La deuda sobre la deuda

Con el pago a los fondos buitres, avalado por el Parlamento nacional, el Estado incurrió en un nuevo fraude para con la sociedad argentina. Endeudamiento público, ajuste y violencia son palabras que explican lo que pasó y estructuran el otro debate: el de la necesidad de suspender los pagos e investigar la deuda externa.

Ilustraciones: Kundo Krunch

Con el acuerdo del Parlamento argentino para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitre”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

El monto en cuestión suma 12.500 millones de dólares, que es el monto estimado para cancelar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública. Así, el stock de deuda pública de la Argentina alcanzaría los 300.000 millones de dólares. El argumento gubernamental es que cerrando el default incurrido desde 2001, se habilita a nuevas rondas de préstamos. En ese sentido, vale afirmar que esa situación agravará la hipoteca que pende sobre nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca. Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano, ahora derogada a petición de la justicia de EEUU y los organismos internacionales del sistema financiero mundial. Solo así se podía habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral de investigación de la deuda que establecía la ley de pago soberano, incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015, aun cuando, sin debate en el Congreso argentino, un informe fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es importante señalar que nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y al mismo tiempo se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso. Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer, con el kirchnerismo en el gobierno, se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos recurrentes de la “alegría” para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia. Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas.

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Deuda y ajuste caminan juntos

La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población, por lo que ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos supone un camino alternativo, y claro, mientras se audita la deuda, los pagos deben suspenderse. El partido de la deuda avanzó en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda. Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

En sentido contrario, hace muy pocos días, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con el acuerdo parlamentario existe la probabilidad de continuidad de litigios contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver, vía endeudamiento, la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que queda claro en las reuniones del presidente con los gobernadores, empresarios y sindicalistas que a cambio de ciertas concesiones corporativas, promueve el consenso político a una gestión de ajuste y endeudamiento con severas consecuencias regresivas para la mayoría de la población. Los gobernadores reciben promesas de anticipo de fondos de coparticipación a cambio del disciplinamiento de sus legisladores provinciales. A los empresarios les libera las condiciones de mercado para mayor rentabilidad vía incremento de precios. A la burocracia le transfiere recursos de la seguridad social para contener el conflicto. Todo para lubricar en la burocracia política, empresarial y sindical el apoyo al ajuste y al endeudamiento.

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El programa de máxima es la liberalización

No se trata de deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país. La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en la perspectiva de una protesta, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias, los despidos y suspensiones, como los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 11,9% entre enero y marzo del 2016. La proyección anual dispara un 35% y con la aceleración de abril, del 6 al 8%, el guarismo puede superar el 40%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico y el Tratado Transpacífico –TPP-,  instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005. La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno de Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por un nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante el conflicto, represión y protocolo de seguridad.

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Nueva deuda para pagar la vieja

El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que se destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa sentencia judicial se prueba el carácter fraudulento de la deuda. La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrán crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres. Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes. En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja las posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar, con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial. Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista. El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado. El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

¿Qué hacer?

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años. La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos.

Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y hay sobrados elementos para creer que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

 

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