Esos venenos que llaman remedios

El periodista Javier Andrada sigue desnudando las consecuencias del agronegocio en Mar del Plata. La utilización de agrotóxicos de forma ilegal en zonas prohibidas se ve favorecida por la desidia de los organismos municipales y provinciales. ¿Quiénes se enriquecen, quiénes miran para otro lado y quiénes se enferman con el actual modelo agroindustrial?

Fotos: Pablo González

Los tres muchachos se apuran al ver al mosquito. Como en una escena de La Guerra de los Mundos, la máquina despliega sus alas de hierro en el campo que está frente a las últimas casas del barrio. Nacho putea, el olor del agrotóxico ya está en el aire; se tapa la nariz con el cuello del suéter y empieza a grabar mientras corre.

Lo que sigue, es repetido: los sinuosos caminos de la burocracia, con su capacidad de transformar una simple denuncia en un tormento.

Llaman a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, un organismo que depende de la Policía Bonaerense y tiene su oficina en un subsuelo del Cuartel de Bomberos. Los funcionarios llegan y se disponen a hacer su rutina inconducente. Bajan de la camioneta, pero en lugar de buscar a los productores agropecuarios que están violando la ley, preguntan quién hizo la denuncia. Esa dilación, rayana con la complicidad, permite que los fumigadores y sus máquinas se pierdan entre la niebla.

Para los vecinos, la odisea está lejos de terminar: ahora les queda asentar la denuncia en la oficina del subsuelo (Salta casi Brown, a 10 kilómetros del barrio).

En las fauces burocráticas, la espera se hace larguísima. Varios se cansan y se retiran. Quedan sólo cuatro: Mónica, Esther, F. y Bruno. Al final, los funcionarios los atienden. Después de seis horas.

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El estanciero francés Jean Pierre Camet se instaló en el Puerto de Laguna de los Padres (lo que hoy conocemos como Mar del Plata) en 1863. Un día cualquiera, después de una larga faena, se internó en el mar para refrescar a sus caballos, pero la corriente lo arrastró y estuvo a punto de ahogarse. Lo rescataron sus peones, de los que ya ni los nombres se recuerda. Porque la historia —siempre escrita por los Señores— no guarda lugar a los plebeyos. Y ésta no iba a ser la excepción. Era 27 de mayo, día de la Santísima Trinidad, por lo que Monsieur Camet decidió bautizar a su estancia con ese nombre, al adjudicarle su salvataje a la deidad tripartita en vez de a trabajadores de carne y hueso.

El empresario contaba con 90 carretas para transportar sus mercancías; sin embargo, todavía faltaba la llegada del tren para mejorar su logística. La Trinidad tenía una extensión de 15 mil hectáreas; lindaba al norte con los campos de Cobo, al sur incluía las tierras del actual Parque Camet, y al este terminaba en el mar.

Finalmente, los aceitados vínculos con el poder dieron resultados: el 26 de septiembre de 1886 el ferrocarril atravesó La Trinidad, paso previo a Mar del Plata. Del acto tomaron parte el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca —ideólogo del genocidio de los Pueblos Originarios, hecho clave para la apropiación de tierras— Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires y Jean Pierre Camet.

A la actual dueña, Inés Maguire de Bengolea, expresidenta de la Sociedad Rural de Mar del Plata, le gusta contar que Rocha comió en la sala donde ella hoy tiene su escritorio. Lamenta que los descendientes de Jean Pierre Camet (su familia política) se hayan desprendido de la mayor parte de las tierras: “Los Camet vendieron todo”, dice. Ahora, en lo que fuera aquel latifundio se levantan los barrios Las Dalias, El Sosiego, Las Margaritas y 2 de abril, entre otros.

Hoy “sólo” le quedan mil hectáreas en las que producen soja y maíz. Arrienda una parte, y la otra la trabaja en sociedad. “Félix Ubaldo Camet fue intendente, el padre de mi suegra. Cuando ella murió, mi marido heredó las tierras. Y cuando el murió, heredé yo. Mis nietos son las sexta generación nacida acá”, cuenta la ruralista.

La compañía arrendataria —La Unión del Sur, con sede en la avenida Colón 6302— también fue denunciada por las fumigaciones. Según la red de empresas e informes comerciales Trade Nosis, se dedica a la caza, silvicultura, y pesca. A la AFIP declaró que su actividad principal es el cultivo de trigo y la secundaria el cultivo de maíz y de “hortalizas frescas”. Su facturación estimada es de 5 a 20 millones de pesos y cuenta con 50 empleados.

