Ay, Carmelo

La Justicia declaró extinta la acción penal y sobreseyó al exjefe departamental Carmelo Impari en la causa por irregularidades en la contratación de policías para un superclásico. Recordado por la represión de diciembre de 2001, el excomisario mayor también dejó su huella en el Concejo Deliberante y en el Torreón del Monje.

1PORTADA

Fotos: Revista Ajo

Cuando Ariel Carreño convirtió el cuarto gol de Boca, a los 14 minutos del segundo tiempo, el superclásico de Mar del Plata ya había dejado de ser una fiesta para transformarse en un escándalo. Sin que nadie se lo impidiera, La 12 había invadido la platea descubierta y arremetido contra todos los hinchas de River que encontró a su paso. Fue el comienzo de una batalla campal que continuó a los piedrazos y a golpes de puño limpio en las adyacencias del estadio José María Minella, y que hizo descender a la categoría de anécdota la gran actuación que esa noche, la del sábado 26 de enero de 2002, tuvo el equipo que dirigía el uruguayo Oscar Washington Tabárez.

“Lo que pasa es que este estadio está preparado para que se juegue un Francia-Hungría, no un River-Boca”, dijo sin autocrítica el jefe departamental, Carmelo Impari, cuando los periodistas le preguntaron por qué la cancha se había convertido en un infierno. Pero pronto se comprobó que había menos policías de los contratados y que se habían adulterado las firmas de las planillas presentadas a la organización del partido. Más de 12 años después, la causa por estafa, defraudación por apropiación indebida en perjuicio de efectivos policiales, defraudación agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios público en concurso ideal sigue sin determinar un responsable.

En una resolución que data de hace casi un año pero que nunca había sido difundida, el Juzgado de Garantías 2 declaró extinta la acción penal y sobreseyó a Impari y a otros dos expolicías, Mario Herrera y José María Rivero. Al único que dejó con probabilidades de ser llevado a juicio es al excomisario Mario Bucci, que se desempañaba en el área de Operaciones. De los procesados, era el funcionario con menor rango, la parte más delgada del hilo que la Justicia pudo cortar.

 

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Hijo de Víctor Antonio y Ernesta Paletta, Carmelo Impari nació en Mar del Plata un 24 de marzo. El de 1953. Ingresó a la policía a los 19 años y desarrolló la primera parte de su carrera en comisarías del Gran Buenos Aires. “Nunca he tenido ningún inconveniente. Nunca he sido materia de discusión por mi función. En ningún aspecto. Por ninguna comisión de derechos humanos ni por la Justicia”, se ufanaba en junio de 1999, cuando saltó de secretario de Coordinación de la Departamental Región Capital a jefe de esa dependencia (con sede en La Plata) en reemplazo de Francisco Visky.

Era tan efectivo que todos lo querían tener en su equipo. Por eso comandó el Centro de Operaciones Policiales cuando Aldo Rico era ministro de Seguridad bonaerense. Por eso en febrero de 2001 Juan Ramón Verón, el sucesor de Rico, lo ubicó en la cúpula de la policía marplatense para poner orden tras el asesinato de Natalia Melmann y las acusaciones sobre negligencia policial. Por eso en el Ministerio de Seguridad no paraban de elogiarlo. “Fue un huracán”, dijeron después de que depuraran la fuerza en Mar del Plata. También fue un huracán en la Semana Santa de ese año. Disolvió con tanta convicción un corte de ruta del Movimiento Teresa Rodríguez que los medios y el poder político local quedaron admirados.

Un huracán, cabría apuntar, exento de originalidad: para dispersar a los manifestantes mandó a usar gases lacrimógenos y balas de goma. “Con la facultad que nos otorga ser la fuerza pública, decidimos confirmar la viabilidad de los caminos que utilizarán los turistas para entrar a Mar del Plata. Si hay confrontación violenta, como el uso de piedras y palos contra los efectivos, igual procederemos a desalojar a los piqueteros”, había avisado.

Lo premiaron con un ascenso: en mayo de 2001, Verón lo designó director general de Coordinación Operativa de Seguridad (virtual subjefe de la Policía Bonaerense). No tardó en hacerse conocer por los medios nacionales. En agosto, firmó una circular dirigida a todos los jefes policiales de cada departamento para que detuvieran a los niños que estuvieran la vía pública. La orden, en inconfundible lenguaje policial, decía: “Señor jefe departamental: Ud. deberá disponer la realización de amplios operativos con el fin de poner a disposición de la Justicia de menores a los niños y jóvenes que se encuentren desprotegidos en la vía pública y/o pidiendo limosna, etc. acción que ya se ha tornado sistemática y pone en riesgo la integridad física de los menores de edad. Día jueves con el primer correo deberá elevar a esta Dirección General, planilla apaisada conteniendo carátula, juzgado de intervención, lugar de constatación del hecho, nombre, apellido y edad del menor. Asimismo, dichos operativos deberán implementarse en forma continua y en caso de detectarse que menores sean reincidentes, los mismos deberán ponerse a disposición de la Justicia tantas veces como sea necesario”.

