El Concejo Deliberante de General Pueyrredon avaló un nuevo aumento del boleto de colectivo, que pasará a costar $9,85. El sistema por el cual se brindó este golpe al bolsillo de los usuarios está colmado de irregularidades. Un análisis sobre los sistemáticos métodos a través de los cuales se dan estos aumentos y el ejemplo del 2016, para entender la complicidad entre empresarios, funcionarios, dirigentes sindicales y concejales.

Fotos: Jerónimo Gonzalez

Todos los años, en Mar del Plata, el boleto de colectivo aumenta, como mínimo, una vez al año. La complicidad entre empresarios, algunos investigados por la Justicia Federal, funcionarios públicos, concejales y el intendente de turno es clave para que un servicio, indispensable para la mayoría de trabajadores, trabajadoras y estudiantes, sea más costoso.

A principios del 2016 cada pasaje valía $5,90, cuando terminó el año costaba $7,97 y antes de que termine el 2017 costará $9,85. Es decir, un incremento superior al 66,9%. A pesar de que cada usuario deberá abonar $3,95 más, las empresas redujeron sus costos porque obtuvieron más subsidios por parte del Estado nacional y, según detallaron los estudios realizados por sus propios equipos de trabajo, recorrieron menos kilómetros de los que se comprometieron a realizar.

Para avalar el último aumento los empresarios solicitaron que el boleto cueste $10,99, el Gobierno de Carlos Arroyo determinó que debe valer $9,85 y los concejales aprobaron el aumento en tan sólo 48 horas.

El ejemplo del 2016 puede servir para entender la complicidad entre empresarios, funcionarios públicos y concejales:

 

Tratamiento express

Para que el boleto de colectivo aumente la Cametap (Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros) debe presentar una nota en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon detallando cuánto debe costar y cuáles son los motivos para volver a encarecer el servicio.

La situación siempre es la misma: los empresarios piden un determinado monto, los concejales lo niegan, aduciendo que es demasiado alto el incremento, pero aumentan el boleto cerca de un peso.

El 14 de abril del 2016, el Concejo Deliberante avaló el aumento del boleto a $6,86. Dos días después, el vocero de la Cametap, el joven abogado Lucio Aval, salió por los medios de comunicación asegurando que no descartaban pedir otro aumento por “los índices inflacionarios” que azotaban al país y el inminente cierre de la paritaria gremial.

A pesar del reclamo de los empresarios, el nuevo incremento debió esperar unos meses pero terminó siendo otorgado el 29 de diciembre. Desde este entonces, cada pasaje de colectivo cuesta $7,97.

Para determinar el precio de la última tarifa, la Municipalidad realizó un estudio de costos que fue firmado por el secretario de Gobierno del intendente Carlos Arroyo, Alejandro Vicente, el Director General de Transporte, Claudio Cambareri, y por integrantes del Departamento de Transporte Urbano.

Para que el expediente sea tratado por los concejales en el recinto debía pasar por dos comisiones claves: Transporte y Tránsito; y Legislación, Interpretación y Reglamento.

El 19 de diciembre, cerca de las 10 de la mañana, el presidente de la comisión de Transporte, el radical Nicolás Maiorano, informó a los otros integrantes de la comisión que había llegado el estudio de costos.

Ante esta situación, los ediles no oficialistas solicitaron la postergación de su tratamiento, para que el expediente quedara en comisiones. Los opositores querían ver el expediente y solicitaron que los funcionarios encargados de realizar el informe brindaran detalles y evacuaran dudas respecto al mismo.

Maiorano, en su carácter de presidente, negó el pedido porque ya contaban con los votos para aprobarlo. Gracias a la mayoría oficialista, se aprobó en la comisión de Transporte el aumento, para luego girar a la comisión de Legislación.

Ese mismo día, el expediente llegó a Legislación, comisión que también contaba con mayoría de la alianza electoral Cambiemos. En menos de seis horas, un legajo que debía ser analizado y defendido por quienes lo elaboraron, pasó todas las trabas deliberativas y fue tratado en el máximo órgano democrático que tiene la Municipalidad de General Pueyrredon.