En julio de 2015, Bengolea se quejaba del gobierno por las retenciones a los granos y el dólar bajo. “No se puede Intervenir, al campo hay que dejarlo tranquilo, sólo”, advertía. Cuando alguien le menciona la palabra agroquímicos, los compara con medicamentos y dispara un par de frases inconexas y perturbadoras: “De eso se ocupan los ingenieros agrónomos, se hacen recetas: si no, es como darle un remedio mal a un chico, usted lo mata”.

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El barrio Félix U. Camet está acorralado. Al sur por la planta de efluentes cloacales, al norte por la Guarnición Antiaérea 601, y al oeste por la estancia La Trinidad. En la garita de colectivos que está frente a la costa, en el acceso principal, un grafiti advierte que hay algo peor que las marchas militares que toca la banda del Ejército cada mañana:

“Peligro, barrio fumigado”

La única calle asfaltada tiene una decena de cuadras. Después, caminos engranzados al principio y apenas una huella y charcos llenos de moscas hacia el final, donde los álamos silvestres son una plaga que lo invade todo. Una laguna en medio del camino es custodiada por dos garzas.

En Camet, nada se consigue sin lucha. Para que el Estado Municipal construyera la sala de salud, los médicos, enfermeros y pacientes tuvieron que cortar la ruta en varias oportunidades. Otras veces, atendieron en la plaza.

—En esa época, atendíamos en una posta sanitaria sin pisos, baños ni calefacción —dice la médica generalista Laura Domínguez—, íbamos a buscar insumos y medicamentos en auto y hasta en colectivo.

Sentada a su lado, la enfermera Micaela D´ambra asiente y acota que en 2008 hicieron el primer corte sobre la ruta 11. Ambas acompañaron a la comunidad en numerosos reclamos.

Al fin, en septiembre de 2015 se inauguró la sala sanitaria. Allí, se reúnen todos los jueves con los vecinos para analizar el problema de las fumigaciones y el desarrollo de las enfermedades que ocasionan.

Domínguez, que antes de llegar a Camet trabajó en la sala rural La Peregrina, destaca el compromiso de los profesionales del centro sanitario.

—Nos alertamos, empezamos a abrir los ojos, tenemos muchos pacientes con forúnculos, familias completas; todas las semanas tenemos casos, fue así que hicimos una reunión con los vecinos para ver si a otros les estaba pasando lo mismo.

El hipotiroidismo, las enfermedades respiratorias, el asma crónico, el cáncer, la dermatitis y otras afecciones en la piel, se volvieron moneda corriente. Por eso, en junio de 2017 comenzaron a hacer estadísticas. En el barrio, mucha gente tiene naturalizadas las fumigaciones. Son parte del paisaje. No alcanzan a ver las consecuencias sobre su propia salud.

—Es altísima la frecuencia de abortos espontáneos para una población tan chica. Está estudiado y comprobado que los agrotóxicos los provocan, lo mismo que a las malformaciones congénitas —asegura Laura.

Angel Speranza, tiene a su hijo adolescente con problemas renales. Nefritis se llama la enfermedad. Es uno de los casos más delicados del barrio. Viven a 700 metros de la estancia La Trinidad.

El joven se descompensó en abril y estuvo internado tres días en terapia intensiva.

—Lo de mi hijo fue repentino; él estaba bien, es deportista, le hicieron una biopsia de riñón que se mandó a analizar y aparentemente es por los agroquímicos. Hay otros estudios que se están realizando y van a permitir saber de qué tipo de producto se trata.

Ángel cuenta que empezó con dolores un miércoles y el viernes tuvieron que internarlo.

—Un riñón no le funcionaba, y el otro a medias. Ahora está tratándose con corticoides. Todos los años hay que hacerle estudios cada dos meses.

Ángel también dice que le pidieron a la gente del campo que dejen de fumigar. Por supuesto, no los escucharon.

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“Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos; dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo. (…) El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por las corporaciones. (…) Habría que preguntarse ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y para perforar la cordillera? ¿Ciencia para el fracking y Chevron?”

Dr Andrés Carrasco

Hasta octubre de 2015, las investigaciones sobre el daño que producen los agrotóxicos estaban guardadas bajo siete llaves por el Ministerio de Salud de la Nación. Un recurso de hábeas data presentado un mes antes por la Cooperativa de Comunicación La Vaca, obligó a la cartera sanitaria —que por entonces conducía Daniel Gollan— a entregar nueve informes que prueban el riesgo que el actual sistema productivo, basado en pesticidas y semillas transgénicas, entraña para la población.

