Los fachos

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue el brazo armado de la Triple A en Mar del Plata. Entre marzo de 1975 y febrero de 1976 sembraron el terror en cada una de sus formas. Secuestraron, asesinaron, persiguieron y rapiñaron bajo la tutela del Estado. Cuarenta años después de aquellos crímenes, once de sus integrantes deben responder ante la Justicia. Crónica al interior del terrorismo antes del Golpe.

Los fachos I

Fotos: Marcelo Nuñez

―Quiero la cabeza de los responsables acá.

La orden es clara. Ernesto Piantoni, peronista, líder de la Concentración Nacional Universitaria y abogado de la CGT fue asesinado por un comando montonero. En un rincón, a pocos metros del féretro, la mujer está sentada y habla casi sin mover la boca. Su interlocutor escucha con la mirada en el suelo y asiente con la cabeza. Gustavo Demarchi, el mejor amigo del muerto, comunica el deseo de la viuda. Sobre el cajón donde descansa el cuerpo se planea la venganza. Serán cinco de ellos por uno de los suyos.

Cientos de coronas inundan la sala con olor a flores que con el correr de las horas pierden aroma y color. Particulares, abogados, empresarios, sindicatos y trabajadores enviaron sus condolencias. Se amontonan en la puerta de la funeraria para saludar a los deudos. El paro general dictado a las cuatro de la tarde dejó vacía la ciudad. Por respeto al muerto o por miedo, nadie sale de sus casas si no es para ir al velorio. Un grupo de hombres se mantiene lejos de la luz mortecina del salón. No se lamentan, no lloran, se miran unos a otros. Aguardan una orden, una señal.

Afuera, sobre la calle Hipólito Yrigoyen esperan los autos. Un rubio que lleva pantalón y saco de vestir ocupa el centro de la escena. Jorge El Polaco Dubchak llegó desde La Plata con los fierros y ahora ordena quien debe subir a cada vehículo. Atrás lo sigue Patricio Fernández Riveros, le dicen El Patriarca y es el líder nacional de la CNU. Tiene una seña inconfundible: parte del brazo izquierdo lo perdió el 20 de junio de 1974 cuando en un auto, repleto de armas y explosivos, volcó a pocas cuadras del Ministerio de Bienestar Social en Buenos Aires.

Eduardo Ullúa, Carlos Flipper González, Mario Durquet, Gustavo Demarchi, Fernando Delgado, José Luis Piatti, Raúl Moleon, Fernando Otero y Raúl Viglizzo se reparten en algunos Falcon y en un Peugeot 404 amarillo. Las armas largas asoman los caños por las ventanillas y el chirrido de las gomas interrumpe el silencio de muerte. La madrugada del 21 de marzo de 1975, la caravana sale de la casa velatoria Sampietro en busca de venganza.

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El huevo de la serpiente fue la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Carlos Disandro, filólogo y teólogo peronista cumplió la orden que el general Perón le envió desde Madrid. Debía propagar la doctrina Justicialista y los principios de la Comunidad Organizada entre los estudiantes y trabajadores. La CNU fue una de las primeras organizaciones estudiantiles en reconocerse peronista en la década  del  60 y la conducción quedó en manos del yerno de Disandro: El Patriarca Fernández Riveros. Todo pensamiento que estuviera por fuera de la línea ideológica “San Martín, Rosas, Perón” era de “izquierda, zurdo e infiltrado” y debía ser destruido.

“No me acuerdo de una ideología fuerte detrás de la CNU. Leían la saga Los centuriones, los pretorianos y los mercenarios del francés Jean Larteguy y, de Leopoldo Marechal tomaban eso de la ‘mujer celeste’. Ellos, en general, se casaban  o trataban de encontrar mujeres vírgenes. Muchos tuvieron hijas que les pusieron Celeste de nombre”, recuerda Mirta Masid, exmujer de Carlos Flipper González.

González fue uno de los pistoleros de la CNU. Participó en al menos diez asesinatos. Siempre hablaba de los pretorianos que en palabras de Larteguy, eran aquellos que hacía la guerra por la guerra misma.

