En “Radiografía de la corrupción PRO”, un libro imprescindible para entender al gobierno de Cambiemos, los periodistas Ignacio Damiani y Julián Maradeo realizan una profunda investigación sobre la gestión macrista. El texto que publicamos corresponde a un capítulo del libro en el que se devela el presunto vínculo entre Jorge Macri, primo del presidente de la Nación, y una red de lavado del cartel colombiano de los Urabeños.

Foto: Matías Repetto Bonpland-gv/GCBA

 

El otoño es cada vez más cálido en la ciudad de Buenos Aires. El ritmo del tránsito comienza a descender. Estamos parados frente al restaurante que nos indicaron días atrás, por medio de un mensaje de WhatsApp. «Tengo un documento», nos escribió la fuente anónima. «¿Sobre qué?», interrogamos. «Por acá, no», fue la respuesta, cortante. Después, dio las coordenadas para un encuentro cara a cara. El lugar es uno de esos sitios clásicos en los alrededores del microcentro porteño. Mozos cincuentones y reservados. La música es apenas perceptible. El salón, largo y marmolado. Ingresamos puntualmente. Buscamos una mirada «faro». Nada. El mozo se acerca para ubicarnos. «Los esperan detrás del biombo», nos dice, a media sonrisa. Caminamos hacia el final del salón. Nos aguarda un hombre de unos 45 años, delgado e hiperquinético con la pantalla de su celular. Junto a su mano derecha tiene otro teléfono. Amaga a levantarse. Apenas nos saluda con una leve inclinación de cabeza, señalando las sillas. Nos pide que quitemos las baterías de nuestros celulares delante de él (según especialistas, es una de las pocas formas que existe para evitar una «pinchadura» telefónica). Lo hacemos. La solemnidad cinematográfica aburre. Después, abrimos nuestras libretas de anotaciones. «No es necesario», nos dice y desliza cuatro páginas A4 de revés. «No las miren acá», nos indica. «Es la conexión entre Jorge Macri y el narcotráfico», asegura. «¿De ahí vienen las denuncias de Lilita?», preguntamos. «No, no tiene idea de esto. Lo que tienen que hacer es mirar la causa “Narco-arroz”. Está avanzada, pero no tienen esto», cuenta mientras recoge su gamulán. Interrogamos de dónde lo sacó. Sonríe. «Estaba en la caja fuerte de uno de los narcos detenidos. El resto les toca a ustedes, muchachos», desliza. Se para y se va. Nos toca pagarle el capuchino.

 

 

Narco-arroz

 

El 4 de septiembre, el juez federal Sergio Torres dispuso la declaración indagatoria de 60 personas por «distintas maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes». Según la pesquisa, de la que participaron la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), hubo cientos de maniobras que involucran a 70 personas físicas, 30 personas jurídicas y diversas operaciones por millones de dólares. Incalculable al cierre de este trabajo, el dinero blanqueado, como mínimo, superaba los 100 millones de pesos. A raíz de la investigación, cayó una poderosa banda colombiana con terminales en la Argentina. La expansión societaria de la organización en el país comenzó en 2009 y se prolongó hasta 2015. Fue tan fructífero el negocio que los narcos hasta proyectaron levantar un puerto en Fray Luis Beltrán e invertir en el club Rosario Central. Lo que no trascendió en la prensa es que un documento hallado en una caja fuerte durante un allanamiento de este caso puede comprometer seriamente al intendente de Vicente López y primo del Presidente, Jorge Macri.

