Aritmética en ojotas

Todos buscan hacer dinero en el verano. Desde el que vende el pirulín a cuatro pesos hasta el que factura millones por alquilar un lote de arena. Pero la diferencia se consigue cuando, en la fórmula, entra a jugar la particular relación que algunos empresarios logran con el Estado. Ahí comienza el verdadero negocio.  

 

Aritmética en ojotas

Fotos: Pablo González

Con el modelo de desarrollo económico que tiene la ciudad, si por alguna catástrofe natural en Mar del Plata comenzara a hacer frío durante los veranos, el derrumbe económico sería total y el llamado “sector privado” entraría en una depresión profunda. El mal clima es el cuco. ¡Bu!

Pero existe una variable del negocio que sí es manejable, la determinada por el vínculo entre lo privado y lo público, el empresariado y la política, el negocio particular y el Estado. Y en este punto sólo una cosa puede medir la relación de manera profunda e incontrastable: la matemática.

Seré millones

Saquen una calculadora.

Decíamos en un informe anterior de Revista Ajo que Mar del Plata es la única ciudad que tiene parte del litoral marítimo en manos privadas. Las playas del Sur pertenecen a la familia Peralta Ramos, que administra sus seis mil metros de frente costero a través de la firma Playas del Faro SAI. En ese territorio, ubicado a ambos lados del Faro, se construyeron casi 30 balnearios, por los que la empresa cobra un alquiler a cada administración. A partir de una ecuación celosamente custodiada por la empresa (el temor es que la conozca el Estado), se establece el costo anual que paga cada “locatario”. El balneario que más abona, pagará este año a los Peralta Ramos un monto cercano a $1.200.000 en concepto de alquiler. Si se suman todos, Playas del Faro SAI estará cobrando por sus terrenos en la playa cerca de $20.000.000, solo en este año. Lo que se dice una buena renta.

Apenas unos miles

El contraste es grande si se compara con lo que cobra el Estado en concepto de canon (como se denomina al alquiler en la esfera pública) a quienes concesionan playas de dominio público, las llamadas Unidades Turísticas Fiscales (UTF).

De Norte a Sur, a excepción de las que administra la Provincia  (Complejo Punta Mogotes), la Nación (Complejo Chapadmalal), el Consorcio Portuario (balneario Arenas Blancas) y Playas del Faro SAI (los 30 balnearios del Sur ya mencionados), la Municipalidad de General Pueyrredon tiene la administración de 36 Unidades Turísticas Fiscales.

Por cada UTF la Comuna cobra un canon a la empresa que explota esas playas. Usemos la calculadora para notar la diferencia entre sector público y sector privado:

Según los registros de ARBA (a quien deben abonar el sellado de cada contrato de alquiler), Playas del Faro SAI facturó en 2014 en concepto de alquiler por sus 30 playas una cifra cercana a los $20.000.000. Por su parte, la Municipalidad tuvo en el mismo año una recaudación de tan solo $7.892.000 por las 36 UTF que administra.

La explicación es sencilla: mientras Playas del Faro cobra a sus locatarios montos cercanos al millón de pesos, el Estado cobra a los suyos cifras que en ningún caso superan los $550.000 por el mismo período de tiempo. La aritmética privada parece tener reglas diferentes a la pública.

Un ejemplo: Horizonte del Sol vs Las Toscas/Hermitage

Horizonte del Sol (la primera playa al Sur del Faro) tiene 250 carpas, pileta, un restaurant y estacionamiento descubierto. Alquiler a abonar a los Peralta Ramos por el período 2015: $ 1.000.000 aproximados.

Playa las Toscas/Paseo Hermitage tiene 1500 carpas, un anfiteatro, locales comerciales y gastronómicos, estacionamiento cubierto y un casino. Canon a abonar al Estado por el 2015: $110.000 (el canon original era de $150.000 por año reajustable, pero la Resolución 41 del Ente Municipal de Turismo de 2013 lo fijó en 110 mil).

