Hace pocos años Mar del Plata se involucró en la gestión de seguridad pública. Desde entonces, generó herramientas para abordar la conflictividad urbana. Sin embargo, la discusión parece girar sobre sí misma. Lo que sigue son apuntes para entender ese proceso y establecer bases comunes desde donde debatir la idea de una gestión de seguridad democrática.

Fotos: Romina Elvira, Federica González

Partamos de una noticia vieja: hace apenas un par de años, los municipios decidieron involucrarse como actores relevantes en la gestión de seguridad pública. Hasta entonces, no habían sido pocos los caudillos comunales que marcharon -y posaron- en primera línea junto a los familiares de víctimas del delito.

Sin embargo, hubo un quiebre que corrió a los intendentes de ese lugar, que los expulsó y devolvió a sus despachos, que delimitó las diferencias que hay entre unos y otros. La ciudadanía obligó a sus representantes a dejar de sostener banderas para levantar teléfonos y pedir soluciones. Para los vecinos, la gestión de seguridad había dejado de ser sólo un tema de gobernadores y presidentes.

Desde entonces, y pese a todas las dificultades que implica negociar poder, los intendentes disputan autonomía para construir sus estrategias de abordaje de los conflictos de violencia urbana, que es mucho más que hablar de delitos. Mar del Plata no escapó a esa tendencia. Y de hecho, a nivel país, es una de las ciudades más pujante en esto de producir seguridad que, según Máximo Sozzo -docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral-, supone “reducir el riesgo de ser victimizado y reducir además la sensación personal y colectiva de temor frente al delito”.

Desde que Gustavo Pulti resolvió el dilema de si hacerse cargo o no de las políticas de prevención y finalmente pensar cómo gestionar esa seguridad, no pasaron más de tres años, siendo del todo generosos con los plazos y puntos de partida.

Pero sin duda que los 11 homicidios vinculados a “hechos de inseguridad” del primer bimestre del 2013 generaron un antes y un después en el Gobierno local y llevaron a Pulti a anunciar una medida -ambiciosa pero frustrada- que hoy confiesa haber querido lanzar después de las elecciones de octubre de ese mismo año. La Policía Municipal, que por desaciertos propios y ajenos quedó atrapada en el plano de las ideas, así y todo sirvió de excusa para hacer pública otra decisión irreversible: Mar del Plata crea sus herramientas institucionales para intervenir en la prevención del delito.

A un año exacto de las elecciones generales, gane quien gane, se pondrá en funcionamiento una serie de dispositivos. Hasta el momento en Mar del Plata hay una secretaría de Seguridad, un consejo de organizaciones de la sociedad civil, un centro de análisis del delito y un área para el monitoreo de más de mil cámaras de vigilancia. Hay un Comando de Prevención Comunitaria, hay botones antipánico, hay teléfonos celulares entre los taxistas y hay puntos de intersección policial que llaman “corredores seguros”. Hay presupuesto asignado, hay mesas de diálogo, hay capacitaciones y consejeros; habrá una escuela municipal de formación y habrá también, al parecer en no más de un año, una Policía Local. Hay, como se lee, para tirar para arriba.

Sin embargo, no queda claro cuál es la política de seguridad de este Municipio. Nunca lo han dicho de corrido. Se han trazado algunas líneas, es verdad. Pero también se ha incurrido en actos que ofrecieron pistas contrarias, a la inversa, para el otro lado.

Entonces, las preguntas: ¿Cuáles son los lineamientos de ese programa político de seguridad? ¿Hay un programa político de seguridad en Mar del Plata? Y en ese caso, ¿cómo se combinan las herramientas para producir seguridad urbana? ¿Qué actores intervienen? ¿Qué actores no participan del debate? ¿Cómo conviven los consejos de Alberto Binder con las políticas de Alejandro Granados? ¿Acá en Mar del Plata se gestiona seguridad democráticamente? Y si hacemos de cuenta que sí, ¿qué es eso de la seguridad democrática? ¿Dónde ubicamos lo de las requisas selectivas en colectivos? Hay tantas respuestas pendientes como herramientas y dispositivos en marcha.

Lo que sigue, en función de esos baches conceptuales, son apuntes para aproximarnos a entender el fenómeno de la seguridad y su municipalización.

Papá Noel no existe, ¿y la seguridad?