 

Romina Elvira/0223

 

 

 

La banda

 

Ningún vecino de la calle Víctor Mercante al 1100, en la ciudad santafesina de Rosario, notó las sistemáticas salidas mañaneras del oncólogo Gabriel Esteban Zilli desde su casa hacia dos domicilios contiguos. Tampoco percibieron que el médico, que desde hacía unos meses alojaba a nuevos amigos, se iba con latones plásticos rojos y verdes de unos 40 centímetros de diámetro. Recién se enteraron en septiembre de 2015. Todo se precipitó el 10 de julio de ese año, cuando en el Hipódromo de Palermo Zilli se reunió con el ecuatoriano Germán Emilio Marín López y el colombiano Martins Frutuoso. Ellos no lo sabían, pero a la par los investigadores iniciaban un seguimiento personalizado de los sospechosos, que duraría poco más de dos meses. Así, quedó registrado que durante muchas mañanas el oncólogo trasladaba el material requerido a una casa en la que estaban Frutuoso y su coterráneo Jorge Eliecer Ramírez Cuartas, ambos a cargo de una cocina de cocaína. El 2 de septiembre, Zilli y Frutuoso tomaron un café en el minimarket de la estación de servicio YPF, ubicada entre Génova y Alberdi, del barrio Arroyito. En ese momento, el colombiano llamó al guineano Alassana Djaló, que residía en Portugal. La operación que estaban fraguando se encontraba bajo la cobertura del programa Hambre Cero, patrocinado por Naciones Unidas. Por eso, el cargamento pasaría por Guinea Bissau, en África meridional, con el país luso como destino final. El 17 de septiembre, cuando todo estuvo preparado, el juez federal Sergio Torres —que venía monitoreando a la banda narco— dio el visto bueno para que se llevase a cabo una serie de allanamientos en la ciudad santafesina, la ciudad de Buenos Aires, Monte Grande y Nordelta (Tigre). En esa oportunidad, lo más rimbombante fue el procedimiento sobre un depósito fiscal de Rosario, donde se hallaron 920 bolsas de arroz, de 50 kilos cada una. El abogado de Zilli, José Alcacer, dio una versión insólita respecto de la cocaína hallada en la casa del oncólogo: «La usaba nuestro cliente para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer, que es justamente su especialidad, tal como lo hacía con otras sustancias similares, como la metadona». Sin embargo, la hipótesis de la justicia construida a partir de las escuchas telefónicas sobre la banda era que Zilli los asesoraba en el proceso de cocción de los narcóticos, además de llevarles los pertrechos necesarios, como las bolsas que se rellenaban con cocaína y arroz. El perfeccionamiento de la operatoria era tal que los granos de arroz encontrados estaban recubiertos con cocaína líquida pulverizada con aerosoles, que al estar adherida por afuera permitía retomar un estado sólido que hacía posible su posterior recuperación en destino. En el marco de los operativos, fueron detenidas 13 personas, entre ellas 4 argentinos. Los dos más relevantes eran el mencionado Zilli y el abogado Guillermo Rodolfo Heisinger. Para la Justicia, el primero se encargaba de «la logística de las operaciones de tráfico, brindando los sitios necesarios para la preparación de los narcóticos y demás elementos para permitir su transporte hasta destino». El segundo tenía por misión «la operatoria de la organización, pero en lo relativo al entramado de sociedades comerciales de diversa índole, que permitirían la reutilización de los fondos obtenidos como consecuencia de las actividades de tráfico de drogas». Un dato de color: cuando Heisinger fue detenido, uno de los que se interesó por la causa fue el juez federal Claudio Bonadio, quien mandó preguntar por su estado. Ambos formaron parte del equipo de Carlos Vladimiro Corach cuando este era ministro del Interior de Carlos Menem. El ruido mediático que provocaron esos primeros movimientos no permitieron percibir que lo que asomaba era apenas la punta del iceberg.

 

La investigación, conocida como «Operativo Canguro», había comenzado el 14 de enero de 2011, a partir de la información suministrada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol). En ese momento, con el fiscal Federico Delgado al frente de la pesquisa, la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería nacional cruzó los movimientos de los colombianos Wilton Johel Vanegas Ruiz, Hernán Jaramillo Ferrer y Alejandra Vivas Vargas, el peruano Valentín Zegarra Domínguez y el argentino David Gustavo Gómez Oses. Durante ese año, estos habían participado de dos intentos de exportación de estupefacientes a España, y un tráfico a Auckland, Nueva Zelanda, que pudo concretarse. Mientras en la Argentina la causa la llevaba el Juzgado Federal Nº 5, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, en la península ibérica había quedado en manos del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela.