Aritmética en ojotas

Además de matemática, hay actores diferentes. El locatario de Horizonte del Sol es La Restinga SA. El concesionario de Las Toscas/Paseo Hermitage es Hermitage SA, que pertenece al empresario hotelero y mediático Florencio Aldrey Iglesias, director de multimedios La Capital. Si con la calculadora dividimos su canon anual por doce, obtenemos el costo mensual que paga por la explotación de todo este espacio hiperrentable. La cuenta da $9.166, lo que sale alquilar un sólo local comercial en el centro de la ciudad.

La calculadora no miente: o los administradores de Playas del Faro son unos negociadores extraordinarios o el Estado está entregando los recursos naturales de dominio público a precios módicos.

Ordenanzas a medida

Casualidad 1. El 23 de noviembre de 2002, durante la intendencia de Daniel Katz, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon aprobó la ordenanza 14.520, presentada por el concejal radical Mauricio Irigoin, que establecía un “régimen para la mejora de la competitividad y la generación de empleo en el sector turístico”. Se trataba de un beneficio para empresas vinculadas al “turismo receptivo”, a quienes se otorgaba reducciones en el pago de impuestos municipales. Cumplidas determinadas condiciones, la rebaja llegaba al 100%. En un sentido similar, en 2003 se sancionó la ordenanza 15.386 que beneficiaba a empresas  que realizaran inversiones en el frente costero. Justo Hermitage SA planeaba obras en el sector. Aldrey Iglesias fue uno de los pocos beneficiarios de las ordenanzas.

Casualidad 2. En 2014, bajo la intendencia de Gustavo Pulti, la concejal radical Cristina Coria presentó un proyecto de Ordenanza en donde también propuso beneficios fiscales para el sector privado. Era un calco de la anterior, pero reorientada esta vez a beneficiar a emprendimientos que involucren “proyectos  de  inversión  y reinversión  por  mejoras  y  renovación  de  activos en actividades vinculadas en forma directa con el turismo receptivo (…) o de puesta en valor o refuncionalización de inmuebles declarados de interés patrimonial”. Para ellos el beneficio sería una “desgravación  de  hasta  un  cien  por  ciento  (100%)  del  monto  de las inversiones en construcciones e instalaciones nuevas en  la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Servicios Urbanos y Derechos por Publicidad y Propaganda que se devenguen hasta en los diez (10) años posteriores a la fecha en la que se realizó la inversión”. Justo ese año, la empresa Emprendimientos Terminal SA (ETSA), también de Florencio Aldrey Iglesias, acababa de ganar la licitación para construir un “Paseo cultural y comercial” en las dos manzanas que ocupaba la Vieja Terminal de Omnibus, un edificio declarado, precisamente, de “interés patrimonial”. Gracias a la ordenanza, el 100% de lo que invirtió, se lo devolverá el Estado.

El bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó en abril de 2013 un pedido de informe para saber qué empresas se beneficiaron con estas ordenanzas. También para saber si Hermitage SA había recibido una actualización del canon luego de la instalación del Casino del Mar, un negocio que no estaba en la licitación original ni del Hotel Provincial (otro espacio del Estado concesionado por Iglesias) ni de la UTF del Paseo Hermitage, por lo que su incorporación demandaba una actualización. Según el concejal Pablo Retamoza, las solicitudes no recibieron respuesta: “La mayoría de los pedidos de informe que involucran a Aldrey Iglesias son archivados”.

Los políticos cambian, las ordenanzas cambian, las obras cambian. Un actor se repite siempre.

Punta Mogotes

No guardemos la calculadora, todavía falta.

Pero antes de seguir con las cuentas, vamos a mirar hacia atrás un segundo: el complejo Punta Mogotes se construyó en plena dictadura militar. Antes de convertirse en el monstruo de cemento que hoy vemos, eran unas playas en un marco natural de médanos, lagunas con bañados y pastizales naturales. En 1979, bajo la gestión del comisionado Mario Russak (impuesto en la intendencia por el general Ibérico Manuel Saint Jean, gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires) comenzó la construcción de un complejo que incluiría 24 balnearios, y que se realizarían con fondos aportados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro). Se inauguró en enero de 1981, con la presencia del entonces presidente de la Nación, el genocida Jorge Rafael Videla.