Organismos estatales y no gubernamentales plantearon la ilegalidad de la circular.  Ante el vendaval de críticas, Impari no se amilanó: “Tenemos chicos explotados y con eso no se ha hecho demasiado. Sacar a los chicos de la calle es lo mejor”. Pero hasta el gobernador Carlos Ruckauf le soltó la mano. “Yo quiero que estén presos los delincuentes que perjudican a los chicos, que los violan, que los prostituyen, los drogan y los hacen vender drogas. No quiero chicos en los patrulleros, quiero delincuentes en los patrulleros”, dijo. Y suspendió la medida.

La primera denuncia contra Impari llegó casi por decantación. La formuló el coordinador de la Oficina de Protección de los Derechos de los Niños de la Fundación Anahí, Marcelo Mendy, ante el juez de Garantías César Melazo. La acusación fue por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y sostenía que “la sola idea del cumplimiento efectivo de la medida de traslado compulsivo” de los niños era privación ilegal de la libertad. “Capciosamente —agregaba— se busca unir dos situaciones que no conviven al mismo tiempo, la de pobreza con el riesgo de integridad física (…) para que no se destaque la olímpica incapacidad de la policía de la provincia para luchar, precisamente, contra los delincuentes que explotarían a los chicos”.

Pero Impari salió indemne. A fines de octubre, el nuevo ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Álvarez, lo mandó otra vez a Mar del Plata.

 

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Para mantener una costumbre de los últimos tiempos, ese fin de año brindarían con agua. Se juntarían, reclamarían cajas de alimentos y se irían a sus casas. Cuando el 20 de diciembre de 2001 la concentración empieza a media mañana frente a las puertas de la Municipalidad, la intención de hacer una protesta pacífica queda bien claro con un solo gesto: algunos manifestantes, en lugar de mostrarse agresivos, eligen sentarse en la calle. Ni siquiera hay tantas banderas y pancartas como en otros reclamos, y los funcionarios locales y concejales que pasan por allí se detienen a dialogar, sin ánimo de pelear ni discutir con quienes interrumpen el tránsito.

Pese a que no hay insultos y hasta los cantos en contra del Gobierno son esporádicos, poco después del mediodía la policía se alista sobre la avenida Luro, a 30 metros de la concentración. Los efectivos avanzan en fila india. Nadie entiende por qué toman precauciones como si fueran a la guerra cuando, en rigor, se dirigen a hablar con un grupo de jubilados y mujeres que suplican comida. Los policías piden que se desconcentren. Los dirigentes de la CTA que organizan el reclamo se niegan: van a permanecer un rato más, dicen. La charla termina abruptamente porque un desequilibrado que trabaja para la Infantería le pega un culatazo a Hugo Canavessio. El gremialista cae al suelo. Unos metros más allá, su compañero Daniel Barragán recibe golpes de otro grupo de policías. Ni los jubilados se salvan de las cachiporras.

A partir de ahí todo se vuelve un caos. Hay un revuelo de gases lacrimógenos, balas de goma, tiros al aire y sangre. Los policías —no más de 20— conducen a Canavessio, Barragán y Daniel Cesario, otro dirigente estatal, a los patrulleros. Aunque el secretario de Gobierno, Alfredo Lapadula, y algunos concejales lo intentan, nadie logra frenar la barbarie. Mar del Plata, como el país del presidente Fernando de la Rúa, se desangra.

El jefe departamental, Carmelo Impari, llega cerca de la una del mediodía al lugar de los hechos. Pero esta vez no recibe elogios: en los pasillos del municipio susurran que la acción policial es excesiva. En una improvisada reunión con dirigentes políticos a las puertas del Citibank de avenida Luro, la que se lo dice sin vueltas es la concejal Claudia Fernández Puentes:

—Acá estamos para tranquilizar, pacificar, pero no en base a la represión. No podemos permanecer mudos viendo esta barbaridad.

—Es un juicio de valor, el suyo.

—¡Por supuesto que es un juicio de valor!

—Nosotros no vamos a permitir que se altere el orden público ni que se tome ningún edificio público o supermercado porque hay una orden del Poder Ejecutivo, hay un estado de sitio. Y hay que cumplirlo.