 

La pista serbia

 

Casi simultáneamente llegó un alerta al Departamento de Narcotráfico de la Aduana, por medio de la agencia de inteligencia británica Serious Organized Crime Agency (SOCA), que indicaba, en el marco de la operación Overall, que serbios y montenegrinos provenientes de Europa del Este buscaban transportar cocaína. El objetivo de fondo era abrir una ruta desde la Argentina hacia España y, luego, a Holanda. La Aduana hizo una denuncia en la Justicia que dio origen a una causa que quedó a cargo del juez en lo Penal Económico, Ezequiel Berón de Astrada. La sospecha, según la información aportada por la SOCA, era que la droga iba a salir del país en el barco de una empresa naviera internacional, con la ayuda de tripulantes serbios. Sin embargo, el 21 de agosto de 2012, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió 270.000 dólares ocultos en el equipaje de una «mula» en Ezeiza, cuando estaba a punto de subirse a un avión para volar a Panamá. En su resolución, Berón de Estrada consideró que las «personas investigadas constituirían una organización manejada por ciudadanos colombianos establecidos en nuestro país, cuya máxima autoridad sería Carlos Yorelmy Duarte Díaz». En los mandos medios de la banda, el juez ubicó a Leonardo Borbón y Juan Carlos Salcedo, «que conformaron diferentes empresas comerciales, y que se dedicarían a realizar compra y venta ilegal de moneda extranjera, la cual sería transportada en forma oculta —tanto al ingresar como al egresar del país— por dos argentinos, a cambio de una comisión predeterminada». En octubre de 2013, la investigación culminó en esa instancia, sin mayores avances. Dos años después, Sergio Torres solicitaría la causa para analizar detenidamente los puntos de contacto con la que tiene a Los Urabeños en el centro de atención. Recién en 2015 se empezó a tejer formalmente la conexión con el caso «Narco-arroz». Otro suceso, ocurrido en 2013, reimpulsó la pesquisa. Fue cuando se detectaron 57 kilos de cocaína diluida en 229 litros de biodiésel en el depósito fiscal Orvol S.A., situado en el puerto de Dock Sud. Cuando el barco en el que iba el cargamento llegó a Europa, adonde se envió «pisado» por los investigadores, detuvieron a 4 españoles. Luego se supo que los bidones con el combustible habían llegado al depósito ya cargados, sin pasar por los controles de rigor. Por orden del juez Torres, la droga diluida solamente en uno de los «bin» (especie de grandes bidones) fue reemplazada por una sustancia similar, y en agosto el cargamento salió hacia el océano. Todo se hizo en secreto, como entrega controlada, monitoreando la carga. Hasta que el 8 de noviembre llegó a su destino final. En ese momento detuvieron a 7 personas. Sólo logró escapar «Toca», un colombiano sindicado como el eslabón de contacto entre la cúpula y la parte inferior de la organización. Toca usaba un documento argentino falso para partir rumbo a España a buscar la droga y retornar a la Argentina, donde los investigadores notaron que daba tres vueltas a la manzana con su auto antes de decidirse a estacionar y entrar a su casa. En las escuchas, Toca se trasladaba hacia un lugar al que llamaban «iglesia», «casa» o «clínica» para hablar con sus superiores.