Con el retorno de la democracia, el 31 de agosto de 1984 se formalizó un convenio, aprobado por la ley 10.233 y la ordenanza municipal 6.031, entre la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de General Pueyrredon, por el cual se creó la “Administración Punta Mogotes”, una entidad pública interjurisdiccional que integra patrimonialmente en un 70% la Provincia y en un 30% el Municipio. A su cargo tiene la gestión, “conservación y explotación, por sí o a través de concesionarios, del Complejo Balneario de Punta Mogotes, el que se compone de veinticuatro balnearios, una laguna, seis restaurante y diez quioscos”.

La participación de la Provincia en el convenio tenía como finalidad recuperar la inversión que realizó a través del Bapro en su construcción. En el punto 5 de su artículo 17 así lo expresa: “las partes se obligan a denunciar el presente convenio una vez extinguidas las deudas”.

Con el paso del tiempo, el Concejo Deliberante votó, en reiteradas oportunidades, comunicaciones y ordenanzas para lograr la “municipalización” de este complejo, entendiendo que la deuda -en los más de 30 años transcurridos- ya fue pagada. El último proyecto fue presentado en 2012 por el concejal de la Agrupación Atlántica, Hernán Alcolea. La ordenanza solicitaba al Departamento Ejecutivo local que “disponga de todas las medidas necesarias conducentes a la restitución y reintegro a la Municipalidad de General Pueyrredon del pleno y total ejercicio de sus derechos de dominio, administración, conservación, explotación y disposición del Complejo Punta Mogotes”. Todos los bloques apoyaron el proyecto y la Ordenanza fue aprobada por unanimidad. En 2011, el concejal Diego Garciarena había presentado una propuesta similar, oportunidad en la que la UCR y los concejales de Acción Marplatense, Diego Monti y Leandro Laserna, dieron su apoyo público a la propuesta. Ese mismo año, el diputado del Partido Socialista Carlos Nivio presentó un proyecto de ley en idéntico sentido. Todos los partidos políticos de la ciudad consideran la recuperación de Punta Mogotes un “tema de Estado”, por lo que el consenso siempre ha sido unánime. Una sola razón explica por qué aún no se logró la ansiada “municipalización”: la falta de decisión del intendente Gustavo Pulti y la negativa del gobernador Daniel Scioli.

El diputado provincial Rodolfo Manino Iriart dejó clara la posición del sciolismo al manifestar un rechazo “categórico” hacia la propuesta: “la postura de Provincia es que se continúe como hasta ahora”, explicó.

Fin de la historia, volvamos a la calculadora.

Yo recaudo, vos pagá

Está claro que lo que se discute son números. La lógica matemática de la postura del gobierno provincial es implacable: si todo sigue “como hasta ahora”, la gobernación seguirá recaudando el canon que abonan los veinticuatro balnearios, los seis restaurantes y los diez quioscos.

La municipalidad, por su parte, no sólo no cobra ni un peso de esos cánones, sino que tampoco lo hace por Tasas municipales. No obstante, la comuna sí tiene su participación, sólo que es desventajosa: paga el salario de los 14 guardavidas que debe garantizar el Estado en los pasos públicos de Punta Mogotes.

Aritmética en ojotas

Como baywach, pero no

Hagamos unos cálculos más. Según los enormes carteles naranjas que desplegó el gobernador Scioli en Mar del Plata, la Provincia tienen “2.350 guardavidas”. De ese número, casi 700 trabajan en nuestra ciudad y ninguno de ellos es pagado por la gobernación.

Del total, 396 trabajan bajo relación de dependencia con el municipio, 70 son tercerizados a través de la Asociacion Mutual de Guardavidas y Afines -Amga- (el costo también lo absorbe la comuna) y los restantes 230 son empleados directamente por las administraciones de los balnearios de forma privada.

