Un panóptico para la bonaerense

¿Cómo se controla a la policía? Para el CELS, sólo es posible a través de la articulación de mecanismos institucionales y controles territoriales capaces de informar sobre las prácticas concretas de la policía en las calles. En este sentido, el rol de los municipios puede ser clave.

Playmóvil police

 Foto: Revista Ajo

En los últimos meses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha ratificado que sus políticas de seguridad se reducen a la saturación policial. A través de reclutamientos masivos y de la creación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) se ha buscado intensificar la presencia policial, presentada como sinónimo de mayor seguridad. Sin embargo, esta policía cuya presencia se multiplica sigue siendo la misma que gestiona los territorios de manera violenta, que presenta altos niveles de corrupción y convivencia con el delito. No existe, detrás de este despliegue, una política de seguridad con objetivos claros. Como muestra el informe elaborado por el Centro de Análisis Estratégico  del Delito (CAED) de la Municipalidad de General Pueyrredon en el que se analiza la actuación del CPC en Mar del Plata, la saturación está orientada a producir una gran cantidad de detenciones, muchas de ellas por averiguación de identidad, que no tienen impacto sobre las dinámicas delictivas. En este contexto, el creciente involucramiento de los gobiernos locales en las problemáticas de seguridad corre el riesgo de verse reducido a una mera disputa por los recursos policiales. Los gobiernos municipales y las organizaciones con presencia territorial pueden sin embargo hacer otro tipo de aporte en línea con una perspectiva de seguridad democrática.

¿Cómo se controla una estructura de la magnitud de la policía bonaerense? Sólo es posible a través de la articulación de mecanismos institucionales, que deben ser ejercidos por la autoridad provincial, y de controles desplegados en el territorio, capaces de producir información sobre las prácticas concretas de la policía en las calles. Es posible así identificar y castigar irregularidades y abusos, con el horizonte de modificar las prácticas. En la actualidad, los controles institucionales ejercidos por el Ministerio de Seguridad de la provincia son muy débiles y los controles territoriales son inexistentes. La policía aparece así como dueña del territorio, y en buena medida ello se debe a que monopoliza la producción de la información sobre la conflictividad en los barrios.

Los gobiernos locales y las organizaciones sociales pueden cumplir un rol en la modificación de esta situación. La producción de información cuantitativa y cualitativa resulta un insumo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas de seguridad, para definir qué se prioriza, cuáles son los problemas más graves en términos de dinámicas delictivas. Por otro lado, la recolección de información sobre casos y patrones de abusos policiales, desde el hostigamiento a jóvenes hasta el armado de causas o los allanamientos violentos y/o ilegales, aporta a la detección, castigo y prevención de las prácticas de violencia institucional que violan derechos fundamentales y erosionan la legitimidad de las políticas de seguridad.

El ya mencionado informe del CAED resulta un ejemplo valioso en este sentido. También lo es la experiencia del municipio de Morón, en el conurbano bonaerense, que desde 2012 cuenta con un Observatorio de Seguridad y Violencia y con un programa denominado Comunidad + Prevención que trabaja en los barrios registrando casos de violencia institucional y brindando asesoramiento y acompañamiento jurídico a víctimas.

Para poder realizar este aporte, tanto los gobiernos locales como las organizaciones deben correrse del lugar tradicionalmente reservado para ellos como “colaboradores” en dispositivos y planes diseñados e implementados exclusivamente por la policía y constituirse, en cambio, en instancias con capacidad para hacer aportes significativos a la democratización de la seguridad. Estos aportes son tanto más valiosos en momentos como el actual en los que la autoridad política provincial parece haber decidido no ejercer sus atribuciones para controlar y evaluar a la policía.

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