Si dos extraterrestres bajaran a la tierra -si es que aún no lo han hecho- y preguntaran qué es la seguridad, lograrían dejar a más de uno boquiabierto, no por su presencia sino por su consulta. Cuántas veces nos preguntamos, antes de abrir la boca, qué es la seguridad, qué pedimos cuando la exigimos en la calle, en la tele o en conversaciones de café.

No nos lo preguntamos porque no hablamos de seguridad, sino de inseguridad y ahí sí hay una respuesta: para el conjunto social la seguridad es lo que termina con el delito, generalmente con el callejero y con el que atenta contra la propiedad privada.

Y por eso que en este informe, además de noticias viejas, hay malas noticias, porque esa seguridad que se reclama, lamentablemente, peca de ingenuidad, forma parte de un pensamiento abstracto, de un deseo idílico. Hay que entender que la seguridad pública que se reclama se gestiona en el marco de un sistema donde prima la desigualdad social, el consumo, la violencia y el repliegue -en la mayoría de los casos- de las funciones estatales elementales para dotar de dignidad a los miembros de la comunidad. Aunque suene extravagante y poco amigable para la “gente de bien”, la inseguridad es aceite para la desgastada mecánica capitalista. Y en este marco, se debe gestionar seguridad, ese divino tesoro.

La sociedad cambió

Lunes, 7:15, cafetería del subsuelo del Hotel Guerrero. Alberto Binder, integrante del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y director del Programa de Asistencia Técnica al Municipio en materia de seguridad, toma café, revolea las manos y charla con Revista Ajo. De fondo suenan los agudos de Chayanne. La entrevista, claramente, merecía otra cortina musical.

Sin embargo, Binder ni repara en el detalle melódico y arranca. Explica, antes de caracterizar la idea de “gestión de seguridad”, por qué no es posible ya “vivir en una ciudad bucólica, tranquila, donde no pase nada”. “Pasaron 40 años de ese modelo. Hoy la sociedad es más agresiva, en general. Lo es la tecnología, el consumo, la urbanización, los medios de comunicación, el lenguaje social. En este contexto de cosas, por lógica, no se puede pretender vivir en una sociedad pacífica si no haces intervenciones que exceden, en mucho, a las políticas de seguridad. Y esto hay que esclarecerlo, la ciudadanía lo tiene que saber para partir desde ahí en las discusiones”, razonó el también docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Hecha la aclaración, Binder explicó lo que significa gestionar seguridad: “Es la capacidad de intervención que tienen las instituciones estatales para gestionar conflictos violentos o con potencialidad violenta que, de hacerlo democráticamente supone llevar adelante esas ideas y acciones con instrumentos indispensables para un Estado de derecho: respeto al conjunto de libertades públicas, que llamamos sistema de garantías y uso acotado de la fuerza y violencia estatal. Esto sumado a las condiciones de debate democrático, a la existencia de transparencia y rendición de cuentas”.

Gracias Menem

Bien. Entendido. Ahora: desde cuándo se gestiona seguridad y por qué.

Para hallar la respuesta tenemos que regresar al menemismo porque, como las dictaduras cívico militares, fragmentó los lazos sociales, laborales, políticos y económicos del país. Con sus privatizaciones, indultos y uno a uno dejó un sello inconfundible en la cultura, pero además se ganó el señalamiento como punto de partida de lo que hoy da forma a la noción de “inseguridad”.

Así lo explica Gabriel Bombini, docente, juez de Garantías y director de la edición local de la maestría en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona: “Si miras para atrás, el problema del delito no era el problema de la seguridad. Y si lo era, en todo caso, era problema de las policías y los jueces. El sistema político no hablaba ni discutía el tema ni en Argentina ni en otros contextos latinoamericanos. Esto surgió con los años noventa. Ahí empezaron a hablar porque apareció la preocupación política relacionada con la expresión de las disfunciones económico sociales en los centros urbanos”.

En esos años no fueron sólo los representantes institucionales los que empezaron a involucrarse en la discusión. La ciudadanía, aunque tímidamente, también comenzó a registrar el tema, a opinar y reclamar medidas.

Delito por aquí, miedo al delito por allá

Esteban Rodríguez es abogado, docente e investigador de la Universidad de Quilmes y al igual que Binder menciona la década menemista, pero lo hace en relación a una “escisión determinante” de aquellos años. “El miedo al delito se vuelve un problema separado y separable del delito. Y eso genera que la clase dirigente plantee la necesidad de crear ministerios o áreas específicas de Seguridad”. Eso que casi 20 años después se cristaliza en los municipios.