Los guardavidas de las playas marplatenses padecieron el proceso privatizador de los 90. Al comenzar la década, el Municipio se desprendió de ellos, que pasaron a depender de las administraciones privadas de los balnearios o de tercerizaciones, como la realizada a través de Amga. Luego de un reclamo histórico, las organizaciones sindicales que los agrupan lograron que cerca del 65% de los trabajadores retorne a la esfera estatal. Actualmente, siguen reclamando la total municipalización del servicio.

El reclamo de los trabajadores es justo, pero si no se revierte la lógica del vínculo del Municipio con los concesionarios, los únicos beneficiados con la municipalización de los guardavidas serán los empresarios, que se ahorrarán esos sueldos.

¿Quién paga los rescates?

Retomemos la calculadora y veamos esta cuenta:

La municipalidad invirtió en el servicio de seguridad en las playas cerca de $80.000.000, sólo en 2014. Sin embargo, recaudó en concepto de canon por concesiones de las UTF sólo $7.892.000. Es decir que el canon que está cobrando por todas sus UTF no le alcanza ni para pagar el 10% de los sueldos de los guardavidas de esas playas.

Teniendo en cuenta que el verdadero negocio lo hace el sector privado, la pregunta que surge es si lo que pagan de canon no debería al menos alcanzarle al Estado municipal para pagar los gastos que requiere la actividad.

Una mirada neoliberal diría que la solución es que ese servicio pase a la esfera privada, tal como se hizo en los 90. Un enfoque contrario consideraría que son los que obtienen altas rentabilidades en las playas quienes -con sus cánones e impuestos- deben aportar los recursos para que el Estado garantice un servicio de seguridad público, como lo es el cuidado de la gente cuando está en el mar.

Último caso: La Perla

Además de las empresas de Aldrey Iglesias, hay otras que también pisan muy fuerte en el negocio turístico. Una de las más importantes es Salimar SA, un consorcio de empresarios formado por Esteban Ramos, Juan Salvi y Carlos Philafsidis. Los “salimareños” concesionan UTF en La Perla, Varese, Cabo Corrientes, Playa Grande y Punta Mogotes, entre otras.

En 2013 presentaron un proyecto de uso y explotación del conjunto arquitectónico del sector La Perla, específicamente de las UTF 1, 2, 3 y 4. La propuesta se basa en la modificación del complejo construido en la década del 80 por el arquitecto fallecido Clorindo Testa. El proyecto de Salimar SA tuvo el apoyo de un profesional que participa como asociado: Jerónimo Mariani, el arquitecto de Florencio Aldrey Iglesias.

la perla

La propuesta efectuada bajo el régimen de Iniciativa Privada recibió críticas desde diversos sectores, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Mar del Plata. Uno de los puntos cuestionados es que la propuesta tiene proyección sobre la superficie y subsuelo de la plaza España, un espacio público, para construir 120 cocheras privadas, lo que le permitiría aumentar los valores de los servicios que brinda en sus balnearios. El plazo de ejecución de obra es de tres años, con un monto de inversión de $32.000.000 y un período de concesión de 30 años prorrogables.

El proyecto tiene características similares al que implementó en 1999 Florencio Aldrey Iglesias también con el estudio de arquitectura Mariani en el paseo Las Toscas/Hermitage.

Apropiación de lo público

El arquitecto y comunicador Eduardo Layus hace años analiza lo que denomina “formas desmaterializadas de apropiación del territorio”. Afirma que el Estado legitima una “irregularidad legalizada” cuando cede espacios públicos al sector privado. Según Layus “aprovechan los mecanismos jurídicos (Concesiones e Iniciativas Privadas) queconsolidan sectores de privilegio de la sociedad, recibiendo derechos posesorios, de uso y explotación del suelo urbano altamente calificado durante plazos que superan una generación (30 años, prorrogables a 10 más)”. Agrega que esto lo hacen “sin necesidad de adquirir el dominio sobre la tierra y a cambio de cánones de explotación irrisorios y que terminan siendo licuados por los vaivenes de la economía política”.