 

Romina Elvira/0223

 

 

Los Urabeños

Las fichas se fueron acomodando a medida que avanzaba la investigación, lo que permitió vislumbrar la existencia de una supraorganización situada en Colombia. Se trata del tercer capítulo de esta película judicial. Todo indicaba que la nueva célula hallada era un desprendimiento del cartel Norte del Valle, oriundo del Valle del Cauca. Puntualmente, la referencia era a Los Urabeños, banda que, después de un enfrentamiento sangriento contra la empresa por el control del puerto de Valle del Cauca, se convirtió en 2012 en la más poderosa del país caribeño. Para tomar dimensión: a finales de ese año, 4.000 personas abandonaron sus viviendas en Buenaventura, sobre el Pacífico, a raíz de las amenazas de sicarios. Se estaba frente a una estructura de película, que contaba con más de 10 sociedades anónimas armadas para el lavado del dinero de la droga y una gran cantidad de domicilios, vehículos y recursos económicos a disposición. Era una multinacional en la que participaban alrededor de 30 personas. Los Urabeños operaban también en Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Guinea Bissau, entre otros países. De acuerdo con los investigadores consultados, empezaron a operar en la Argentina en 2010, aunque, siguiendo el rastro del Boletín Oficial, en agosto 2009 se inscribió «Colombia más cerca de ti S.R.L.», que tenía entre sus integrantes a Myriam Constanza Camargo Pinedo. Desde el 13 de febrero de 2012, según aparece en el Expediente Nº 1-472110-7469-11-3 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, esta empresa pasó a denominarse Hard Business, dedicada a exportar e importar productos alimenticios. Camargo Pinedo se mantuvo en su directorio hasta diciembre de 2013, cuando Pérez Díaz se convirtió en el único gerente. Según la red social Linkedin, Camargo Pinedo fue, entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, la gerente de Water4U, importadora de bebidas no alcohólicas, con sede en Panamá. Quienes llevaban adelante la causa notaron que Los Urabeños registraban «un alto grado de organización y división de roles, como así también un marcado verticalismo entre sus integrantes». Todo apuntaba a desentrañar cómo se componía y funcionaba la cúpula, compuesta por Carlos Yorelmy Duarte Díaz, Carlos Olmedo Silva Cárdenas y los hermanos Erman y Williams Triana Peña. En el nivel medio, aparecía Heisinger. El abogado figuraba cumpliendo las directivas de Erman Triana Peña y Duarte Díaz. Las actividades de esta estructura derivaron en tres causas. La primera, de agosto de 2014, por el intento de exportación de 945,5 gramos de cocaína, lo que potencialmente se convertiría en 9.454 dosis, en el equipaje de Martín Fraire, quien fue interceptado cuando iba a tomar un vuelo de Qatar Airways con destino a Bangkok, Tailandia. La segunda se inició el 17 de enero de 2015, por el almacenamiento de 79 panes de cocaína, cuyo peso ascendía a 84.955 gramos, en una casa situada en Niceto Vega al 5000, en la ciudad de Buenos Aires. La tercera es la narrada en este capítulo: un desprendimiento de dos causas de 2011, que empezó cuando se registró el intento de enviar 12.086 gramos de cocaína a Guinea Bissau y Marruecos. En esta última, se trataba de un envío de prueba de alrededor de 46 toneladas de arroz por medio de Euro Export S.R.L.

 

Las empresas

Cuando se logró delimitar el accionar de la banda, se constató que, como pantalla, funcionaba un entramado de empresas que tenía a Duarte Díaz y Heisinguer como piezas clave. Estas son las principales firmas que lo componían:

–Sanis S.R.L.: sin estar inscripta ante la AFIP, se hallaba integrada por Heisinger y Miguel Eduardo Gilardoni, y también intervenía la abogada Ana Cristina Palesa. Según el Boletín Oficial, fue armada para brindar servicios de publicidad y marketing.

–International Trade and Comerce S.A.: conformada por Heisinger y los colombianos Carlos Yorelmy Duarte Díaz y Juan Fernando Cárdenas Gómez. Sus actividades eran la importación y exportación, comercialización y distribución de productos manufacturados. La notaria interviniente fue Susana Luisa Messina.