El 6 de diciembre de 1971, la CNU tuvo su bautismo de fuego en Mar del Plata. Silvia Ana Filler fue asesinada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Un grupo de la CNU ingresó a golpes y tiros a una asamblea y la estudiante de 18 años recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida. Los autores materiales del crimen, Oscar Héctor Corres y Juan Carlos Gómez, fueron condenados y liberados en 1973 con la amnistía a los presos políticos dictada por  Héctor Cámpora.

El motivo de la asamblea fue la expulsión de los alumnos de Arquitectura, Hugo Roberto Torrado y Rafael San Martín, quienes habían arrojado una pastilla de gamaexane en la clase de un docente de la cátedra de Construcciones. Ese lunes el aula magna de la Facultad de Arquitectura, ubicada en Diagonal Alberdi 2621 ―donde actualmente funciona el Rectorado― estaba repleta. Cerca de las 19 comenzó el debate. Silvia estaba sentada en una de las gradas junto a su amiga Beatriz Hinojal. De la nada, al menos 16 personas ingresaron al aula magna. Entre ellos Raúl Viglizzo, Marcelo Arenaza, Carlos Eduardo Zapatero, Eduardo Salvador Ullua, Fernando Federico Delgado, Héctor Corres y Juan Carlos Gómez.

En medio de la pelea, Corres y Gómez dispararon en varias oportunidades contra los 300 alumnos reunidos. Silvia no alcanzó a tirarse al piso y una bala la alcanzó.

Después del crimen de Filler, la CNU se desbandó, pero con la liberación de algunos de sus referentes en mayo de 1973, logró reagruparse. El Servicio de Informaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires aseguró que, entre agosto y septiembre de 1973, la CNU contaba con unos 30 miembros. Las pintadas por la muerte del líder de la CGT, José Ignacio Rucci, marcaron el regreso de “los fachos” a las calles del centro. “Rucci leal te vamos a vengar” y “Guerrilla traidora te llegó la hora”, aparecieron en muchas paredes de la ciudad. La firma: CNU.

A partir de la muerte del General Perón, la Concentración Nacional Universitaria se convirtió en un apéndice de la Alianza Anticomunista Argentina ―Triple A― en Mar del Plata y comenzó una cacería que tenía por objetivo la eliminación del ala izquierda dentro del peronismo.

El grupo de “los fachos” que se reunía en la cervecería Old Dutch de la familia Hooft, en la esquina de Belgrano y Mitre, se convirtió en un escuadrón de la muerte paraestatal. Cambiaron las cachiporras y las débiles armas de puño por potentes ametralladoras, fusiles y pistolas que proveían de la Triple A.

 

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Pacho se sabe una presa para la patota de la CNU. Juan Gasparini, su referente político dentro de la orga, se lo advierte.

Pacho me avisan que salieron varios autos de La Plata con gente pesada que vienen para “arreglar” lo que pasó con  Piantoni. ¿Tenés un lugar seguro donde pasar la noche?

―Quedate tranquilo. Hoy no duermo en casa.

Hace pocas horas que la radio confirmó que el abogado Ernesto Piantoni murió desangrado en la Clínica Modelo tras ser baleado en una emboscada en la esquina de Formosa casi Güemes.  Gasparini y Enrique Pacho Elizagaray se despiden en alguna esquina de la ciudad. Nunca más se volverán a ver.

Pacho no va a pasar la noche en el viejo galpón de la fábrica de kayaks que comparte con Luis Rafaldi cuando las casas paternas no son lugar seguro. Es uno de los referentes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y su enfrentamiento con los matones de la CNU es público y notorio.

“La CNU se la tenía jurada a Pacho por su actividad en la política universitaria”, recordó Eduardo El Negro  Soares, abogado, exmilitante montonero.

La caravana de autos no disimula su presencia en las calles. Un Ford Falcon con una baliza en el techo abre camino, a gran velocidad atraviesa el microcentro y se dirige hacia la zona de La Perla. Pacho encabeza la lista de la venganza y los matadores ya saben dónde se esconde.

Elizagaray se siente seguro en la casa de la familia Videla. Su tío, Jorge Enrique es un oficial retirado del Ejército y se tranquiliza pensando que es difícil que lo busquen en ese lugar. Se equivoca. Son entre 15 y 20 personas, todas están armadas. Un grupo rodea la casa y ahuyenta a los curiosos que se asoman por las ventanas vecinas: “Policía Federal, métase adentro”.