“En ese miedo, que es el que padece la ciudadanía, la clase política encontró el insumo para construir consensos que con otros problemas y otras palabras les serían imposibles. Y uno, a primera vista, podría decir que se multiplicaron los problemas para el Estado, pero en realidad cuando los Gobiernos no saben, no quieren o no pueden resolver el problema del delito o la criminalidad, sí pueden presentarse como campeones en la lucha contra el miedo al delito”, razonó Rodríguez, y advirtió que cuando en la calle se promocionan “más patrulleros, más policías y más consignas, se está invitando a pensar  que el delito se fue y que se ha reducido la conflictividad, cuando lo que está pasando es que se escondió el problema bajo la alfombra. Tratar de calmar el miedo al delito sirve para tapar el problema del delito”, disparó Rodríguez.

-Entonces ¿la gestión de seguridad está reducida a la gestión del miedo?

-Yo creo que sí. Cuando se hace coyunturalismo, cuando se piensa a la seguridad con la tapa de los diarios, decime cuál es el titular de hoy a la mañana que te voy a decir que vamos a anunciar al mediodía en la conferencia de prensa, la seguridad consiste en saber remar cada nueva ola. Es lo que dice Marcelo Saín: a los funcionarios le sale más barato negociar con las policías que encarar procesos de reforma. No han sabido construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que permitan sustraer los temas que cargamos a la cuenta de la seguridad del cortoplacismo y las agendas electorales. Y lo peor es que cuando se convierten en los temas centrales de una campaña electoral y todos los candidatos se prestan a prometer más policías a cambio de votos, difícilmente se pueda abordar las conflictividad que es múltiple y compleja, que no sólo requiere tiempos largos sino que además precisa ensayar alianzas con las distintas agencias que componen un mismo Gobierno. El ministro o secretario de Seguridad no es un juez y por tanto tiene que atender regularidades, no casos. Y esas regularidades tienen que atender las causas y llevan tiempo”.

Los municipios hacen cola

Corte en Luro e Yrigoyen por la muerte de un taxista. Movilización al Municipio por el asesinato de un colectivero. Reclamo al ejecutivo por el homicidio de un comerciante en ocasión de robo. Pancartas y procesiones frente al palacio comunal por la bala que terminó con la vida de un joven en el puerto.

Más allá del hecho, la víctima y el presunto victimario, de un tiempo a esta parte muchos de los caminos por pedido de seguridad y justicia conducen al Municipio, apuntan al intendente. Pero sería iluso creer que sólo esa demanda social fue la que llevó a los jefes comunales a decidirse gestionar seguridad urbana.

En la previa, cuando su involucramiento se limitaba a pagar combustible a la policía y mantener alguna conversación desesperada con un ministro al teléfono y una manifestación en la puerta del palacio comunal, los Gobiernos locales se dieron cuenta de su propio estado de indefensión. La ciudadanía les reclamaba a ellos y ellos no tenían herramientas. Llamaban a la Provincia, les pedían soluciones y siempre encontraban -si encontraban- la misma respuesta: te mando 10 efectivos o 15 o 20.

Durante ese período, que para Binder “duró bastante poco”, los intendentes se dieron cuenta por qué tenían que participar “más a fondo” de la gestión de seguridad. “Se toparon de frente con todas las razones de las ineficacias de las políticas de seguridad de los gobiernos provinciales y nacionales, que no son otras que el altísimo nivel de descoordinación y falta de trabajo común entre las principales instituciones que se ocupan del tema: las policías, los fiscales, los jueces y otros tantos organismos del Estado. Además, por el lugar de cercanía con el vecino y por los aportes presupuestarios que hacían sin ejercer control alguno, los intendentes estaban recibiendo cachetazos de todos lados”, recordó el experto.

De todos modos, Binder aclaró que los Municipios también empezaron a involucrarse en la gestión de seguridad porque hay en marcha un proceso de “descentralización de todas las políticas públicas”. “Se está reclamando un tipo de cercanía que hace que la descentralización sea una tendencia general. Y por otra parte, este fenómeno tiene que ver con nuestro diseño constitucional, porque nuestro país tiene un federalismo municipalista que nunca se ejecutó. Por eso hay que hablar de una tendencia general al fortalecimiento de las políticas municipales, que devienen en democracias más participativas y controladas”, redondeó el profesional que asesora a Pulti en materia de Seguridad.