Uno de los trabajos científicos, realizado sobre 2500 personas por la Universidad Nacional de Córdoba y coordinado por la investigadora María del Pilar Díaz, halló que “Altos índices de IIAT (Índice de Impacto Ambiental) de Cipermetrina y Clorpirifos se asocian con más mortalidad de cáncer de mama y los de Glifosato y Clorimuron con la de cáncer total en varones”.

Damián Verzeñassi, médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) asegura que a partir de esa investigación “ya no debe pedirse el principio precautorio, porque no estamos hablando de precaución. Aquí hay demostración”.

A fines de 2016, fue testigo en el Tribunal Internacional contra Monsanto, en La Haya, Holanda. Cinco jueces concluyeron que “las actividades de la compañía impactan en forma negativa sobre los derechos humanos básicos. Se requiere una mejor regulación para proteger a las víctimas de las corporaciones multinacionales. El derecho internacional debe ser mejorado para una protección más eficiente del medio ambiente, y además incluir el crimen de ecocidio”.

Desde 2010, Verzeñassi lidera los campamentos sanitarios de la facultad de medicina de la UNR. Los estudiantes se instalan durante una semana en pueblos y ciudades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires para hacer relevamientos socioambientales (hasta el momento realizaron 36 campamentos y relevaron a 115 mil personas). Esos datos, que forman parte de la práctica final de la carrera, desnudan la catástrofe ocasionada por el modelo agropecuario. Siempre.

El médico sostiene que todo lo recolectado en los campamentos evidencia cambios en los perfiles de morbimortalidad en la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de organismos genéticamente modificados.

En Alcorta, provincia de Santa Fe, en el período 2010-2014 se perdieron 22 de cada 100 embarazos por malformaciones congénitas. Por regla general, en las poblaciones fumigadas se registran cifras de abortos espontáneos superiores a las de otras zonas del país y los casos de cáncer duplican al promedio nacional. Según las estadísticas del gobierno santafesino, los tumores son la segunda causa de muerte en la provincia. Los departamentos que registran la mayor cantidad de casos coinciden con una fuerte actividad agroindustrial.

En el trigésimo campamento sanitario —tuvo lugar en San Antonio de Areco, y fue uno de los más importantes por tratarse de una ciudad de 26 mil habitantes— participaron 211 estudiantes graduados; visitaron 1500 viviendas y encuestaron a 4 mil personas. Verzeñassi manifestó que “los resultados confirman un perfil epidemiológico” con una tasa de cáncer superior a la media nacional. La hipertensión arterial es la primera enfermedad en Areco, el hipotiroidismo, la segunda y la diabetes, la tercera. Las tres están vinculadas al uso de pesticidas.

El investigador no tiene dudas, no se trata del impacto de un solo tóxico sino de un cóctel que opera al mismo tiempo y en el mismo territorio. Tampoco le tiembla el pulso para apuntar a los responsables: “Desde hace dos décadas, autoridades cómplices permiten que se envenene a la población en forma ininterrumpida. Se trata de un ecocidio”, dice.

—Remedios, matayuyos, son representaciones que el mismo Estado ayudó a construir a través de las buenas prácticas. Esa política ha permitido consolidar una falaz idea de inocuidad depositando la responsabilidad del daño que pueda generarse en el aplicador —concluye Verzeñassi.

En julio de 2009, el Conicet se apuró en presentar un informe basado en estudios financiados por Monsanto para deslegitimar el trabajo del doctor Andrés Carrasco, responsable del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. La investigación de Carrasco demostró que el Glifosato afectaba el desarrollo genético de los embriones anfibios con la posibilidad de generar células cancerosas. El exministro de Ciencia y Técnica Lino Barañao (ahora devenido en secretario por el tormento macrista) llegó a decir que “el glifosato era como agua con sal”.

—Barañao es un empleado de las multinacionales y de las corporaciones agrotecnológicas que no tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población sino hacer negocios —advierte Verzeñassi—. La prueba está en que ha sobrevivido a dos gobiernos supuestamente antagónicos. Cerró la grieta entre kirchnerismo y macrismo. Son las corporaciones las que le dan la línea política de fondo. Lino Barañao viene a confirmar que la Argentina es uno de los países que ha sido elegido como resumidero por el poder económico mundial.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al Glifosato como posiblemente cancerígeno en humanos. En 2018, Monsanto fue hallada culpable por haber mentido y ocultado información sobre la peligrosidad de sus productos (Round up) y por falsear informes científicos. Un tribunal de California condenó a la compañía, ahora adquirida por Bayer, a pagar casi 289 millones de dólares a un jardinero escolar que se enfermó de cáncer.