Pacho salta de la cama cuando siente el primer golpe contra la puerta de entrada. Se calza e intenta escapar. Los hombres ya están adentro. Se dicen policías y reducen a toda la familia. Videla les dice que tengan cuidado con las armas que son peligrosas. Sus hijos Guillermo Enrique y Jorge Lisandro están a su lado, inmóviles. Sienten movimiento arriba del techo y una voz de alto: “No te muevas que te mato, no te muevas que te mato”. Todos tiran y Pacho muere antes de tocar el suelo. Recibe 28 disparos de distintos calibres.

“Ustedes vienen con nosotros”. Videla y sus dos hijos salen de la casa en fila con las manos en alto. Jorge Lisandro tiene 22 años, trabaja en el ACA y milita en la JP. Su hermano Guillermo cursa quinto años en el Mariano Moreno, tiene 16 años y pertenece a la Unión de Estudiantes Secundarios. Padre e hijos son encontrados en la esquina de las calles 176 y 54, un descampado del barrio Montemar. Los cuerpos cuentan más de veinte disparos cada uno, son de calibre 12, de 9 milímetros y de pistola 11.25. Será la marca distintiva de los verdugos de la CNU. “Todos tiran. Todos quedan comprometidos”.

La caravana de sangre y muerte no se detiene y va por otra víctima para completar el 5 por 1. En la otra punta de la ciudad, el cirujano Goldemberg duerme junto a su esposa Alicia y a su hijo, nacido hace dos meses, pero los gritos que vienen de la planta baja interrumpen el sueño. “Policías, quédense tranquilos”. Es todo lo que dice uno de los cinco hombres que entran a la casa. Visten bien, pelo corto. Roban algunas cosas. José Luis Piatti y Flipper  González manotean una botella de whisky Chival Regal que se tomarán algunas horas después, mientras le cuentan a Mirta Masid cómo mataron a Pacho Elizagaray.

En junio de 1973, Bernardo Goldemberg fue liberado de culpa y cargo con la amnistía para los presos políticos. Había sido detenido junto a su primera mujer, una militante de las Fuerzas Armadas de Liberación. Ahora estaba casado en segundas nupcias con Alicia Elorz y el matrimonio decidió dejar La Plata e instalarse en Mar del Plata para iniciar una nueva vida. Tenía un trabajo en la vieja Clínica Central y habitaban un chalet de dos plantas en Falucho al 3600.

“A su marido lo puede ir a buscar más tarde a la Delegación de la Policía, señora”, dice la misma voz que se presentó como policía. Goldemberg es subido al Falcon que lleva la baliza sobre el techo. Minutos después de las seis de la mañana, algunos vecinos que viven cerca del camino a viejo a Miramar y la 93, escuchan varias detonaciones aisladas y una ráfaga de ametralladora al final. Cuando se asoman a la calle ven la caravana de autos escapar en dirección al centro.

Oficiales de la subcomisaría Peralta Ramos encuentran el cuerpo. La autopsia determina que Bernardo Goldemberg sufrió estallido de cráneo, destrucción del corazón, hígado y diafragma. La causa: un sinfín de disparos.

Los fachos 2

 

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Con un decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, Gustavo Demarchi fue designado fiscal federal de Mar del Plata el 29 de octubre de 1974. Siete días después nombró a Eduardo Salvador Ullúa como empleado de la fiscalía. El flamante ayudante había sido procesado por el crimen de Silvia Filler en 1971. Otro de los integrantes de la CNU que se sumó al equipo del fiscal fue Roberto Justel.

El lobo cuidaba de las ovejas. Los homicidios cometidos por la asociación ilícita comandada por Demarchi debían ser investigados por la Fiscalía Federal que él mismo comandaba. En cada uno de los casos, las investigaciones judiciales fueron cerradas en tiempo récord y sin ningún indicio de presuntos culpables. Los asesinos eran los encargados de archivar los expedientes.

Pasaron 40 años y para el fiscal Pablo Larriera, encargado de investigar los crímenes de la CNU, Demarchi fue el jefe de la asociación ilícita que cometió el 5 por 1 y otros tres crímenes.  Desde su función como fiscal garantizó la impunidad y brindó cobertura a los matadores.