En contrapartida a esta situación, el proyecto que busca implementar el boleto gratuito para los estudiantes universitarios está cajoneado desde el 2015.

 

Irregularidades

En el estudio de costos realizado a principios del año 2016 para justificar el primer el incremento de la tarifa, que llevó el precio del boleto de $5,90 a $6,86, la Dirección General de Trasporte indicó que las empresas habían recorrido un total de 36.126.476 kilómetros durante el 2015.

En el posterior estudio realizado en diciembre de 2016, refirieron que las empresas recorrieron 34.596.524 kilómetros. Es decir, que los colectivos que transitan por los barrios de General Pueyrredon recorrieron un millón y medio de kilómetros menos de lo estipulado. Con este dato se evidenció que las empresas no cumplieron con la frecuencia mínima establecida en la ordenanza municipal N° 16.789, que regula el llamado a licitación del Servicio Público de Transporte.

Javier Salinas se desarrolla profesionalmente en la actividad de la salud pero hace más de una década que se dedica a analizar el valor del boleto del colectivo en General Pueyrredon. “Cuando comencé todo se manejaba en las sombras, muchos secretos entre los concejales y empresarios”, afirmó Salinas.

“En mis estudios de costos le doy la ventaja a los empresarios de no analizar el valor de los neumáticos, seguros y gasoil. De todas formas, los números siempre juegan a favor de ellos”, dijo. El informe de Salinas se basa en tres pilares: el consumo del combustible de las unidades, la rentabilidad empresarial y el ajuste por metodología provincial.

“En estos tres tópicos siempre hay una diferencia del 25%. El consumo del gasoil declarado por los empresarios es de 0,41 litros por kilómetro, mientras que el consumo que está detallado en la ordenanza es de 0,35 litros por kilómetros. Según la ordenanza N°16.789, la rentabilidad de los empresarios debe ser del 7%, pero ellos utilizan una rentabilidad del 11%. Por el ajuste por metodología provincial, un análisis que surgió al momento de hacer la ordenanza que compara el valor del boleto en La Plata con el de la ciudad, deberían reducir un 15% el valor de la tarifa, algo que sólo se aplicó en el estudios de costos del 2007 y después no se hizo más”, detalló Salinas.

En esta misma línea, el exconcejal José Cano aseveró los mismos fundamentos en el tratado del aumento del boleto de colectivo a $7,97: “El primer tema era el rendimiento del combustible; el pliego de condiciones plantea un rendimiento que es superior al rendimiento que está en la metodología. El segundo tema era la rentabilidad empresarial; la metodología utilizaba una rentabilidad empresaria del 11% cuando el pliego de bases y condiciones hablaba de un 7%”, afirmó en esa oportunidad ante los ediles de Cambiemos que avalaron el incremento.

En esa misma sesión, el actual edil por el Frente para la Victoria, Balut Tarifa Arenas, detalló otras irregularidades: “El lavado y engrase que en relación al último aumento subió un 100%. Para tener un poco más claro en números, en enero el lavado y engrase salía $570 (o al menos eso nos dijeron) y hoy sale $ 1.115. Un abogado en lo laboral en enero ganaba $10.000 y hoy, según lo que está escrito en este estudio de costos, gana $36.000. Un contador público que en el mes de enero cobraba $10.000 por mes, hoy cobra $72.000, eso representa un 700% de aumento prácticamente”.

Por otro lado, en el estudio de costos presentado ante el municipio, se tomaron en cuenta vehículos más caros de los que realmente están en uso ya que en el expediente figura que la totalidad de los colectivos son Mercedes Benz OF 1724, los cuales tienen un valor de mercado de $2.420.000, aunque los que circulan realmente en la vía pública sean Mercedes Benz OF 1418, que tienen un valor de $2.090.000. De esta manera se aumentó falsamente el capital invertido por los empresarios en la suma de $137.610.000, ya que los empresarios aducen tener 417 colectivos circulando. Esta falsedad genera un aumento injustificado en el estudio de costos, lo cual derivó en una de las variables que hizo aumentar el boleto. Además, este ítem afecta directamente el supuesto costo que las empresas tienen en mantenimiento de las unidades y lo que abonan por el seguro de las mismas.