Tanto para Binder como para Bombini, es “muy valorable” el involucramiento de los Municipios en la gestión de seguridad pública porque -entre otras cosas- aparecen las estrategias extrapenales y la posibilidad de gestar “Gobiernos locales de la Seguridad”, donde la ciudadanía cumple un rol “determinante” en la discusión y la posterior ejecución de políticas públicas en la materia.

Sin embargo, advierten casi a coro, que hay dificultades para los intendentes, que hay pelotazos en contra esperándolos. Por un lado, la falta de formación técnica, política y estructural para gestionar conflictividades y encarar programas para la prevención del delito. Por el otro, la relativa autonomía que tienen los Municipios para diseñar sus propios proyectos con coherencia ideológica cuando dependen económica y técnicamente, en gran medida, de los estamentos superiores de Gobierno.

Qué actores hay

Para Bombini, la municipalización de la seguridad también es posible por el surgimiento de nuevos actores. Es con ellos que los Gobiernos locales construyen una “estructura diversa que se pregunta cómo generar formas de conducir acciones, cuando todos tienen intereses diferentes”. Es ésta una de las características principales de la gestión municipal de seguridad: la articulación permanente con la sociedad civil.

A partir del pánico al delito, aunque suelen interactuar poco con el Estado –al menos en Mar del Plata- aparecen los actores privados: el mercado de la seguridad con sus agencias de vigilancia, instaladores de sirenas, aseguradoras y dispositivos “preventivos”. Hasta perros come hombres se ofrecen hoy. Y lo peor o cuanto menos alarmante es que cada vez se venden más.

Pero también surgen los vecinos con sus alertas barriales, sus marchas y reclamos. “Empiezan a ser una voz representativa y demandante. Un ejemplo de ello son las asociaciones de víctimas del delito, que antes no existían. Y las víctimas, en sentido amplio, generan presión”, razonó Bombini y dos fichas se acomodaron en el tablero.

Además de las organizaciones de familiares de víctimas, actualmente se escuchan los alaridos de los sindicatos de taxistas y choferes; los hartazgos de las sociedades de fomento y de algunos grupos autoconvocados de vecinos; los análisis del jefe departamental en turno, las voces manoduristas de los Foros de Seguridad y las casi siempre demagógicas consideraciones de esos legisladores que están “cansados del delito”.

Ahora una pregunta: ¿Qué tanto puede aportar un sector social atravesado por el miedo al delito, sin ninguna formación previa en la materia?

Binder comprendió la pregunta, reconoció esa dificultad, pero así todo dijo que es preferible “lidiar con una ciudadanía confusa y no con una elite tecnocrática, con una academia que piensa que las políticas criminales las tienen que hacer ellos mismos”.

“Obviamente que vamos a terminar haciendo un mix porque es lo necesario, pero de verdad que no creo que acercarse a la ciudadanía sea acercarse a una horda de fascistas que van a querer matar a todos. La Justicia penal es la que encarcela en situaciones violatorias de todos los derechos y se quedan tranquilos en sus despachos. Yo les temo más a ellos que a las supuestas hordas fascitas, a quienes hay que interpelar y debatirle el sentido común. Pero prefiero lidiar con eso porque es una opción política”.

Qué actores faltan

Esteban Rodríguez abonó a la idea de que gestionar seguridad en clave democrática es pensar en la participación de la sociedad civil. Sin embargo, advirtió que con eso “no se garantiza absolutamente nada, porque ante una sociedad que piensa que seguridad es policía también estás ante un grave problema porque ya sabes lo que te van a reclamar”.

Según el abogado, como la seguridad en la Argentina se ha policializado, todo lo conflictivo se carga a la cuenta de esa fuerza de seguridad. “Durante 15 años le enseñaron a la sociedad que un problema de seguridad es un problema policial y entonces cuando la ciudadanía reclama seguridad, lo que está reclamando es más policía. Pero si vos a la gente le enseñas otra cosa y generas otras áreas de intervención para la conflictividad, vas a dar a luz un acuerdo social y político que permita salir del coyunturalismo, que es el lugar donde el periodismo -también- se mueve como pez en el agua, con la capacidad de enloquecernos a todos”, sentenció Rodríguez.