En la causa 13.793, caratulada como “Averiguación delito de acción pública (CNU)”, se repiten muchos de los nombres que protagonizaron el crimen de Silvia Filler en diciembre de 1971. Desde el lunes 8 de junio son once los que se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

La investigación judicial determinó que integrantes de la Concentración Nacional Universitaria conformaron una asociación ilícita bajo el amparo de organismos del Estado para imponer el terror. El grupo tenía dos estamentos, “los ideólogos” ―conformado por Demarchi, Raúl Viglizzo, Eduardo Cincotta, Piero Asaro, José Luis Granel y Roberto Coronel― y “los operativos” integrado por Mario Durquet, Eduardo Ullúa, Fernando Delgado, Juan Carlos Gómez, Oscar Corres, Fernando Otero, José Luis Piatti y Carlos Flipper González.

Marcelo Arenaza, Daniel Ullúa, Juan Carlos Asaro, Ricardo Oliveros y Roberto Justel integraron la CNU, pero no entrarían en ninguna de las dos clasificaciones que realizó el fiscal Larriera. En cuanto a El Patriarca Fernández Riveros y Raúl Moleon, fueron identificados como hombres de acción dentro de la CNU, pero no residían en la ciudad. Ambos llegaron desde Buenos Aires para participar del 5 por 1.

 

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Daniel Gasparri es oriundo de Mar del Plata y Jorge Stoppani, de Balcarce. Se conocen a mediados de la década del 60 en La Plata, mientras cursan la carrera de Ciencias Económicas. La amistad trasciende los años de estudio y continúa en Mar del Plata, hasta el día de su muerte.

Daniel conoce a cada uno de los captores y ellos lo conocen a él. Se cruzaron en cientos de asambleas e infinitas discusiones y peleas. Daniel sabe que no tiene escapatoria y piensa en Jorge.  Grita que lo dejen en paz, que tienen que soltarlo porque no tiene nada que ver con nada, pero los verdugos son sordos a la hora de matar.

Los meten en el asiento de atrás de un auto y enfilan para el sur de la ciudad. Es 24 de abril de 1975 y de noche. Daniel recuerda el llamado que recibió su novia, Susana Salerno, en el que una voz anónima le había dicho que a Piantoni le habían disparado desde un Peugeot 504 igualito al de El Negro Gasparri. Ahora recuerda la advertencia de Susana: “Andate de la ciudad por unos días”, pero él prefirió quedarse porque no tenía nada que ver.

Flipper González viaja con él. No habla. Va armado y no le dirige la palabra. Daniel enumera para sí, las veces que se enfrentaron en asambleas de las juventudes peronistas. Las veces que estuvieron a punto de cagarse a trompadas en los enfrentamientos entre la Juventud Universitaria Peronista y la CNU. Le pide por Stoppani, pero González, nada.

El cuerpo carbonizado de Gasparri está en el asiento trasero de su auto Peugeot 504, igual de quemado. A unos siete metros, Ceconato Stoppani está tendido boca abajo. Tiene heridas cortantes en ambas muñecas e innumerables impactos de bala. Los oficiales de la subcomisaría Peralta Ramos que llegan hasta el paraje Lomas de Cabo Corrientes encuentran cápsulas servidas de 9 milímetros y 11.25 en la escena del crimen, la marca inconfundible de la CNU.

Susana Salerno y su primo Horacio Bartolucci intuyeron lo peor cuando supieron que Daniel había faltado al trabajo el 25 de abril de 1975. Cerca del mediodía reconocieron los cuerpos y el auto incendiado.

A ninguno le tiembla el pulso. Los fierros son una prolongación de sus manos. Se mueven tranquilos, se saben impunes. Todos tiran. El olor a pólvora es insoportable. A Stoppani lo dejan donde cayó, pero con Daniel hay saña. Flipper se la tenía jurada. Lo meten en el auto y lo hacen arder.

Los matadores comentan la valentía de su víctima. En el último momento, Gasparri les dice: “Muero tranquilo, convencido de mis ideas”.

Delgado, Ullúa y Otero se sientan atrás y, adelante, González y Piatti. Se aseguran que el fuego cumpla su trabajo y se van.