Según la resolución N° 1176/14l 2014 de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), el consumo de gasoil del Mercedes Benz 1418 es de 0,39 por kilómetros, mientras que el Consumo del Mercedes Benz 1724 es de 0,50 por kilómetro.

En el último estudio de costos se toma el vehículo de mayor valor para el cómputo y determinación de la depreciación del material rodante y el capital invertido por las empresas. Pero para determinar cuánto gasoil consumen se tomó el valor de lo que consume el Mercedes Benz 1418.

Si el vehículo realmente usado para brindar el servicio es el M. Benz N°1724, los empresarios se verían perjudicados en 3.805.587,94 litros de combustible por año. Los dueños de las empresas se ahorraron aproximadamente 58 millones de pesos.

Sin papeles

En los estudios de costos elaborados por la Cametap y por la Municipalidad es notoria la ausencia de datos respaldatorios de los números e índices que utilizan.

En la nota de solicitud de aumento presentada por los empresarios el 9 de diciembre del 2016 se asegura que el precio por cubierta es de $8.633, mientras que en el estudio de costos realizado por el municipio al otorgar el primer aumento a principio del año pasado, donde se utilizaron valores del 2015, se tomó como valor del neumático la suma de $9.265. Esto significa que un año antes el municipio asignó a las cubiertas un valor superior para justificar el aumento.

En el último estudio de costos realizado por la Municipalidad se les asignó a las cubiertas un valor de $7.820. Curiosamente, a fines del año 2015 y principio del año 2016, el precio por cubierta fue de $ 9.265, mientras que a fines 2016 el precio fue de $7.820. Es difícil creer que en el proceso inflacionario que atraviesa el país un producto cueste cerca de 1500 pesos menos de lo que valía 365 días tras.

Además, en el último estudio los empresarios no adjuntaron las facturas para comprobar cuánto pagan de servicios de seguridad y de gastos mecánicos. En el año 2015 presentaron facturas truchas y los mecánicos monotributistas tenían el mismo domicilio que la empresa 25 de Mayo (Constitución 10250).

 

Choferes fantasmas

Según la ordenanza que regula la concesión del servicio, por cada colectivo debe haber 2,5 choferes por día. Si se multiplica este número por los 417 vehículos que las empresas aseguran tener, el total de choferes asciende a 1042.

Sin embargo, cuando los empresarios solicitaron el aumento, presentaron formularios 931 —una declaración de línea frente a la AFIP que sirve para liquidar los aportes y contribuciones de los empleados— por un total de 944 choferes; lo que da un faltante de 98 trabajadores. Por lo tanto, hay 39 micros sin chofer.

Este faltante de choferes afecta directamente las frecuencias y está vinculado con la existencia de los choferes fantasmas, que está siendo investigado actualmente por la Justicia Federal.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata comenzó investigando a las empresas de transporte “12 de Octubre”, “Peralta Ramos”, “25 de Mayo” y “El Libertador” por inscribir personas en la AFIP como choferes de colectivo, pero los supuestos trabajadores no estaban al tanto de la situación o realizaban tareas en “negro” dentro de las empresas.

Según las primeras investigaciones, encabezadas por el fiscal Fernando Berlingeri, los empresarios recibieron durante enero, febrero y marzo de 2016 más de $11.400.000 en subsidios por parte de Nación, pero cerca de la mitad del dinero lo habrían recibido de forma irregular.

De la empresa “25 de Mayo”, 107 personas fueron citadas para declarar, pero sólo se presentaron 39 porque muchos de los trabajadores no pudieron ser contactados o se negaron a hablar. De esos 39, solamente 5 cumplían tareas de chofer y dos no sabían que estaban en blanco. Los otros 35 no mantenían vínculo con la empresa o trabajaban en otra área en negro.

De las otras empresas, “12 de Octubre”, “El Libertador” y “Peralta Ramos”, citaron 170, pero sólo asistieron 63. En esos casos, 14 estaban registrados en la AFIP y no lo sabían, 23 no se desempeñaban como choferes y 10 no tenían ningún tipo de vínculo. Por cada “trabajador” que los empresarios registraban en la AFIP recibían 14 mil pesos por mes en subsidios.