–Hard Business S.R.L.: estaba integrada por Heisinger, Guillermo Diego Passarello, Myriam Constanza Camargo Pinedo, José Marcos OtattiRossi y Duarte Díaz. El notario interviniente fue Santiago Martín Rossetti Mesina. Es la continuadora por cambio de denominación de Colombia más cerca de ti S.R.L.

–Wealthy Ranch: estaba conformada por Heisinger y los colombianos Nelson Triana Peña y su esposa Luz Marina Perdomo Santanilla. Posteriormente, se sumó Erman Triana Peña. Registraba como domicilio legal Fray Justo Santamaría de Oro 2134, piso 7°, departamento A, de la ciudad de Buenos Aires. El escribano interviniente fue el mencionado Rossetti Mesina. Declaraba actividades vinculadas a la exportación e importación de materias primas derivadas de la actividad agroganadera.

–Spano Point S.A.: integrada por Heisinger, declaraba que se dedicaba a la prestación de servicios inmobiliarios.

–Letstrade S.A.: estaba compuesta por Heisinger, Aldo Roque Corizzo, Jesús Humberto García Herrera y su pareja Yoana Triana Peña. Tenía domicilio legal en la calle Viamonte 611, piso 7°, departamento E, de la ciudad de Buenos Aires. El escribano interviniente fue Rossetti Mesina. Su actividad declarada era la importación y exportación de bienes y servicios en general.

–Connect Plus Panamá: también integrada por Heisinger, se encuentra inscripta en Panamá, aunque presenta domicilio denunciado en la calle Olascoaga 95, de la ciudad de Mendoza. Sería una empresa dedicada a los servicios de agentes de mercado abierto «puros», incluidas transacciones extrabursátiles.

–Guji S.A.: conformada por Heisinger, Gilardoni, Darío Gabriel Safigueroa y Gabriela Alejandra Riedel. Su dirección legal es Viamonte 611, piso 7°, departamento E. Registraba un pedido de quiebra por los representantes de la firma Quórum S.A. Su actividad estaba vinculada con la comercialización de golosinas y la panificación.

–Crazy Ball S.R.L.: compuesta por Heisinger y Corizzo, su domicilio legal era avenida Alvear 1502, piso 5°, de la ciudad de Buenos Aires. Declaraba dedicarse a la explotación de restaurantes, pizzerías, confiterías, kioscos, al servicio de entrega a domicilio, elaboración, industrialización y comercialización de productos alimenticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; y, también, a la comercialización de toda clase de artículos, textiles de indumentaria y calzado, marroquinería, librería, como así también a la importación y exportación de toda clase de bienes, productos y mercaderías.

Así, la investigación que había dado sus primeros pasos en 2011 permitía precisar que se había detectado una organización criminal con un diverso radio de acción. Se pudo comprobar que las ganancias obtenidas por esa actividad ilegal eran reutilizadas para mantener vigente la organización delictiva y que existía una amplia estructura societaria «fantasma» montada para lavar ese dinero.

 