 

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La Universidad Provincial de Mar del Plata fue otro de los estamentos del Estado que les brindó cobertura a los integrantes de la CNU. En abril de 1975, la universidad fue nacionalizada y Josué José Catuogno fue designado rector normalizador. Los primeros decretos firmados por la nueva autoridad incluyeron a dos integrantes de la CNU. El 14 de abril nombró a Eduardo Cincotta como secretario general. Tres días antes, había designado al fiscal Demarchi como Coordinador Docente.

Con Cincotta y Demarchi al frente de la Universidad, al menos diez integrantes de la CNU prestaron servicios como personal de “vigilancia o seguridad” o en tareas de “refacción y pintura del edificio”. Su verdadera función era perseguir a los militantes de izquierda.

Todos los legajos del personal de la Universidad debían llevar una foto, pero con el objetivo de garantizarles la impunidad, esa regla no se aplicó a los pistoleros de la CNU. Incluso está demostrado que presentaron números de documento y domicilios falsos. Fernando Delgado, Eduardo Ullúa y Piero Asaro denunciaron el mismo domicilio: Hipólito Yrigoyen 2030, dirección de la sede de la CNU. A su vez, Mario Durquet dijo vivir en Corrientes 1728, estudio jurídico de otro integrante de la banda.

Más de una docena de testigos aseguran que en aquella época la CNU gobernaba cada rincón de la UNMdP. Revisaban carpetas, palpaban de armas a los alumnos, manejaban listas negras y tenían un salón en un subsuelo donde interrogaban con golpes y amenazas.

Otero y González ingresaron a la Universidad para realizar “tareas de seguridad y preservación de patrimonio”. En noviembre de 1975, los dos viajaron a San Juan para matar al diputado sanjuanino Ramón Rojas.

En la faena, González murió baleado y Otero fue detenido, juzgado y condenado. Ambos llevaban encima tarjetas personales del fiscal federal Gustavo Demarchi. La investigación del crimen llevó al juez de instrucción directo a la Universidad marplatense.

En aquel entonces, Lidia Ruggeri era la secretaria del rector. Y recuerda las amenazas de Eduardo Cincotta para que cambiara el texto de las resoluciones por medio de las cuales se daba cuenta que Otero y González eran empleados de la Universidad. Querían borrar cualquier huella que relacionara a las autoridades académicas con los matadores de Rojas. La mujer, que trabajó por más de 25 años en la Universidad, no cambió ni una coma de aquellos decretos.

 

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―Los perdono porque no saben lo que hacen.

Lo último que escucha es la burla de los asesinos. Un solo disparo y María del Carmen Coca Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, cae al piso. Uno de los sicarios no aguanta el asco y vomita. Se aleja de la escena a los tumbos y encorvado con la cabeza cerca del suelo. Respira, se ahoga, vuelven las arcadas y más vómito. Es su primer crimen, nunca vio matar ni morir.

El resto del grupo, con experiencia en el asunto, lo mira. Algunos lo putean por lo bajo y otros se ríen. Esta vez no es como las otras. No masacran el cuerpo. La orden es esconder  la evidencia bajo tierra, lejos de la ciudad.

Domingo Alfredo Maggi va hasta el destacamento de la Policía Federal. Los hombres que se llevaron a su hija dijeron pertenecer a esa fuerza y le explicaron que era un “procedimiento de rutina”. Lleva un estuche con medicamentos porque Coca es diabética y necesita insulina. Le dicen que no hay nadie detenido con ese nombre, él insiste. Les explica que fue a las dos y cuarto de la mañana, que eran varios hombres en un Peugeot 404 amarillo, en un Ford Falcon y un Chevrolet 400. El oficial lo escucha y le repite: “Acá no hay nadie con ese nombre”.

Recorre comisarías hasta que asoma el sol y, en la última, denuncia el secuestro de su hija. La causa cae en la fiscalía federal de Gustavo Demarchi. Los padres de Maggi hacen un identikit de uno de los captores. El fiscal y sus ayudantes lo reconocen: es Flipper González. Un solo medio lo difunde.

Según declara Mirta Masid, Durquet siempre se ufanó de haber sido el que mató a la “Gorda Maggi” y que se reía cada vez que recordaba eso de “los perdono porque no saben lo que hacen”.