La municipalidad no es el único foco de tensión. A la misma hora, policías y manifestantes se enfrentan en proximidades del banco Provincia de Luro y San Juan, donde un grupo de desocupados busca cobrar sus planes de empleo. Poco después, agrupaciones sociales reclaman la liberación de los detenidos frente a la comisaría primera. Gracias a que un taxista deja la puerta de su auto abierta y aumenta el volumen de la radio, se enteran de que Domingo Cavallo ha dejado de ser el ministro de Economía.

Canavessio, Barragán y Cesario recobran la libertad cerca de las 15, pero el día no da tregua: una hora y media más tarde, se produce el primer intento de saqueo en el supermercado de Edison y San Salvador. Los gases lacrimógenos y las balas de goma hacen del barrio Puerto un campo de batalla.

En Cerrito y la ex 39, un puñado de desocupados pide alimentos en la sucursal de una cadena de carnicerías. Espoleada por el rumor de que quieren incendiar el local con los empleados adentro, la policía reprime. Los manifestantes retroceden y contraatacan con piedras. El local queda completamente destruido.

Otros intentos de saqueo se suceden en los supermercados Makro y Toledo de Talcahuano al 300.  Los heridos y los detenidos se cuentan por decenas. Impari, que un día antes había prometido garantizar la calma ante un grupo de empresarios y funcionarios, ha fracasado pero tiene suerte: que no haya muertos en esta tarde negra de Mar del Plata es un milagro.

 

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2

En el superclásico de enero de 2002 no sólo hubo menos policías de los que la organización había contratado, sino que a los que prestaron servicio en el estadio se les pagó menos de lo que correspondía. La diferencia quedó en manos de algún funcionario policial. El más complicado en la causa siempre fue José María Rivero, el titular de la comisaría tercera, encargado de depositar la plata en la cuenta del Ministerio de Seguridad.

Acosado por la investigación judicial, Impari dejó la departamental de Mar del Plata el 23 de febrero de ese mismo año. “Me tomé licencia”, dijo. En el Ministerio de Seguridad aseguraron que se trataba de la salida “menos dolorosa” para un jefe sospechado de cometer delitos que empezaba a tener críticos en el interior de su gestión.

La decisión de alejarlo de la ciudad tomó fuerza luego de que Impari y los demás policías investigados presentaran un recurso de habeas corpus para evitar la indagatoria del fiscal de Delitos Económicos Pablo Poggetto. En el Ministerio creían que estaba “esquivando a la Justicia”.

En los papeles, el pase a retiro activo obligatorio de Impari se concretó desde el 26 de abril de 2002. “Corresponde analizar la organización policial a fin de regular la función del personal de la policía, en orden a sus obligaciones y derechos, resultando necesario contar con un potencial humano operativo para lograr el máximo de eficacia en función de una visión global del quehacer policial”, argumentó el Ministerio en su resolución.

 

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4

—La historia argentina podrá decir muchas cosas de Perón. Lo que no va a poder hacer es ignorarlo —pontifica el concejal Diego García Conde.

—Sus ideales han servido para marcar y definir una identidad propia y nacional —aporta Héctor Rosso.

—Evidentemente, la figura de Perón cubre un espacio importante de nuestra historia —abunda Juan Carlos Cordeu.

Es 10 de julio de 2003. Porque el primero se cumplieron 29 años de su muerte, el Concejo Deliberante recuerda a Juan Domingo Perón. Pero cuando Cordeu termina de hablar, un hombre que permanecía sentado entre asesores de bloques políticos se incorpora, avanza hacia el centro del recinto de sesiones y exige, a los gritos, que le den la banca 25 para expresarse. Los presentes en el recinto lo miran atónitos. No pueden dar crédito de lo que ven. Aunque tiene su pelo rubio más largo y desgreñado, una barba candado crecida, usa traje y corbata y no uniforme policial, la mayoría lo recuerda rápido: es el exjefe departamental. Están en lo cierto: el hombre que interrumpe la sesión se llama Carmelo Impari y está empezando a hacer el papelón de su vida.

El exjefe policial exige la banca 25 porque quiere aclarar que no tuvo nada que ver con la agresión que sufrió Simón Castronuovo, golpeado a palos por la policía unos días atrás. El Concejo, sin embargo, ya se ha puesto de acuerdo: no dejará ese espacio a Impari porque es candidato a intendente, y los candidatos a intendente, argumentan los concejales, no pueden usarla banca 25.