El Porvenir

De a poco, comenzaron a surgir historias de todo tipo. Por ejemplo, el «jardinero» de la familia Kirchner, Héctor Barreiro, y su hijo Pablo fueron acusados de haber creado un conglomerado de sociedades para incorporar plata al canal legal a través de exportaciones de frutas que no existieron. Los allanamientos ordenados por la Justicia confirmaron que en los domicilios donde estaban registradas las empresas Comercializadora de Cuyo, Finca Los Aromos e Indufrut en el barrio Las Flores, de Rosario, y en Villa Gobernador Gálvez, sólo había casas humildes. Más allá de las presuntas vinculaciones con Los Monos, banda que hegemonizó el narcotráfico en Rosario, las relaciones con una estructura superior se comenzaron a analizar a partir de que Premium Experience S.R.L., una de las firmas que integraba Barreiro, tenía su sede porteña en Viamonte 611, piso 7º, E. Justamente, allí también la tenían Wealthy Ranch, ITC, Letstrade y Guji. El juez Torres recibió las conclusiones de la intervención en la causa de las procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar), bajo el mando de Diego Iglesias, y la de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta. En sus informes se precisó que la organización había llevado a cabo, como mínimo, 80 maniobras de lavado de dinero por unos 76 millones de pesos. Con el tiempo, esas cifras serían una anécdota. Por caso, se supo que una de sus operaciones consistió en la venta de 11.000 entradas por 1.600.000 pesos para los amistosos de Colombia versus Jordania y Senegal, celebrados el 31 de mayo y el 6 de junio de 2014 en el estadio de San Lorenzo. El evento se convirtió en una de las pruebas de las maniobras entre Full Play Internacional Television S.A., de Hugo y Mariano Jinkis, involucrados en el FIFA-gate, y Hard Business. La transacción incluía el derecho a publicitar la marca Aguardiente Antioqueño en los partidos. La venta de las entradas administrada por Hard Bussines fue controlada por otra sociedad de la banda, Grafim S.A. Uno de los puntos de venta coincidía con la dirección de la sucursal en Buenos Aires de otra sociedad fundada en Panamá por los mismos narcos. Al frente de la operación aparecía Duarte Díaz. El 6 abril de 2016, efectivos de Gendarmería allanaron las oficinas de Full Play en el décimo piso de Libertador 6550. También se identificó la compra de créditos incobrables y la participación en cooperativas para legitimar el ingreso de dinero. Otro movimiento rutilante fue la adquisición por 190.000 dólares de una casa en el country San Juan, en Tigre, donde los hermanos Triana Peña construyeron un muelle por 130.000 pesos y una piscina por 845.000 pesos. En el Boletín Oficial del 7 de abril de 2010, Duarte Díaz aparecía como presidente de tres compañías: ITC, Agro Beef y Latin Fashion S.R.L. En ITC, Juan Fernando Gómez Cárdenas, colombiano también, fue inscripto como director suplente. Esta sociedad anónima era una de las firmas con más movimiento, a tal punto que, en febrero de 2015, firmó un acuerdo con El Porvenir por el cual el club de fútbol de Gerli, Lanús, recibiría 2.160.000 pesos a cambio de ceder el 70% de los derechos económicos de sus jugadores en caso de transferencia. Cuando se produjo la serie de allanamientos, en abril de 2016, en las instalaciones de El Porvenir se encontraron dos facturas (una de febrero y otra de abril de 2015) en las que constaba el pago de 200.000 pesos por parte de la sociedad de Duarte Díaz al presidente del club, Enrique Merelas. Asimismo, en la causa se encuentra acreditado que, por medio de Ciudad Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Duarte Díaz movió 410.000 pesos en 2013. Asociado a Ciudad Cooperativa, también estuvo el colombiano Jesús Humberto «Chucho» García Herrero, quien lavó 2.197.000 pesos entre septiembre de 2013 y octubre de 2014. En toda la actuación judicial no emergió nada referido a la serie de documentos hallados en la caja fuerte situada en el piso 7 de Viamonte 611. Estos exponen que el Municipio de Vicente López, a cargo de Jorge Macri, primo del presidente, podría haber formado parte de la cadena de lavado. Entre los papeles resguardados por la banda figura un comodato por noventa días, renovables automáticamente, rubricado el 1 de junio de 2012, en el que se estableció por medio de 14 cláusulas y condiciones acompañadas por la firma del intendente Macri y el mencionado Duarte Díaz, la entrega de las luminarias (12 TSC/Bang Bell Electronics CO LTD y 3 ITC S.A./Bang Bell Electronics) y acoples (15 en total). Se deduce que las luminarias prestadas fueron el paso previo a la compra, ya que también había una factura B por 203.193,27 pesos. Se trató de un contrato entre «International Trade & Comerce S.A., domiciliada en Viamonte 611, 7º piso, oficina “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada LA COMODANTE, representada en este acto por el Presidente del Directorio, Sr. Carlos YORELMY DUARTE, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Vicente López, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Sr. Jorge MACRI, con domicilio en Av. Maipú Nº 2609 Olivos, Partido de Vicente López, en adelante denominada LA COMODATARIA».

