evolutivo sobre tipos jurídicos que provienen de la antigua Roma y llegan hasta el Estado moderno. Pero la figura de Iniciativa Privada es mucho más reciente. En la Argentina, tiene su origen durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que sancionó el Decreto-Ley 17.520 en 1967 “para la construcción, conservación o explotación de obras públicas…”.

Unos veinte años más tarde, la presidencia de Carlos Menem, en pleno despliegue del modelo neoliberal, promovió la extensión de la iniciativa privada a toda la actividad económica.

En 1991, a poco de asumir su período democrático en la Intendencia de Mar del Plata, Mario Russak (quien había sido comisionado político entre 1978 y 1981, designado por el gobernador de facto Ibérico Saint-Jean, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla), sancionó la Ordenanza 8.366 para favorecer y habilitar las Iniciativas Privadas en la ciudad.

En 1997, Menem firmó el decreto 635, que modificó el de Onganía, convocando la adhesión de los gobiernos provinciales, para su implementación definitiva en los municipios.

En agosto de 2005, el presidente Nestor Kirchner y quien era su Ministro de Economía, Roberto Lavagna (hoy referente del espacio liderado por Sergio Massa), anunciaron la firma del decreto 966 con el objetivo de “estimular la participación privada en inversiones en infraestructura”.

Finalmente, en 2008 y mediante la Ordenanza 19.203, la gestión de Gustavo Pulti se adhirió al Régimen Nacional de Iniciativa Privada.

Cánones irrisorios

Una vez que el intendente designó al iniciador, se elaboraron los pliegos para la licitación en la que ETSA tendría todas las de ganar (y, por supuesto, ganaría).

Previo al llamado, en un intento por legitimar el cuestionado proceso (que llegaría incluso a enfrentar controversias judiciales), el Poder Ejecutivo envió al Concejo Deliberante los pliegos para su evaluación. En el mismo no se preveía el monto del canon que debía pagar el futuro concesionario. Y aún cuando no lo especificaba, sí indicaba que tendría un período de gracia de 6 años y que debería incrementarse un 10% anual, un porcentaje de actualización irrisorio si lo comparamos con la inflación (ese mismo año, el municipio aumentó a los vecinos las Tasas por Servicios Urbanos en un 24%).

Finalmente, al presentarse a la licitación, ETSA ofreció un canon de 19 millones de pesos por los 30 años de concesión: divididos, serían unos 52 mil pesos por mes, por un mega shopping que tendrá para alquilar 130 locales comerciales, 6 salas de cines, área de juegos infantiles, patio de comidas y estacionamiento cubierto para 450 automóviles.

En abril de 2014, ya con Aldrey Iglesias como ganador de la licitación y la construcción del mega proyecto en marcha, el bloque de concejales de la UCR —a través de la edil Cristina Coria— presentó un proyecto de ordenanza en el que proponía beneficios impositivos para proyectos de inversión en “actividades vinculadas en forma directa con el turismo receptivo (…) o de puesta en valor o refuncionalización de inmuebles declarados de interés patrimonial”. Proponía que, a estos casos, se les exima de pagar Tasas municipales “hasta un cien por ciento (100%) del monto de las inversiones”. La propuesta de la UCR parecía hecha a la medida de Emprendimientos Terminal SA.

Fue una muestra más de lo transversal, en términos políticos, que puede ser el poder real.

Irregularidades legalizadas

—Eduardo, te escribo para pedirte bibliografía sobre Iniciativas Privadas. Es para un informe que vamos a publicar en Revista Ajo.

—Justo ese tema es el estado de la cuestión de mi tesis. No hay mucho material. Bienvenido al tren fantasma.

El arquitecto Eduardo Layus hace muchos años viene estudiando y denunciando lo que denomina “formas desmaterializadas de apropiación del territorio”, tema sobre el que actualmente está escribiendo su tesis de grado para licenciarse en Sociología.

Layus está convencido de que las iniciativas privadas son “irregularidades legalizadas”. Sostiene que estas figuras son una “estrategia política de transferencia de áreas significativas de la ciudad y bienes públicos considerados de alto valor simbólico, económico, patrimonial y ambiental, para su explotación por parte de capitales privados”.

La pregunta que nos propone hacernos es cuánto hubiese tenido que desembolsar ETSA si hubiese tenido que adquirir las dos hectáreas de la exTerminal en el mercado inmobiliario.