Demarchi archivó la causa un mes después. El 23 de marzo de 1976, pocas horas antes del golpe de Estado a Isabel Martínez de Perón, unos baqueanos encontraron el cuerpo de Coca Maggi en cercanías de la laguna de Mar Chiquita. El expediente nunca fue reabierto.

 

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Las autoridades de la flamante Universidad Nacional de Mar del Plata están impacientes, quieren que se firme la fusión con la Universidad Católica lo antes posible. Los desvela la posibilidad de que eso no ocurra y cualquiera que ponga trabas al asunto debe ser corrido del medio. Terminar con la Católica, era terminar con los “zurdos” en la Universidad.

Desde 1973, la Universidad Católica había experimentado un gran cambio político de la mano de los estudiantes, en su mayoría militantes de los sectores revolucionarios del peronismo. Habían logrado modificar los planes de estudio y expulsar a viejos docentes con ideas retrogradas sobre la educación. Coca Maggi y el obispo de Mar del Plata, Eduardo Pironio, habían acompañado ese proceso. En 1975 tenían un nuevo desafío, lograr la gratuidad y el ingreso irrestricto.

Para la CNU, Coca era un doble objetivo. Primero, se oponía a la fusión de las universidades en los términos que planteaba las autoridades de la UNMdP. Segundo, la consideraban una “zurda” cómplice de los montoneros.

La primera advertencia llegó a través de unos volantes que arrojaron en inmediaciones de la Católica, en el pasaje Catedral. “Pironio usurero de los sucios Montoneros”. El crimen de Maggi fue un mensaje para el cura. Conocido el destino final de Coca, Pironio fue enviado a Roma, su vida no valía dos pesos en las calles de Mar del Plata.

El asesinato de la decana fue el golpe final de la CNU para lograr la fusión de las universidades y desmantelar la resistencia en el ámbito estudiantil. El tiro de gracia lo dará la dictadura meses después, pero eso ya es historia conocida.

Los fachos III

 

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Hace 40 años que asesinaron a los Videla, a Elizagaray, a Gasparri, Stoppani y Maggi. Son once los lugares para los acusados. En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal no cabe un alma. La calefacción aprieta la garganta. Algunos se hablan al oído, se respira tensión. Es el primer juicio a civiles en Mar del Plata.

José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Marcelo Arenaza llegan de sus casas, sin custodia. Están libres, pero deben responder por el delito de asociación ilícita.

Demarchi entra con la frente alta. Para la justicia carga con seis muertes, pero no siente el peso sobre sus espaldas. El excandidato a intendente por el justicialismo en 1983 recorre la sala de audiencias con la mirada. Desafía y después se sienta. Durante más de 30 años vivió sin pasado. Verse esposado delante de un tribunal no era una opción. Supo ser un abogado destacado y de gran influencia en el mundo judicial local. Logró el respeto de algunos y el miedo de muchos. Cuando la justicia le pidió explicaciones se enojó, insultó y gritó. Dijo que todo estaba armado y que se quedaría a enfrentar la infamia. En noviembre de 2010  escapó a Colombia, intentó refugiarse como una víctima de una red de narcotráfico internacional, pero no hubo caso. El 21 de septiembre de 2012, fue extraditado. Desde ese día está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz, en el pabellón para acusados por crímenes de lesa humanidad.

Juan Pedro Piero Asaro ahora es Isá. Es el nombre que adoptó como musulmán hace más de 10 años cuando todavía era el presidente de la Cámara de Libreros y uno de los hacedores de la Feria del Libro de Mar del Plata. El día que la Justicia ordenó su detención por el secuestro y crimen de Coca Maggi, cerró su librería y huyó. El primer destino fue una casa de campo para la comunidad musulmana en La Consulta, tierra rodeada de uvas malbec, al sur de Mendoza capital. Cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria le pisaba los talones, se encerró en una casa en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Allí fue detenido el 21 de diciembre. Permanece alojado en la cárcel de Batán, donde logró armar una pequeña mezquita.