En el «Anexo I», se informan la cantidad y las marcas de las luminarias. Pero no es el único archivo que compromete a Macri. Hay un segundo documento que consiste en un préstamo, labrado el 11 de junio de 2013, de ITC a la Intendencia. «Por medio de la presente, se deja a modo de préstamo por el plazo de 30 días una (1) luminaria led marca ITC modelo LU2 para ser probado. El valor del equipo según el presupuesto Nro 2013-2095-1 con fecha 29/5/2013 es de u$s 997,47 por Unidad», dice el primero de ellos. En el mismo, aparece la firma del gerente de Operaciones de ITC, Néstor Zanardi. En tanto que por parte del municipio se estampó el sello de la Dirección de Electromecánica, a cargo de Roberto Rodríguez. Analista en Sistemas de la Universidad Nacional de Luján, Zanardi habría abandonado ITC para convertirse en gerente de Seismonos S.A., de acuerdo con lo que informó por medio de sus redes sociales. Un dato llamativo es que el mismo día en que Duarte Díaz inscribía ITC, el técnico analista hacía lo propio con Megaenergy, junto con Michel Jeckeln, que en ese momento tenía 20 años. Ambos aparecen un mes después en Mapro Servicios. Luego, el vínculo se extendió, como mínimo a marzo de 2014, cuando el propio Duarte Díaz envió una misiva preguntando si «van a adquirir los 15 artefactos de iluminación pública, que fueran otorgados según Contrato de Comodato suscripto con fecha 1/06/2012». Un dato clave es que, ante el pedido del juzgado de Torres, los municipios de Berazategui y Avellaneda comunicaron que no registraban ningún pago cuyo destinatario haya sido ITC. No obstante, entre la documentación secuestrada, la única factura que hallaron fueron las mencionadas arriba. El 8 de abril de 2016, sin embargo, el municipio de Vicente López lo negó en un documento que lleva las firmas de la subcontadora Julia González y de la subdirectora de Despacho y Atención de Proveedores de la municipalidad, Lorena Aguirre. En tanto que la Dirección General de Contaduría, conducida por Claudio Panichelli, informó que, «conforme al Sistema RAFAM, no se ha emitido orden de compra alguna a la firma en cuestión». Fuentes con acceso a la causa señalaron que, si bien existe la posibilidad de que las facturas sean truchas, por los elementos que tenían era bastante probable que no. Al cierre de esta investigación, ITC, bajo el CUIT 30-71143337-2257, seguía figurando en la lista de proveedores de Vicente López*.

 