Según él, con estas reglas de juego las empresas se terminan quedando con activos públicos de valor extraordinario por períodos de tiempo que superan una generación (30 años, prorrogables a 10 más) “sin necesidad de adquirir el dominio sobre la tierra y a cambio de cánones de explotación irrisorios y que terminan siendo licuados por los vaivenes de la economía”.

El poder real

En las elecciones de 2015, una vez más, Florencio Aldrey Iglesias logró que casi la totalidad de los candidatos se rindan a sus pies. A excepción de Alejandro Martínez del FIT, el resto de los candidatos a intendente de la ciudad ha hecho declaraciones o realizado gestos para congraciarse con el empresario mediático. Gustavo Pulti, Lucas Fiorini y Pablo Farías recorrieron las obras del Paseo junto a Aldrey Iglesias, como mostraron las fotografías de rigor. Y aunque en esa oportunidad el diario La Capital no apoyó la candidatura de Carlos Arroyo (quien ganaría finalmente la contienda) éste también había realizado declaraciones sumisas en elecciones anteriores, como cuando fue candidato por el dhualdismo: “Ojalá hubiera más Aldrey Iglesias en la ciudad (…) uno ve cómo dejó el hotel Provincial y es para hacerle un monumento”, afirmó el ahora intendente de Cambiemos.

Un caso particular fue el del empresario y político Emiliano Giri, quien era el vocero del Grupo Roig Corporativo, la firma que perdió la designación como iniciadora frente a ETSA.

Giri es gerente regional de la empresa de Pagos RIPSA, concesionario del balneario Mariano (también de dominio público), fue jefe de campaña de Carlos Arroyo y su funcionario estrella, al frente del Ente municipal de Turismo, cargo en el que estuvo hasta que fue detenido por una causa por malversación de fondos públicos de la que luego fue sobreseído. El ex funcionario, se hizo conocido por insinuar en un móvil televisivo su evasión a la AFIP en su viaje al mundial Brasil 2014. Respecto del proceso de designación de la empresa iniciadora, Giri realizó declaraciones a Radio Continental en 2010, en donde dijo estar decepcionado por la decisión del municipio de excluir a la empresa que representaba: “Indiscutiblemente uno de los dos proyectos ha tenido mucha más capacidad de lobby que el otro”, argumentó. El testimonio fue una confesión. Admitió haber hecho lobby… insuficientemente.

Pero su declaración, además, demostró otras dos cosas: que el lobby es la manera natural en que el sector privado se relaciona con el Estado. Y que, a veces, para competir con el poder real no hay lobby que alcance.

El derecho a la ciudad

Hay un movimiento relativamente reciente que sostiene que sólo el marco más progresista del derecho urbanístico puede aportar un ordenamiento legal superador en el desarrollo de las ciudades de América Latina. Buscan superar las limitaciones liberales del derecho civil y administrativo, cuestionando las normativas “exclusionistas” dominantes, en las que se inscriben figuras como las Iniciativas Privadas.

Sus referentes sostienen que es necesario otro tipo de intervención estatal y formas más desarrolladas de control social en los procesos relacionados con el suelo y la propiedad.

Al respecto, el reconocido geógrafo David Harvey ha sido uno de los más lúcidos promotores de un debate internacional sobre el llamado “derecho a la ciudad”.

“Todos nosotros somos, en cierto modo, arquitectos”, plantea Harvey en su libro Ciudades Rebeldes. “Individual y colectivamente, hacemos la ciudad a través de nuestras acciones cotidianas y de nuestro compromiso político, intelectual y económico. Pero, al mismo tiempo, la ciudad nos hace a nosotros”.

Para el geógrafo, la mayoría de las injusticias que se dan en las ciudades son consecuencia de valores y presupuestos del sistema político, económico y cultural dominante. “Si es aquí donde conducen los derechos inalienables a la propiedad privada y al beneficio, no los queremos. Nada de esto produce ciudades que respondan a nuestros anhelos más profundos, sino mundos de desigualdad, injusticia y alienación. Estoy en contra de la acumulación ilimitada de capital y de la concepción de los derechos que la permite. Otro derecho a la ciudad es necesario”, sostiene.

Y concluye: “El derecho a la ciudad no es el simple derecho a acceder a lo que los especuladores de la propiedad y los funcionarios estatales han decidido, sino el derecho activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos y a rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente”.