Fernando Otero pasó gran parte de su vida tras las rejas. En 1971 fue expulsado del Ejército por atacar templos judíos junto a un grupo de militares y la amnistía para presos políticos dictada por Cámpora lo dejó en libertad. En noviembre de 1975 participó del asesinato del diputado sanjuanino Ramón Rojas, cumplió una condena de 15 años de prisión y regresó a Mar del Plata. Estuvo involucrado junto al exagente de inteligencia del Ejército, Ricardo Oliveros, en una presunta extorsión a familiares de desaparecidos por la dictadura y en noviembre de 2012, fue detenido en el barrio San José de Mar del Plata por los ocho crímenes cometidos por la CNU.

Mario Durquet y Raúl Moleon fueron detenidos al mismo tiempo. Ambos desarrollaban sus vidas en Capital Federal. El primero como docente y el segundo como fotógrafo. Integró la planta de reporteros gráficos de la editorial Perfil y sus compañeros siempre olfatearon olor a servicio. Para la Justicia, Durquet participó en los ocho asesinatos y fue quien disparó contra Coca. Moleón, viajó en la caravana que llegó el 20 de marzo de 1975 para cometer el 5 por 1.

El Petiso Raúl Viglizzo se entregó a mediados de enero de 2014. “Estoy cansado de estar escapando”, le dijo al fiscal de la causa y se negó a declarar. Hasta ese día, el programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrecía 300 mil pesos por algún dato sobre el prófugo. Viglizzo es señalado como uno de los ideólogos de la CNU y uno de los integrantes de la patota que participó del 5 por 1. Permanece detenido en Marcos Paz.

José Luis Piatti, y el rector de la Universidad Provincial de Mar del Plata, Josué José Catuogno, murieron sin que la justicia pudiera echarle mano.  Patricio Fernández Riveros no está muerto pero una afección psiquiátrica lo mantiene fuera de sí y no está en condiciones de enfrentar un juicio.

Carlos Flipper González murió matando. Fue parte de la partida que en noviembre de 1975 viajó a San Juan para matar al diputado Ramón Rojas para que no presentara un proyecto de ley que atentaba contra los negociados de un sector del sindicato de vitivinicultores. El legislador sanjuanino no se fue solo de este mundo. Fue más rápido que González a la hora de desenfundar.

Con la irrupción del golpe de marzo de 1976, Fernando Delgado, Eduardo Ullúa y Eduardo Cincotta integraron los grupos de tareas del Ejército en la subzona militar XV dependiente del GADA 601. Para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, eran  los “recuperables”.

Ullúa y Cincotta  se desempeñaron el área de inteligencia. Aportaban datos sobre militantes de izquierda que luego serían secuestrados, torturados y desaparecidos.

Delgado participó del secuestro del secretario de sindicato de Prensa Amílcar González, el 25 de marzo de 1976. A punta de fusil, sacaron al gremialista de una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Días después, Graciela Lanfranconi, esposa de González, vio a Cincotta, vestido de fajina en la oficina del jefe de la subzona militar XV, coronel Pedro Alberto Barda, cuando acudió al regimiento para saber sobre el paradero de su marido.

Ullúa fue detenido por la Operación Langostino, una banda que intentaba traficar casi 600 kilos de cocaína que fue desmantelada en 1988. En la cárcel estudió Derecho. Sus primeros trabajos fueron con sus viejos amigos del Sindicato Vitivinícola en San Juan y trabó una sociedad non santa con Sergio Schoklender, su excompañero de celda. Junto con Delgado permanece prófugo desde 2008 cuando la Justicia los mandó a detener por los crímenes de la dictadura. Luego se sumó la captura por la causa CNU y siguen sin aparecer. La Justicia ofrece 500 mil pesos por algún dato sobre su paradero.

El 16 de septiembre de 2008, la Policía Federal sacó esposado de su estudio jurídico a Eduardo Cincotta. Debía responder por su actuación en el secuestro de un grupo de abogados laboralistas ocurrido entre junio y julio de 1977, conocido como La Noche de las Corbatas. El mismo día que cumplía un año preso, el rengo Cincotta murió a causa de un cáncer que lo devoró en pocos meses. En la pared, detrás de su escritorio supo exhibir una distinción que cuidaba celosamente: “Al reservista Eduardo Cincotta por sus servicios prestados en la lucha contra la subversión. Ejército Argentino”.

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