La pitonisa

A lo largo del tiempo, desde que el PRO se ha constituido en una clara opción de poder, Jorge Macri ha sido el centro de numerosas versiones respecto de distintas candidaturas en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país. Sin embargo, se mantuvo en Vicente López, más allá de que desde enero de 2016, a la par, se desempeña como presidente de Bapro. Las explicaciones son diversas, pero pueden sintetizarse en dos. Una, desde que Elisa Carrió desembarcó en Cambiemos, señala que su veto es innegociable para la líder de la Coalición Cívica. Otra indica que el propio Presidente teme un carpetazo que trunque cualquier movimiento. Fue la propia Carrió quien vinculó públicamente a Jorge Macri con el narcotráfico. «(Gustavo) Posse, (Sergio) Massa y Jorge Macri están impidiendo que se lo procese al fiscal (Julio) Novo, cuya secretaria es la esposa del abogado de los narcotraficantes, Broitman», lanzó la diputada nacional en el programa Animales sueltos, en junio de 2016. Broitman es Carlos y, según la chaqueña, aparte de ser abogado de Ibar Pérez Corradi, fue señalado como socio de Juan José Ribelli, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús y detenido durante casi una década por ser considerado el enlace clave de la conexión local para concretar el atentado contra la sede de la AMIA. Ante la pregunta del conductor del programa, Alejandro Fantino, respecto de «en qué podría proteger Novo a los intendentes», la referente de la Coalición Cívica no dudó: «En los delitos que cometen en sus propios distritos, porque son fiscales provinciales. Defraudación a la administración pública, coimas, qué sé yo. Estoy diciendo la verdad». ¿Quién es Julio Novo? El 28 de septiembre de 2015, el nombre del fiscal general trascendió luego de que se conociese que, por 4 votos contra 3, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios lo elevó a juicio político por el presunto encubrimiento de una red de narcotráfico en el norte de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, tras la denuncia del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Sandra Arroyo Salgado lo citó a indagatoria. Ya desde 2012, el fiscal de Pilar Luis Angelini venía denunciando que, desde la Fiscalía General de San Isidro, estaban colocando trabas para continuar las investigaciones sobre el doble crimen de Unicenter, el asesinato de un colombiano en San Fernando y la pesquisa sobre los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá. Angelini afirmó que Novo no proveyó elementos básicos necesarios para que se pudiera avanzar con la investigación de Henry de Jesús López, alias «Mi Sangre», como infraestructura, recursos humanos, medios de comunicación, entre otros. Asimismo, en el dictamen del procurador bonaerense Julio Conte Grand, reemplazante de María del Carmen Falbo, constaba que, «con respecto al doctor Angelini, las resoluciones tuvieron como finalidad sobrecargarlo en sus tareas y obstaculizar el avance de la investigación (…) (hubo) dilación y falta de diligencia en el trámite de la solicitud de viáticos para viajar a Colombia». Según el titular de la Procuración bonaerense, «el doctor Novo instauró un sistema persecutorio mediante la formación de numerosos sumarios administrativos y el inicio de demandas civiles, lo cual impactó negativamente en el avance de las pesquisas». También lo acusó de correr al fiscal Diego Grau de la investigación por el doble crimen narco del shopping Unicenter. Finalmente, hizo hincapié en lo señalado por Carrió, al mencionar que solicitó la reincorporación de Mariana Busse en la Fiscalía General de San Isidro, siendo designada como secretaria de gestión de la Oficina Fiscal del Distrito San Fernando. El marido de Busse, Carlos Broitman, fue el abogado designado por los Juliá para ejercer su defensa en la causa por contrabando de estupefacientes. Políticamente, distintas fuentes indicaron que Novo contaba con el respaldo de Sergio Massa, Gustavo Posse y Jorge Macri. Por eso no llamó la atención que entre los tres votos contrarios a su jury estuviese el del massista Mauricio D’Alesandro, para quien se trataba de una copia exacta de la realizada en 2010, la cual fue rechazada. «Es evidente que el Frente Renovador no quiere que avance esta causa por la estrecha relación entre Julio Novo y Sergio Massa», sostuvo Carrió, quien, a la vez, aseveró que había alrededor de un centenar de llamadas entre Malena Galmarini, esposa del senador nacional, y Novo. Galmarini lo negó. Como si tuviese propiedades sanadoras y, al igual que ante cada ataque de Carrió, al día siguiente de que su aliada lanzase las acusaciones Macri se reunió con su primo Jorge, para consolarlo y contenerlo. Eso sí, fue al modo PRO: por medio de una foto en Instagram. Finalmente, acorralado tras el procesamiento dictado por Arroyo Salgado y suspendido de su cargo, Novo decidió renunciar el 6 de julio de 2017. Acusó «razones de índole personal».

*En su defensa, voceros de Jorge Macri aseguraron: “La empresa se presentó como proveedora cuando Vicente López estaba cambiando todas las luminarias públicas a LED. El contrato de comodato era para que la empresa prestara 15 luminarias de ese tipo y se probaran. Se colocaron en una plaza del municipio, pero nunca se les pagó porque las luminarias no funcionaron, no servían para lo que pretendía el municipio. Por eso, finalmente, no se pagó ninguna factura”.