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El sol invernal inunda el salón del centro sanitario. Desparramados en el piso, un grupo de jóvenes pinta un lienzo para colgar en el frente del edificio. “Nuestra salud vale. Basta de fumigar”, se puede leer en el texto aún incompleto.

—La primera fumigación que registramos fue el 1 de junio de 2017, a cincuenta metros del núcleo poblacional y con los vientos soplando para el lado del barrio. Ése mismo día habíamos tenido una reunión con los médicos de la sala de salud por la aparición de muchos casos de forunculosis, asma y la pérdida de cinco embarazos en veinte días, cuenta F. A los 25 años, promueve la agroecología y una vida en contacto con la naturaleza: construyó su casa con materiales sustentables, y en el jardín tiene una pequeña huerta.

Cuando llamaron a Sustancias Peligrosas les dijeron que la aplicación era legal, que no era glifosato y que eran ellos los que estaban cometiendo un delito por ingresar al campo a grabar.

Eran herejes violando la sagrada propiedad privada.

—Vemos que hay muchas trabas burocráticas y políticas, cuesta para que nos tomen las denuncias. Estamos juntando firmas para presentar ante Gestión Ambiental, que es el organismo que debería controlar las aplicaciones, estar al tanto, pero no están participando como deberían.

El fondo de su casa lo usa para hacer biofertilizantes que vende a los productores agroecológicos, sobre todo bokashi que reparte hasta la zona de Chapadmalal.

Bokashi es un vocablo japonés que alude a la materia orgánica fermentada. Su proceso acelera la degradación de la materia orgánica animal y vegetal, y eleva la temperatura permitiendo la eliminación de patógenos. Es más acelerado que el compostaje, permite tener un abono natural en menos de 20 días.

Los saberes adquiridos por F. en los viajes a los encuentros de Pueblos Fumigados, en los talleres, y su afán de aprender en contacto permanente con otra forma de producir los alimentos lo ponen en guardia:

—Es una bomba de tiempo, los pesticidas están en el aire, en el agua, en las verduras y uno no quiere pensar mucho, pero somos conscientes de que hay enfermedades graves que ya no tienen vuelta atrás.

A los responsables del establecimiento La Trinidad les propusieron realizar una producción más amigable con el ambiente, sin embargo respondieron con escopetazos intimidatorios.

—Un día vimos el tractor y fuimos a avisarles a los vecinos; no frenábamos al mosquito, solo teníamos un celular para grabar. Cuando estábamos entre los árboles, fuera del campo, nos dispararon. No nos pegaron un tiro, pero fue una advertencia

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“Mucha gente se enferma y muere en nuestro país a causa de los agrotóxicos, ¿cuánto más vamos a esperar para despertar y actuar en consecuencia?”, interpela la nota presentada por los vecinos de Camet ante la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon. Las 240 firmas están acompañadas por las instituciones del barrio: el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Escuela Municipal número 17, la Secundaria 217 y la Sociedad de Fomento.

El texto recuerda que el 25 de septiembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó, en carácter de medida cautelar, “la suspensión de los artículos 19, 23, 27, 28 y 35 de la ordenanza 21.296/2013 del municipio de General Pueyrredon, que determinaban las distancias habilitadas para el uso de agroquímicos. Por lo tanto rigen los artículos de la ordenanza 18.740 que establece un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohíbe la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y fertilizantes”.

Los dueños y explotadores de los campos aledaños a Félix U. Camet, violan sistemáticamente esa normativa vigente. La utilización de venenos se ve favorecida por la desidia de los organismos municipales y provinciales, que solo fingen controlar, y sus funcionarios responsables. Unos juegan con la salud de la población mientras se enriquecen, otros conservan la comodidad de sus puestos, cobijados por el Estado.

Todos mantienen sus privilegios de clase al tiempo que aplastan las vidas de los pobladores de las barriadas periféricas y las de los consumidores de los alimentos producidos bajo este sistema. Una forma de cultivar moldeada por las corporaciones del negocio agroindustrial en connivencia con el Estado, que únicamente ve los beneficios económicos y nunca la catástrofe sanitaria.

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