En este marco de cosas, para el docente de la Universidad Nacional de Quilmes es “fundamental” la incorporación de nuevos actores al debate, puntualmente de la izquierda y el progresismo que “aún no han podido resignificar el concepto de seguridad”.

“No han tenido los reflejos para salir a disputar ese sentido porque les es imposible hablar de seguridad y no relacionarlo con la doctrina de Seguridad Nacional. Esa es la tara del progresismo, pero también la tarea pendiente a sortear”, razonó Rodríguez, que al enumerar los actores puntualiza sobre los sindicatos, las organizaciones políticas y los movimientos sociales. Es a ellos a quienes interpela.

“Es que el giro democrático de la seguridad no es problema sólo del Gobierno de turno. Es muy importante que la izquierda y el progresismo referencien a la seguridad como un tema central y salgan a disputarle a la derecha lo que vamos a cargar adentro de esa palabra. No sólo los problemas, sino las posibles respuestas que puedan ensayarse. Difícilmente hoy vayas a un gremio o movimiento y encuentres el área de seguridad. Sí vas a encontrar la de género, pero no la de seguridad”, disparó Rodríguez, sentando en un pupitre del sexto piso de la Facultad de Derecho, donde presentó su último libro “Temor y Control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno”.

La academia y democracia de opinión

Bombini coincide con todo, con lo que planteó Rodríguez y con lo que analizó Binder en relación a la participación de la sociedad civil en la gestión de seguridad. También cuestionó a las “elites académicas”, pero introdujo una salvedad que -a un año de las elecciones- es importante no perder de vista.

“Hay un autor que dice que estamos en democracias de opinión, que es una forma empírica de la democracia, distorsionada de la real. Plantea que en esas democracias, la cuestión electoral tiene un peso muy importante en las decisiones cotidianas del sistema político porque se está corriendo todo el tiempo atrás de las encuestas; el peso se pone en la respuesta al electorado. Así que en una democracia de opinión, del populismo o la demagogia se está a medio centímetro”, subrayó el docente universitario.

Bajo esta mecánica proselitista, como dijo Bombini, “los expertos sólo sirven si pueden hacer que las cosas sean más presentables y eso es la tecnocracia. Mira que bien dónde pusimos las cámaras, que lindas que quedaron, qué buenos esos informes con muchos gráficos que mostramos. Cuando el saber experto me permite tener un momento de legitimación frente a lo que yo hago, entonces acudo a él. Pero si me quieren decir algo que puede ser contraproducente en términos electorales, ahí sí mejor tenerlos lejos, pese a carecer como político de ese saber, que puede ser muy orientador. Por este tipo de fricciones, propias de las democracias de opinión, es que existen los problemas programáticos e ideológicos al momento de diseñar proyectos de gestión en seguridad», consideró Bombini.

Ojalá que para traducir el concepto a más de uno se le hayan venido a la cabeza las requisas selectivas en colectivos, legitimadas por este Municipio (hasta la oposición que presentara la Comisión Provincial por la Memoria) que paradójicamente, es asesorado por Binder, un defensor del sistema de garantías en la gestión de seguridad. Esos mecanismos, ilegales por donde se los mire, habían sido fuertemente reclamados por sectores gremiales y vecinales tras algunos supuestos episodios violentos en las unidades de transporte público de pasajeros. La noticia -contradictoria al programa de seguridad de Binder- la dio a conocer el propio Municipio en una de sus tantas gacetillas de prensa. Los controles ilegales para “detectar armas ilegales” se hicieron en Juan B Justo y Tres Arroyos. Los ejecutó la Policía y los supervisó, como reza el comunicado del 19 de mayo, la secretaría de Seguridad que preside Adrián Alveolite. Era él el que aparecía en la foto, desfilando, mientras los efectivos cacheaban a pibes contra el colectivo.

Producción de información: el as de los municipios

Pero no todo es así de repudiable en esta gestión municipal de seguridad. Entre tanta policía reciclada y tanta área creada y gestionada por personas con supuesta voluntad pero con muy poca capacidad técnica, en el subsuelo del edificio de Garay casi Independencia funciona un dispositivo digno de elogios: el Centro de Análisis del Delito que lidera Tobías Schleider y que hace dos meses dio a conocer un informe estadístico, muy crítico por cierto, sobre el funcionamiento del Comando de Prevención Comunitaria (CPC). El texto se puede leer -y de verdad que vale la pena hacerlo- en la página web del Municipio.