El escándalo se agiganta porque Impari vocifera, insulta, gesticula. Se resiste a abandonar el recinto. Impávidos, los concejales acuerdan rápido un cuarto intermedio. Cuando vuelven, Impari ya no está en el Concejo, pero sigue en el Palacio Municipal hablando con periodistas y funcionarios. Los ediles aprovechan para reanudar la sesión y no demoran en decidir cómo proceder con Impari: le imponen “tres días de arresto efectivo en virtud de los lamentables hechos de los que fuera autor y protagonista en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante”.

El excomisario mayor recién se retira del municipio casi una hora después. Promete ir a Tribunales. A gestionar garantías para sus derechos constitucionales ante el juez Pedro Federico Hooft (*).

Las semanas pasan y se confirma que Impari no pasará tres días preso. La jueza Jorgelina Camadro entiende que la sanción del Concejo es “desproporcionada”. Lo que ha ganado el exjefe policial con su “circo” en el Concejo, coinciden en susurros algunos ediles, es prensa gratis de cara a las elecciones. Están previstas para el 14 de septiembre e Impari buscará la intendencia. No sorprende que para postularse haya acordado con el partido Unidad Federalista (Paufe). A fin de cuentas, su máximo referente es un excomisario como él: el menemista Luis Abelardo Patti (**). También comparte inclinación partidaria con César Melazo, el juez sobre quien recayó la denuncia por la circular que mandaba a detener a los niños de la calle. Unos meses antes, Patti había elegido al magistrado para encabezar la lista de diputados nacionales en las elecciones del 30 marzo.

El domingo eleccionario llega rápido. Y es lapidario. Undécimo sobre 17 candidatos a intendente, Impari saca el 0,91% de los sufragios. Son 2.432 votos: 2.141 menos que los anulados, 14.093 menos que los blancos y 125.540 menos que los del candidato ganador. No, parece que el escándalo en el Concejo no le sirvió.

5

 

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Tras comprobar que la política no era lo suyo, el excomisario mayor se dedicó a las empresas. Durante años se presentó como “presidente del Torreón del Monje”, desde donde le gustaba opinar de la política turística que desarrollaba el municipio. Sus blancos preferidos fueron la gestión de Gustavo Pulti (“hay que sacar a Mar del Plata de esta postración”), la Asociación Hotelera Gastronómica (“cobra dinero para hablar no sé de qué y para qué”) y el proyecto para trasladar los bares de Alem a la Escollera Norte (“van a tener que poner otro hospital para atender a los chicos”).

Pero Impari no era el presidente del Torreón. Su empresa, Torremont SA, había obtenido una cesión parcial de la firma que concesionaba el espacio —Ariel Dada, del empresario Domingo Parato— para utilizar algunos sectores con fines gastronómicos. La aventura duró hasta que la Municipalidad descubrió que no había documentación que avalara ese convenio.

El 2 marzo de 2012, luego de varias intimaciones, el gobierno local decidió recuperar la “administración, explotación, uso y goce” de la Unidad Turística Fiscal Torreón del Monje. El operativo de desalojo estuvo encabezado por el subsecretario de Control, Adrián Alveolite, y el director de Inspección General, Eduardo Bruzzeta.

En su defensa pública, Impari dijo que el operativo fue “propio de otras épocas”, pero sus palabras no le ayudaron a diferenciarse. A Pulti le advirtió: “Ya sé que toma café en Gascón y Güemes, así que nos vamos a encontrar, porque una cosa es ser funcionario público y otras es ser guapo. Y no hay lugar para tantos guapos en la ciudad”. A Alveolite lo calificó de “mamarracho”. Ni Bruzzeta se salvó de su bravata: “Tiene aspecto de homosexual”.

3

 

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Al declarar extinta la acción penal en la causa por irregularidades en el operativo de seguridad para el superclásico de 2002, el titular del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Saúl Errandonea, entendió que ya había transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, según los parámetros que establecen los artículos 62 y 67 del Código Penal.

La causa, que pasó por la Cámara de Apelaciones, la de Casación y la Suprema Corte bonaerense, estuvo abierta más de una década. Durante ese período, Impari tuvo tiempo de abandonar el uniforme policial, hacer un intento por convertirse en intendente y probar suerte como empresario turístico. Fondos, al parecer, no le faltaron. Aliados tampoco. Sólo careció de buenas formas y prolijidad.

(*) El juez provincial Hooft está imputado en una causa penal por supuestas complicidades con la dictadura militar. Se lo acusa de haber tenido conocimiento de capturas de personas realizadas por las Fuerzas Armadas de manera ilegal y de no hacer nada para esclarecer lo sucedido.

(**) El 27 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua para Patti, exintendente de Escobar, por el secuestro y asesinato de del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante de la JP Gastón Gonçalves, en 1977.

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