Con las primeras declaraciones de los “choferes fantasmas” al fiscal Berlingeri se puede calcular que los empresarios recibieron $3.267.000 en subsidios. Pero según los cálculos que hicieron desde la fiscalía provincial, la suma, si se mantiene la tendencia con las personas que no pudieron contactar, ascendería a los $6.000.000.

El aumento de choferes impactó directamente en el coeficiente del subsidio que el Ministerio de Transporte de la Nación le brinda a las empresas que están en ciudades turísticas. Los mismos se distribuyen un 10% por la cantidad de kilómetros recorridos, el 20% por el número de colectivos que tienen y el 70% por los choferes.

Los formularios presentados en la AFIP fueron firmados por el contador Federico Pomero, por el empresario Juan Inza por la “25 de Mayo”, “12 de Octubre” y “Libertador” y Diego Basílico en representación de la empresa Peralta Ramos.

Como los subsidios entregados por el Ministerio de Transporte afectaron las arcas del Estado nacional, la causa pasó al Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata a cargo del juez Santiago Inchausti.

Luego de una serie de allanamientos, abrir cajas de seguridad, donde se secuestraron más de 400 mil dólares termosellados e intentar indagar a gerentes y directivos de la empresa, el juez federal procesó Juan María Inza (padre e hijo), Diego Hernán Basílico, Federico José Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga por considerarlos “prima facie coautoras penalmente responsables del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”

Según las investigaciones de la Justicia federal, los empresarios no defraudaron al Estado por 6 millones de pesos sino que lo hicieron por 16 millones. Luego de los allanamientos y del proceso de investigación detectaron que habían sido más las personas inscriptas en AFIP para poder recibir mayores subsidios.

De todas formas, los seis empresarios procesados no tienen prisión preventiva y es probable que no sean condenados a una pena que los haga pasar por una estadía en algún penal del país.

Complicidad política y sindical

Sin importar cuál sea el partido que esté gobernando, los pedidos de aumentos solicitados por los empresarios siempre son acompañados por la mayoría de los concejales.

Cuando son oposición se niegan al incremento. Cuando son oficialismo lo avalan.

Durante la gestión de Gustavo Pulti, los radicales que hoy ocupan el espacio de Cambiemos se oponían al “tarifazo”. En el último tratamiento fueron una pieza clave para que el boleto cueste $7,97.

Desde Acción Marplatense la situación no es muy distinta. Cuando asumieron al frente de la comuna, el boleto costaba $1,17. La mayoría de los aumentos fueron avalados por la totalidad de sus concejales.

Pero en la actualidad, que les toca ser oposición, denuncian irregularidades y sostienen que los estudios de costos no son veraces.

Explicito es el caso de Marcelo Artime que mientras ejercía la presidencia del Concejo Deliberante avaló aumentos en la tarifa del colectivo y hoy, que quiere posicionarse como un candidato opositor bajo el ala de Gustavo Pulti, denunció las irregularidades en el estudio de costo y le pidió a la Justicia que anule el aumento.

Otra pieza clave para lograr el aumento del boleto de colectivo es el protagonismo que toma la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio, comandado por Sergio Medina, sindicalista de Rolex en muñeca izquierda que maneja un Volskwagen Vento 2016, realiza manifestaciones en la puerta de la Municipalidad cada vez que se va a tratar el expediente.

“Si no se otorga el aumento, habrá despidos porque los empresarios no pueden mantener los costos”, se lo escuchó pronunciar más de una vez a Medina. Además, en todas las manifestaciones amenazaron con suspender el servicio si los ediles no avalan el incremento. Protestas que son acompañadas por barras e hinchas de Alvarado que llegan hasta el centro de la ciudad con las unidades de colectivos que deberían estar prestando el servicio a los usuarios.

El aumento siempre vuelve

A pesar de las investigaciones de la Justicia, de las palabras de los ediles opositores, de los reclamos de los vecinos y del deficiente servicio que brindan, los empresarios lograron que el boleto vuelva a aumentar.

Hace una década que todos los años el boleto en Mar del Plata se incrementa. Por lo tanto, no importa en qué momento del año estemos, sabemos que el costo del boleto volverá a aumentar en los próximos meses.