Los datos que surgieron de la sistematización de las primeras 8 semanas de CPC convirtieron a Mar del Plata en la primera localidad del país que produce información valorativa sobre la comisión de delitos y la labor policial. Eso permite, además de tomar decisiones amparadas en conocimientos empíricos, moldear y respaldar una retórica, defender las definiciones de la gestión y tener monitoreada a la bonaerense, una institución represiva acostumbrada a la delegación del control del delito y no a la digitalización de sus acciones en pos de prevenir y resguardar el territorio. El CPC y la Policía local, como dijo Rodríguez, “no son otra cosa que la descentralización de la bonaerense”.

“Producir información y saber interpretarla sirve para dotar de realidad y coherencia ideológica y técnica a los programas de seguridad. Los Municipios están teniendo la posibilidad, por sus cortas trayectorias y por su relativa autonomía sobre las fuerzas de seguridad, de generar información para el monitoreo y la negociación de las decisiones. Producir información, de manera amplia y plural, es una definición política y estratégica. Es tantear lo que está pasando, no sólo con el delito sino con las agencias, su funcionamiento y percepciones. Es también -subrayó Bombini- una manera de gestionar seguridad democráticamente. Todos tenemos que tener acceso a esos datos y por tanto todos podemos participar del monitoreo de las fuerza de seguridad y las decisiones del Ejecutivo”.

Cómo seguimos

Al momento de los balances y las expectativas, Bombini habla de Mar del Plata y Rodríguez de una tendencia que excede -aunque integra- al Partido de General Pueyrredon. Bombini enumera desafíos, demuestra cierto escepticismo pero también apuesta al proceso.

“Veo mucho condicionamiento, mucha tensión por la democracia de opinión y bastantes cosas que vienen desde la legitimación tecnocrática. Pero nada de esto quiere decir que en definitiva se conviertan en prácticas relevantes. Hay ambigüedades y muchas no son salvables porque está en juego la política y la demanda social de soluciones ya. Estamos en un momento de disputas; con la Policía se ve claramente. Pero el límite es, al menos, un poco de coherencia. En la construcción de la retórica, a diferencia de lo que pasa con los recursos económicos y técnicos, el Municipio sí tiene niveles de autonomía respecto a la Provincia y la Nación. Y tranquilamente desde ahí pueden diferenciarse, dar señales, abandonar el lenguaje policíaco y legitimar, en el marco de un Estado de derecho, el sistema de garantías. Pero tienen que tenerse cuidado cuando vuelvan a matar a una persona. Es ahí cuando más deben, si así lo creen, legitimar sus programas políticos de seguridad”, remató Bombini.

Por su parte, a excepción de una “única promesa”, Rodríguez echó por tierra el éxito de la municipalización de la seguridad. No porque no confíe en ella o porque no haya apostado a este proceso, sino porque “se gestiona con una policía bonaerense que está siendo descentralizada y que está descontrolada”.

“Estos son los nuevos policías atrápalo todo en la calle.Se van a mover con la brújula del vecino, con el olfato social y policial. Son efectivos que ya se crearon con esta idea de que perseguir el delito es montarse contra aquellas conductas colectivas asociadas a determinados actores que son referenciados como problema, como peligro. Entonces me parece que la municipalización de la seguridad con estas policías sólo agrega más nafta a la conflictividad social. Van a recrear el problema porque van a agregar estigmatización a determinados actores y eso genera violencia y resentimiento”, sentenció.

Para Rodríguez, lo auspicioso de todo este proceso “está abajo”. “Si hay propuestas superadoras en términos democráticos, esas van a surgir de las construcciones de las organizaciones sociales. Ellas tienen que tomar estos temas y cargar de otros sentidos a esas palabras, de otra sensibilidad a esos conceptos. En la Argentina, la seguridad se asocia al delito o, mejor dicho, a determinados delitos y determinados actores. Cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de evasión impositiva, de tráfico ilegal de granos, de las quiebras fraudulentas. Estamos pensando en el delito aleatorio, callejero. Ahí es que está la disputa, el desafío de los movimientos sociales. Hay que crear un nuevo concepto de seguridad; hay que discutir, preguntarnos qué entendemos por seguridad y desde qué perspectiva vamos a abordar los conflictos. Luego hay que salir a disputar sentidos”, deslizó Rodríguez.