El planteo de Layus es tajante: “El gobierno municipal y algunos partidos de la oposición lotean la arena, lotean plazas, lotean los espacios públicos. ¿A cambio de qué? De cánones miserables. ¿Estos empresarios -y el resto de los que se han ido apropiando gradualmente del suelo y la arena que más renta genera- pagarían el precio inmobiliario de estos lugares? No, seguro que no. Porque para ellos no sería negocio. El negocio está en apropiarse ‘legalmente’ de estas tierras y arenas”.

Layus concluye con una comparación histórica: “En el siglo XIX, a sable y fusil, se realizó la Masacre del Desierto para apropiarse de las tierras de los pueblos originarios y repartirlas entre las familias patricias. Hoy se hace lo mismo, solamente que los sables y fusiles han sido reemplazados por la ley, el lobby empresarial y la complicidad de los gobernantes”.

La administración municipal

Mónica Rábano, la directora de Recursos Turísticos del Ente Municipal de Turismo, no vacila ante la pregunta de si no considera muy bajos los cánones que pagan los empresarios por la explotación de las UTF de administración municipal: “El canon no tiene un fin recaudatorio, sino de generar un servicio a la comunidad y el desarrollo de los balnearios”.

-¿Cómo se determina el canon que pagan las empresas?

– Es una ecuación económico financiera muy compleja. Se contempla las inversiones que van a hacer, las actividades y rubros que pueden explotar en esa UTF y el plazo que tiene la concesión. De esa ecuación surge el monto.

-¿Por qué Hermitage SA paga $110.000 por todo el espacio que explota en el Paseo Las Toscas/Hermitage?

– Deduzco que se fijó de acuerdo a la ecuación económico financiera.

-Sin embargo, ha habido cuestionamientos a una resolución del Emtur del 2013, que fue la que fijó ese monto.

– Esas cosas no las resuelve el Emtur. Se elevan al Concejo Deliberante y ahí se aceptó.

-Teniendo en cuenta el contexto económico, ¿no debería haberse actualizado ese canon?

– Es el contrato de concesión el que determina el monto. Como cuando se paga un alquiler: si pusiste un número en el contrato en su momento, después no se puede modificar hasta que venza.

– Algunos balnearios de la zona que administra Playas del Faro SAI pagan cifras superiores al millón de pesos. ¿No indica eso que el Estado se está perdiendo la posibilidad de cobrar cánones más elevados y aprovechar esos ingresos para mejorar la balanza fiscal o invertir ese dinero en obras o políticas públicas?

– Desconozco las tratativas entre privados.

-¿Pero no cree que se podrían actualizar los montos de algunas UTF?

– Nosotros recién pudimos empezar a actualizarlos en el año 2007, cuando empezaron a vencerse contratos realizados por gobiernos anteriores. Con los nuevos contratos que realizamos en 2008 y 2010 pudimos empezar a establecer condiciones más parecidas a las del mercado.

-¿Para usted Aldrey Iglesias está pagando un monto justo por la explotación del Paseo Las Toscas/Hermitage?

– No importa lo que yo opine, yo tengo que aplicar la ley; y el contrato y las leyes se están cumpliendo.

Más allá de los números

Cuando el intendente alaba a las empresas que invierten, su discurso suena desarrollista. “La inversión da trabajo a los marplatenses, nos deja obras y hace crecer la ciudad”. Lo que no parece desarrollista es que a cambio de la inversión privada se elija desfinanciar al Municipio. Los que más tienen son los que más pueden aportar para que un Estado pueda invertir en políticas públicas. Traducido: con el dinero de los cánones que no se cobran o se cobran en montos muy por debajo de los del mercado, el Municipio podría haber urbanizado villas, mejorado la situación de las salitas o evitado suba de Tasas que pagan todos los vecinos de la ciudad.

Layus considera que el problema de fondo no es económico, sino subjetivo: “Lo explica una hegemonía cultural. Hay que cambiar todo un paradigma. El paradigma que dice que si no viene el sector privado no se puede hacer nada. Y que, si viene, hay que ponerle alfombra roja porque es el único que nos puede salvar. Es una concepción neoliberal que sigue vigente”.

Al final, el problema de fondo parece ser político y cultural. Y no hay calculadora que ayude con eso.

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